Al cabo de más de diez años desde el inicio del proceso penal, el juez federal Sebastián Casanello dispuso el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos. El magistrado adoptó la decisión que beneficia a la vicepresidenta de la Nación en función de que “sin acusación no hay proceso penal posible”, luego de que el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, dictaminó que no pudo reunir elementos probatorios contra la expresidenta y de que tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desistieran de seguir como querellantes y solicitaran el sobreseimiento de Cristina Kirchner.

Esta investigación contra la exjefa del Estado constituía un tramo residual de la causa que tenía como principal imputado a Báez, quien dos años atrás fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 4 con una pena que incluyó multas y decomisos sin precedente, confirmada por la Cámara de Casación Penal.

La Justicia buscaba determinar si la expresidenta había participado de las millonarias operaciones de lavado de dinero atribuidas a Báez y su entorno.

Uno de los involucrados en la causa, el “valijero” Leonardo Fariña, afirmó en carácter de imputado colaborador que, a fines de 2010, Báez lo llamó para informarle de una reunión que había mantenido con Cristina Kirchner, quien le habría preguntado si estaba sacando dinero al exterior, ante una advertencia de la embajada de los Estados Unidos. Tras ese episodio, Báez y Fariña se comprometieron a “ser más prudentes” en los movimientos de dinero. A partir del testimonio de Fariña, el fiscal Marijuan imputó a la expresidenta en 2016.

Marijuan comprobó que existieron al menos 370 llamadas telefónicas entre la expresidenta y Báez, quien además de contratista de obras públicas tenía turbias relaciones comerciales con la familia Kirchner vinculadas con la explotación hotelera. Del mismo modo, la relación entre el pseudoempresario y la exmandataria quedó probada en otras causas judiciales, como la denominada Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudar al Estado en contratos de obras viales en la provincia de Santa Cruz que beneficiaron a empresas de Báez.

A la actual vicepresidenta la aguarda una larga batalla judicial, en la cual sus espurios vínculos con Báez y otros empresarios amigos del poder seguirán saliendo a la luz

Durante el juicio oral que concluyó con esa condena, el fiscal Diego Luciani llegó a expresar que “Báez es Néstor y Cristina Kirchner”, sugiriendo así que podía tratarse de un testaferro del matrimonio Kirchner.

Sin embargo, Marijuan informó que no pudo reunir elementos probatorios que le permitiesen avanzar más allá del estado de sospecha. Se trató de una decisión que provocó numerosas objeciones tanto en medios judiciales como políticos, además de suspicacias por las viejas relaciones de amistad que unen al funcionario judicial tanto con el actual ministro de Economía, Sergio Massa, como con el abogado de la vicepresidenta Carlos Beraldi.

El fiscal le hizo un gran favor a Cristina Kirchner al pedir su sobreseimiento un día antes del acto público que la expresidenta encabezó en la Plaza de Mayo. Destacados analistas políticos han tejido la hipótesis de que Massa pudo haber influido sobre Marijuan para que cooperase con la vicepresidenta. Otras voces consideran que el fiscal pudo haber actuado influido por Beraldi, quien fue quien lo ayudó a entrar a trabajar en Tribunales como meritorio tres décadas atrás.

Lo cierto es que, más allá de la actuación del fiscal, la cadena de complicidades tiene como protagonistas a quienes están al frente de la UIF y de la AFIP, organismos controlados hoy por funcionarios alineados con el kirchnerismo que dejaron de sostener la acusación, pese a que de las propias actuaciones de la UIF se desprendían numerosas evidencias de que Báez era testaferro de los Kirchner.

Es de esperar que la Cámara de Casación reabra la causa Hotesur-Los Sauces, en la que Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron sobreseídos en primera instancia, en la que se investiga el supuesto “retorno” de fondos de Vialidad a través del ficticio alquiler de los hoteles de la familia Kirchner al contratista. Con la continuación de la causa Vialidad, en la que se encuentra condenada en primera instancia, y el esperado juicio oral por la causa de los cuadernos de las coimas, a la actual vicepresidenta la aguarda una larga batalla judicial, en la cual sus espurios vínculos con Báez y otros empresarios amigos del poder seguirán saliendo a la luz.