Luego de que la cooperativa láctea SanCor informara que evalúa cerrar de forma definitiva la planta San Guillermo, en Santa Fe, por el conflicto con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), en un comunicado, el sindicato lácteo informó que acudirá a la Justicia para denunciar penalmente a la firma. La acusación, adelantaron en el gremio, incluirá cargos por “evasión fiscal” y por las supuestas deudas laborales pendientes que el empleador tendría con los trabajadores. Además, responsabilizaron a los directivos de SanCor de estar preparando “su retirada”. Sin embargo, eso fue desmentido por fuentes cercanas a la firma láctea.

“Los trabajadores avanzan con el armado de las denuncias penales por evasión fiscal y las demandas laborales por deudas reconocidas por las propias autoridades de SanCor ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, tanto a la Mutual de los trabajadores, así como la obra social que les brinda cobertura de salud y la entidad sindical que los agrupa; también decidieron acudir a la Justicia en procura de la percepción de sus respectivos créditos”, expresó Atilra en un comunicado.

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Desde el 14 de octubre pasado, los trabajadores de SanCor realizan asambleas de seis horas en diversas dependencias de la cooperativa y suspenden la jornada laboral para analizar la situación que atraviesa la empresa. Inicialmente, esta acción surgió como una protesta ante la demora en la creación de un fideicomiso de salvataje, pero luego se extendió para incluir demandas relacionadas con salarios. Pese a que se realizaron tres reuniones en el Ministerio de Trabajo entre SanCor y Atilra con el objetivo de resolver el conflicto, hasta el momento no se alcanzó ningún acuerdo.

En este contexto, ayer la firma informó que evalúa cerrar de forma definitiva la planta de San Guillermo que, después de que estuviera cerrada tres años, la reabrieron en a mitad de año. Al respecto, alegaron que “es tan significativo el deterioro económico que estos paros generan para esa sociedad específica que ya no se puede sostener más”.

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Sin embargo, los trabajadores salieron responderle a la cooperativa. Manifestaron que la responsabilidad de llevar a la empresa a la situación en la que está “ha sido de la administración, no de los trabajadores como quieren hacer creer”. Por otro lado, acusaron a los directivos de estar preparando su salida. “Sin respuesta para dar a sus acreedores, y el Consejo de Administración fracturado, los directivos de SanCor preparan su retirada con variado fuego cruzado entre sus integrantes, donde se achacan errores de conducción y responsabilidades no asumidas”, expresaron.

No obstante, fuentes cercanas a la cooperativa dijeron a LA NACION que “hay cohesión interna plena y con objetivos claros de seguir adelante con la reestructuración empresarial y la búsqueda de alternativas de futuro”. Vale recordar que la semana pasada venció el plazo para la constitución del fideicomiso que aportaría US$60 millones para un “salvataje” de la firma y no hubo oferentes. Ese fideicomiso era impulsado por un grupo de empresarios de diversos rubros, pero su plazo venció luego de dos años sin mayores avances.

Por otro lado, fuentes de la cooperativa se refirieron a los datos presentados por el sindicato en el comunicado, en el que Atilra asegura que la deuda de SanCor con sus acreedores llega a US$379,4 millones. En un desglose de esa cifras, el sindicato aduce que la cooperativa “enfrenta pasivos” por US$ 50,1 millones (laborales) US$139,1 millones (impositivos), US$21,5 millones (comerciales) y US$168,7 millones (financieros). A eso le agrega un monto “sujeto a investigación por evasión fiscal”, que no precisó.

Las cifras “carecen de validez, toda vez que más del 60% de las deudas de SanCor son en pesos y no en dólares”, expresaron en la cooperativa. Asimismo, agregaron que “el monto total de las deudas de SanCor es muy bajo comparado con los números que allí se exhiben y de ninguna manera puede orientar a la posibilidad de una quiebra empresaria”.

“Una empresa no quiebra por las deudas que tiene, siempre que tenga bienes para hacer frente a las deudas. Y el valor de esos activos es mucho más elevado de lo que se señala. Esta comunicación atribuida al sindicato muestra la connivencia que existe con el grupo empresarial interesado en entrar. Habría que ver cuál es el motivo por el cual el gremio insiste con esa vía”, concluyeron.