Las acciones violentas protagonizadas en las últimas horas en Jujuy por grupos de choque en rechazo a la reforma de la Constitución provincial no pueden ser desvinculadas de las irresponsables declaraciones de funcionarios y dirigentes del kirchnerismo, quienes vienen advirtiendo que un hipotético gobierno nacional de signo diferente al actual tendrá los días contados en el poder, en virtud de una suerte de golpismo anunciado.

El intento de incendio de la sede de la Legislatura jujeña, la destrucción de automóviles particulares y la lluvia de piedrazos provocados por activistas del kirchnerismo y de izquierda solo pueden entenderse como un ensayo destituyente de cara a una previsible derrota electoral del oficialismo en el orden nacional.

Indignan, en tal sentido, tanto la falta de condena por parte del presidente y la vicepresidenta de la Nación frente a este ataque a las instituciones, como los juicios del diputado kirchnerista Eduardo Valdés, quien sostuvo que “si la oposición toma el Gobierno, habrá convulsión social como actualmente existe en Jujuy”.

La protesta tuvo como pretexto la aprobación de una reforma constitucional que contó con un amplio consenso alcanzado entre la coalición que gobierna la provincia, liderada por el gobernador Gerardo Morales, y sectores del peronismo local.

Entre las modificaciones constitucionales que dijeron rechazar los activistas se encontraban el artículo 36, referido a la restitución de propiedades usurpadas a sus dueños; el 50, sobre derechos y garantías de las comunidades indígenas, según el cual “el Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, y el 67, por el cual se plantea la prohibición de cortes de calles y rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de los edificios públicos en la provincia. También se objetaba el artículo 74, que declara a la tierra como “un bien de trabajo y de producción”.

Si bien el gobernador Morales accedió a que fueran anulados los dos primeros artículos mencionados, en aras de tender un puente con los minoritarios sectores que se oponían a la reforma constitucional, las acciones de vandalismo se profundizaron y el nivel de violencia creció, con el aporte de activistas ligados a la agrupación Túpac Amaru, liderada por Milagro Sala, y de grupos izquierdistas y kirchneristas que, en algunos casos, llegaron en los últimos días desde la provincia de Buenos Aires.

Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía jujeña provocaron solo en la jornada de anteayer alrededor de 70 heridos –más de la mitad de ellos, efectivos policiales– y 58 detenidos, además de inmensos daños materiales que alcanzaron a oficinas de la Legislatura a las que llegaron las bombas incendiarias que arrojaron los activistas, poniendo en peligro la vida de empleados que se encontraban en esos lugares.

Desde Juntos por el Cambio se acusó a las autoridades nacionales de operar para sembrar el caos y la violencia en el territorio jujeño, con la intención de desviar la atención del escándalo derivado de la desaparición de la joven Cecilia Strzyzowski en Chaco, por la que están acusados dirigentes de una organización aliada al gobernador Jorge Capitanich.

Es llamativo, sin dudas, que ni el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidenta Cristina Kirchner hayan pronunciado una sola palabra de condena sobre este crimen político y que hayan salido rápidamente a atacar al gobierno de Jujuy por la represión policial sin cuestionar los graves hechos vandálicos que la provocaron. Como si el intento de incendiar una legislatura provincial fuera poca cosa.

Los recuerdos del pasado reciente en Jujuy nos conducen a un personaje violento y corrupto como Milagro Sala, quien construyó con la complicidad del gobierno de Cristina Kirchner un Estado paralelo para gerenciar la distribución de miles de planes sociales. Se intentaría ahora el regreso a ese pasado lamentable, con un renovado ataque a las instituciones de la democracia. No llama la atención cuando la jefa del kirchnerismo no oculta que considera caducas las instituciones republicanas y la división de poderes, montada en una concepción afín con la implantación de una autocracia semejante a la que impera en no pocas provincias gobernadas por caudillos autoritarios.

La reacción del gobierno nacional muestra una vez más el desdén por el Estado de Derecho de la corriente política gobernante. No es un hecho nuevo la indiferencia hacia los actos violentos practicados contra gobiernos que no le son afines, como el de Jujuy. Tal actitud se asocia con la idea de que solo el kirchnerismo encarna los valores de la Patria, ratificada con el reciente rebautismo de la coalición oficialista como Unión por la Patria y cada vez que se bastardea toda conmemoración histórica nacional con actos de carácter netamente proselitista.

Los hechos ocurridos en la celebración del aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano nos llevan a recordarlo con palabras suyas: “Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la Patria”. Una Patria que no tiene dueños porque, como escribiera Jorge Luis Borges, “Todos somos la Patria”.