“El salario no es ganancia” es una frase que en los últimos tiempos venimos escuchando de gran parte del espectro gremial y también de algunos políticos y candidatos presidenciales devenidos en economistas, más vinculados a la actividad política que a su estricta especialidad.

Esta afirmación, referida a la disputa existente respecto de los niveles de lo que se denomina genéricamente “mínimo no Imponible” para la determinación del impuesto a las ganancias de personas humanas, tiende a crear un marco de confusión, que ha llevado recientemente incluso a propiciar la eliminación lisa y llana del impuesto para aquellas sujetos que desarrollan una actividad económica bajo la modalidad de relación de dependencia de un empleador, sin atender a la cuantía o las condiciones particulares de esa remuneración.

Que el salario sea o no ganancia, renta, beneficio o como quiera llamársele, no depende per se de su denominación, ni siquiera de que sea la contraprestación que se recibe por una actividad de tipo personal efectuada a favor de un tercero, sino que es la resultante de la combinación de una serie de elementos descriptos y establecidos en un cuerpo legal -bastante complejo para el ciudadano común- que regula el tributo, define a los sujetos del mismo y crea una obligación de darle al fisco una suma de dinero.

El impuesto a las ganancias que alcanza a las personas humanas vigente en la Argentina no difiere sustancialmente -en su estructura técnica- del que rige en las mayoría, por no decir la totalidad, de las naciones del planeta. Es un impuesto que grava un resultado neto, que surge de la diferencia entre los ingresos de un sujeto y los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar dichos ingresos.- No es por lo tanto un impuesto que grave ingresos, sino que grava resultados positivos. Es, por otra parte- en el caso de personas humanas- un impuesto personal.

Pero básicamente para ser sujeto pasivo de éste se debe obtener una ganancia que provenga de la acción del sujeto sobre una fuente generadora de la misma, que se repita periódicamente, y que no se agote con su obtención.

Para explicarlo como se lo grafica en la universidad: es como un árbol que da frutos de manera periódica. El árbol es la fuente, el fruto la ganancia, y el cuidado del árbol -hasta conseguir el fruto-, la acción del hombre sobre la fuente.

En nuestro caso, el puesto laboral es la fuente generadora, la remuneración o salario la ganancia y la acción de ir todos los días a trabajar la habilitación de la fuente o la acción del hombre sobre la fuente. Así de sencillo.

Lo que si es válido en esta discusión, es que se plantee a partir de qué nivel de renta neta deben quedar sujeto a tributación los salarios. Esa es la base del debate real y constructivo, ya que en este contexto que describimos, recibe un salario un obrero de la construcción y el gerente general de una empresa multinacional. Ambas remuneraciones son conceptual, técnica y jurídicamente iguales, aunque el monto de una y de otra sean tremendamente disimiles. Y desde luego deben recibir un trato tributario diferente ya que exteriorizan una capacidad contributiva diferente.

Pero si establecemos lisa y llanamente que el salario no es ganancia, no tributarán ninguno de los dos. Uno probablemente con toda justicia y el otro, sin dudas, en el marco de una flagrante injusticia.

Establecer el nivel óptimo a partir del cual los salarios deben quedar sujetos al impuesto a las ganancias es el gran desafío del Gobierno. Y digo del Gobierno porque no solo es responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino también -y fundamentalmente- del Legislativo, que es el poder por excelencia a quien le toca constitucionalmente establecer, en el marco de una decisión política, tanto la vigencia y cuantía de los tributos como de quien los debe pagar.

La reciente decisión del ministro-candidato Massa de incrementar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría es un acto demagógico y electoralista impregnado de una tremenda irresponsabilidad que causará un perjuicio tremendo al fisco, incrementando el déficit de presupuesto, ya que no se ha calibrado correctamente cuánto se dejará de recaudar ( se habla de un billón de pesos) y los problemas colaterales que en las relaciones laborales públicas y privadas esto ocasionará.

No es el Poder Ejecutivo el órgano competente para determinar a cuantos salarios mínimos debe llevarse el mínimo no imponible. Ese órgano competente es el Poder Legislativo, es decir el Congreso de la Nación, en el marco de una decisión política. ¿Por qué 15 salarios y no 20, 25 o 30? ¿Por qué apunta a un segmento determinado para ganar votos? No resulta de ninguna manera una decisión seria.

Por otro lado, esta interesada decisión deja de lado, nuevamente, a otros actores de la cuarta categoría del impuesto. Los trabajadores autónomos no monotributistas que no tienen el derecho, tal como está redactada hoy la ley, al cómputo de las deducciones incrementadas, a pesar de que obtienen sus ingresos de un trabajo personal. Tan personal o más que los que están en relación de dependencia y pagan sumas muy superiores a éstos, por iguales o menores montos de remuneración.

Lo que se ha anunciado es una decisión carente de toda lógica, que implicará que muchos subordinados ganen ahora más que sus jefes. Jefes intermedios de baja jerarquía institucional pagarán y sus dependientes no. Nadie querrá un puesto que lo haga crecer en su carrera profesional. Desconocer el mérito, nivelar hacia abajo. Algo que es característica exclusiva del kichnerismo populista y dañino.

¿Cómo se va a cubrir el bache recaudatorio que esta medida implica? La respuesta es fácil. Con mayor emisión, más inflación y más pobreza.

Aunque parezca antipático, no es acertada la medida. Seguramente un nuevo gobierno la va a revisar y la llevará, en el marco de una reforma tributaria general, al nivel que realmente corresponda.

Presidente del Partido Demócrata