La ley del arrepentido, del imputado colaborador o de la delación premiada está demostrando ser una herramienta esencial para combatir la corrupción. Ha permitido también esclarecer numerosos casos de narcotráfico y de secuestros extorsivos. Esta norma, que fue aprobada por una importante cantidad de legisladores de ambas cámaras del Congreso, se ha venido aplicando como eficacísima herramienta de aporte a la verdad. Comenzó a vislumbrarse con la confesión que hizo Leonardo Fariña, en la causa llamada “ruta del dinero k”.

Fariña fue condenado en abril de 2021 a cinco años de prisión como coautor del delito de lavado de dinero. Era parte de la estructura que movía el efectivo de origen ilícito de Lázaro Báez. El tribunal que lo condenó sostuvo que la pena que le correspondía era de ocho años, pero que se reducía tres años por haber declarado como arrepentido y aportado información que permitió el esclarecimiento de parte de los hechos investigados. Más tarde, la Cámara Federal de Casación le bajó la pena a tres años y medio.

Fariña debió soportar presiones e intentos de sobornos, al igual que la embestida dirigida contra Alejandro Vandenbroele, el testigo colaborador de la causa Ciccone, quien en su momento denunció que el Gobierno buscaba “amedrentar a los arrepentidos”. Ambas declaraciones fueron determinantes en la búsqueda de la verdad.

Pero fue con la denominada causa de los cuadernos de las coimas que se ha puesto fuertemente en valor esa figura penal. Treinta y dos personas, entre ellas poderosos empresarios, otrora influyentes funcionarios públicos, personas de confianza de los investigados, secretarios privados y otros allegados eligieron acogerse a los beneficios de la ley ayudando a poner en negro sobre blanco una de las más gigantescas tramas de corrupción jamás vistas en la Argentina.

Las presiones no tardaron en aparecer: venganzas, secuestros, muertes dudosas, operaciones de inteligencia, situaciones de violencia, campañas de desprestigio y calumnias, entre otras viles reacciones en defensa de la omertá que los delincuentes habían conseguido sellar, nunca cesaron.

Uno de los testimonios más claros sobre el entramado de corrupción fue el de excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares.

El intachable embajador Eduardo Sadous, hoy fallecido, quien denunció la existencia de una “aduana paralela” que funcionaba entre Caracas y Buenos Aires durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Hugo Chávez vio, por ese acto patriótico, terminar su brillante carrera diplomática con persecuciones y humillaciones de todo tipo.

En el calvario padecido, sufrió una causa armada en su contra, en la que el “cargo criminal” fue haber osado dudar de la “honestidad y probidad” del condenado exministro de Planificación Federal Julio de Vido.

Miriam Quiroga, persona cercana al fallecido expresidente Néstor Kirchner fue una de las primeras en denunciar el “dolarducto” que existía en la Casa Rosada, por lo que fue sometida a aun largo y triste aislamiento, sin posibilidad siquiera de trabajar.

Este tan amplio como insistente tipo de atropellos no hace más que confirmar que la ley del arrepentido no es solo oportuna y acertada, sino que sería deseable una norma mucho más amplia aún en la que las facultades de los fiscales, los recursos y la posibilidad de proteger a ese tipo de testigos sean mucho mayores.

Paralelamente a esas deleznables maniobras por amedrentar testigos, fueron creciendo las embestidas jurídicas, con embustes, falsedades, chicanas y deslealtades procesales de todo tipo, a cargo de un importante número de abogados cuyo objetivo claramente fue siempre el de proteger a los mafiosos.

Muchos de esos dislates encontraron freno en fallos de la Corte Suprema de Justicia poniendo fin a los estériles y mentirosos recursos interpuestos. Debe señalarse lo significativo que resultó para la salud de la república esta decisión del máximo tribunal: un gran aporte para lograr definitivamente que el hampa empiece a desalojar las estructuras del Estado.