La huella de carbono es un indicador ambiental que refleja la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI), expresada como dióxido de carbono equivalente, que es emitida directa o indirectamente como consecuencia de una actividad determinada, por ejemplo la producción de maíz. Es un indicador que valorizan cada vez más las sociedades avanzadas por su efecto directo sobre la calidad de vida y la salud.

De acuerdo a un estudio realizado por Leticia Tuninetti y Rodolfo Bongiovanni, técnicos del INTI y del INTA respectivamente, presentado en un panel en el reciente Congreso de Maizar, el cereal argentino genera 178 gramos de dióxido de carbono equivalente por kilo de maíz producido, lo que resulta 61% inferior al promedio mundial para el cultivo.

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Para llegar a ese resultado, desarrollaron un trabajo con datos de la campaña 2021/22 de la Bolsa de Cereales. El estudio tuvo en cuenta, por un lado, las emisiones que se realizan durante la fabricación de los insumos, el cultivo, la cosecha y el transporte del cereal al puerto, y por otro, las capturas, lo que permite calcular el balance de carbono. Es decir, se contabilizaron las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, en todo el país, con distintas fechas de siembra y niveles tecnológicos.

Los resultados del estudio indicaron que el cultivo de maíz argentino generó, en promedio, una huella de carbono de 1246 kilos dióxido de carbono equivalente por hectárea y de 178 gramos por kilo de maíz producido.

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Las mayores emisiones fueron por la producción y aplicación de fertilizantes nitrogenados, que sumaron más del 50% del total. También hubo emisiones por los combustibles, herbicidas, fungicidas, labores y residuos de cosecha.

“Las huellas de carbono más altas se verificaron en los lotes con rindes bajos, que recibieron una inversión importante de insumos que no se trasladó a los rendimientos. También hubo huellas altas en lotes con fuertes aplicación de nitrógeno por hectárea, lo que alerta sobre la necesidad de buscar el punto óptimo de la dosis por aplicar”, indicó Tuninetti.

Los técnicos llegaron a la siguiente comparación favorable para la Argentina: la huella de carbono del maíz en el mundo es de 451 gramos de dióxido de carbono equivalente por kilo producido. La del cereal argentino de la campaña 2021/22 fue de 178 gramos, es decir 61% menor. A su vez, es 52% inferior a la de China y Tailandia (los agricultores utilizan mucho nitrógeno); 66% inferior a la de España (queman los rastrojos); 27% inferior a la de Canadá y Estados Unidos (utilizan mayor cantidad de fertilizante nitrogenado).

“Tener una baja huella de carbono es una ventaja al comercializar el maíz y los productos derivados en el mundo. Por ejemplo, un alimento a base de maíz de carbono neutro -es decir producido con un balance cero entre emisiones y captura de carbono- de la firma Mondelez Internacional, se vende a 75US$/kg”, se entusiasmó Bongiovanni.

Una reciente encuesta del Business Value Institute indicó que el 54% de los consumidores está dispuesto a pagar más por estos productos. Además, en países de Europa hay campaña para que la industria de alimentos muestre la huella de carbono en cada envase y en la cartelería.

Se deduce, entonces, que para la Argentina es posible agregar valor ambiental a las producciones primarias y también a sus productos derivados, que se puede gestionar con las ecoetiquetas de los productos.

Es decir, “tener medida la huella de carbono de un producto - en este caso el maíz- tiene que ver con estrategias futuras para valorizar el grano en los mercados internacionales”, proyectó Fernando Vilella, presidente del Congreso de Maizar, que también participó del panel. “Contar con una marca país a partir de datos confiables es central; esa identidad permitiría facilitar el ingreso de nuestros productos a los mercados globales”, abundó.

“Cuando hay un producto elaborado con un maíz de baja huella de carbono, arrastra esa baja huella en la cadena, lo que es un incentivo para que mediciones de este tipo se transformen en políticas de Estado”, desafió.

En otro tramo del panel, Sebastián Galbusera, responsable del Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, describió el marco internacional que rige las mediciones de huella de carbono y los programas que desarrolla la Argentina.

“En 2023 estamos viviendo un proceso de cambio mundial en el que se está pasando de un esquema de responsabilidades diferenciadas por el que algunos países tenían compromisos de reducción de gases, a otra en la cual todos los países asumen compromisos en el marco del acuerdo de París”, explicó.

El acuerdo establece un mecanismo de monitoreo, reporte y verificación de emisiones que deben tener todos los países, con los cuales se evalúa su comportamiento. ¿Qué significa esto? Controles. “Hay presión en los mercados compradores para que los vendedores demuestren lo que hacen con los productos, y que están planificando para mejorar la huella de carbono”, alertó Galbusera.

“La Argentina está cumpliendo en ese sentido, porque tiene una larga historia de presentaciones en la Convención de París y además tiene una ley de Cambio Climático que crea un marco para dar sostenibilidad a los procesos, con la articulación de los sectores públicos y privados”, agregó.

A fines de 2022, la Argentina presentó su Plan Anual de mitigación del cambio climático con medidas que involucran, en muchos casos, al sector agropecuario. “Son pocos países en el mundo los que lo presentaron -solo cuatro en Latinoamérica- y es un esfuerzo para el país, que incluye el cálculo de las emisiones y de las capturas de GEI. Esa información que se presenta se somete a un proceso de revisión internacional que dura un año y medio”, se explayó el funcionario.

En el marco de la ley funciona el Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero que permite generar una base de conocimiento entre investigadores y distintos actores del sector público y privado. El inventario se calcula multiplicando los datos de cada actividad por un factor de emisión de gases, que tiene en cuenta una serie histórica. El resultado de esos cálculos determinó que el sector agropecuario se lleva 38% del total de emisiones de gases. En la ganadería predomina emisión de dióxido de carbono, y en la agricultura, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.