TOKIO.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aseguró este martes que el plan del gobierno japonés de verter en el océano más de un millón de toneladas métricas de agua radiactiva tratada de la accidentada central nuclear de Fukushima “cumple con las normas internacionales de seguridad” y tendrá un impacto “radiológico insignificante para las personas y el medio ambiente”, según el comunicado oficial del ente.

La evaluación, realizada en el marco del examen final del plan japonés por el OIEA, fue comunicada durante la visita a Tokio del jefe de la organización, el argentino Rafael Grossi, antes del comienzo de la descarga de agua prevista este verano.

“El OIEA ha concluido que el enfoque y las actividades de descarga del agua tratada (...) cumplen con las normas internacionales de seguridad pertinentes”, según el informe.

El organismo reconoció que la descarga “ha generado inquietudes sociales, políticas y ambientales asociadas con los aspectos radiológicos”.

No obstante, “los vertidos controlados y progresivos del agua tratada en el mar (...) tendrían un impacto radiológico insignificante sobre la población y el medio ambiente”, añade el texto.

El informe es el resultado de casi dos años de trabajo de un grupo de especialistas de alto nivel y reconocidos expertos en seguridad nuclear de once países.

El agua almacenada ha sido tratada mediante un Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS) para eliminar casi toda la radiactividad, mientras el tritio será reducido por debajo de los niveles reglamentarios a través de un proceso en el que Japón diluirá el agua.

“El OIEA seguirá ofreciendo transparencia a la comunidad internacional para que todas las partes interesadas puedan basarse en hechos verificados y en la ciencia para comprender este asunto a lo largo de todo el proceso”, declaró Grossi.

El triple terremoto seguido de un tsunami el 11 de marzo de 2011 provocó la fusión de tres reactores de la central nuclear de Fukushima, en el accidente nuclear más grave desde Chernobil. Alrededor de 19.000 personas murieron.

Se trató de un terremoto de magnitud 9, con epicentro a 130 kilómetros de la costa de la ciudad de Sendai, que sacudió la isla durante 3 minutos y desató un tsunami de 15 metros de altura, el cual embistió la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi.

El agua del mar inundó los generadores que mantenían la planta refrigerada y con ellos dejaron de funcionar. Esto causó que los reactores se sobrecalentaran y se produjeran tres fuertes explosiones.

La catástrofe provocó fugas radiactivas que obligaron a decenas de miles de habitantes de las zonas circundantes a evacuar sus hogares con urgencia. Los lugares que abandonaron se volvieron pueblos fantasmas.

Aunque se espera que la descontaminación y el desmantelamiento de la central duren varias décadas, Japón se enfrenta al problema inmediato de almacenar alrededor de 1,33 millones de toneladas de agua de lluvia, las aguas subterráneas y las inyecciones necesarias para enfriar los núcleos de los reactores nucleares en el emplazamiento de la central, que pronto se saturará.

El proyecto ya había sido aprobado por el OIEA, pero el gobierno japonés había declarado que el vertido del agua no comenzaría hasta después de la “revisión completa”.

Grupos surcoreanos, chinos y de algunos Estados isleños del Pacífico se oponen debido a inquietudes por la seguridad y por razones políticas. Las organizaciones pesqueras locales temen que esto afecte a su reputación aunque su producto no esté contaminado.

Según los críticos, el gobierno japonés y Tepco -la compañía eléctrica que operaba la planta y que ahora supervisa su desmantelamiento- no han sido lo suficientemente transparentes sobre el proceso de tratamiento o la liberación.

Wu Jianghao, embajador de China en Japón, dijo en una conferencia de prensa el martes que “Japón debería detener el plan para liberar el agua al mar, pero consultar seriamente con la comunidad internacional y considerar una respuesta científica, segura, transparente y convincente”. Agregó que Tokio había tomado su decisión sin “consultas suficientes”.

Algunos científicos sostienen que aún se desconoce el impacto que tendría la exposición a largo plazo a los nucleótidos. Otros dicen que el plan descarga es inocuo, pero exigen mayor transparencia en el muestreo y la supervisión.

Incluso dentro de Japón, la opinión está dividida. En una encuesta publicada el fin de semana por JNN, una cadena de televisión japonesa, el 45 por ciento de los encuestados apoyó el plan, mientras que el 40 por ciento dijo que estaba en contra.

Agencias AFP, AP y The New York Times