SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- En los suburbios de la capital, a unos 15 minutos en auto, el peronismo tucumano despliega su aparato clientelar ante la mirada pasiva de la policía y los electores. Autos numerados, punteros que fiscalizan los troqueles de quienes votaron y hasta la exigencia de una foto en el cuarto oscuro antes del pago de los $5000. Sucede en el barrio Ejército Argentino, una zona en los suburbios de San Miguel en la que manda el PJ y la barra del club San Martín.

En barrio está colonizada por pintadas del Frente de Todos. Sobre la avenida Américo Vespucio hay un local partidario y de allí salen decenas de taxis identificados con un cartel amarillo, un número y la leyenda “CC”. Significa Cacho Cortalezzi. Se trata de un legislador oficialista que fue aliado de Alperovich y Manzur, y que ahora tracciona votos para Osvaldo Jaldo, el candidato a gobernador. En los alrededores del búnker, hay dos escuelas: Sutiaga y Alfredo Cosson. Allí los militantes se mueven cual escuadrón estrictamente organizado. Dan órdenes casi imperceptibles, moviendo la cabeza, alguna palabra o con una mirada. Los autos numerados están por todos lados. Son decenas. Por falta de fiscales, la fila para votar da la vuelta a la manzana, pero nadie se va. Quieren cobrar el dinero que les prometieron. “¿Qué sacas fotos? Mejor es que se vayan yendo”, dijo uno de los militantes al equipo de LA NACION. Cortalezzi, en tanto, no respondió a los llamados ni a las consultas por WhatsApp.

Desde temprano, encontrar un taxi o un remis en la capital tucumana no es tan sencillo como en un día cualquiera. Cientos de vehículos pagados por los distintos candidatos circulan para llevar a ciudadanos a votar. Es una práctica habitual, instrumentada y reconocida por las fuerzas políticas de más recursos. La maniobra queda más al descubierto en el interior de la provincia, sobre todo, en las zonas rurales, en donde los punteros utilizan hasta sus autos particulares para trasladar a los votantes.

Largas filas de vehículos particulares y taxis afuera de un lugar con consignas oficialistas, antes de las 8. Avenida América, cerca de Francisco de Aguirre.

Ya conocemos estas situaciones, le exigimos a la Junta Electoral que no mire para otro lado. pic.twitter.com/syE9X1uafx

— José María Canelada (@Jota_Canelada) June 11, 2023

El mecanismo, blanqueado a LA NACION tanto por dirigentes del peronismo como de Juntos por el Cambio, funciona de la siguiente manera: a cada taxi alquilado el partido político le designa un “movilizador”, que será quien le indique al chofer a qué pasajeros buscar y por dónde. Es casi un servicio puerta a puerta, del domicilio al centro de votación.

El “movilizador” cobra $10.000 por cada 20 personas acarreadas, mientras que a los votantes se les paga $5000, según pudo reconstruir LA NACION en base testimonios de armadores del PJ y de la oposición, y de tres choferes que son parte del engranaje clientelar. En algunos sitios la tarifa se ajustó y es apenas mayor porque los valores fueron fijados para el 14 de mayo, cuando estaba inicialmente prevista la elección, postergada por la Corte Suprema al impugnar la candidatura del gobernador Juan Manzur.

Voto selfie y denuncia

Todo funciona en efectivo y el pago es adelantado solo para los conductores de los vehículos. Los votantes recibirán su paga después de entregarle en mano al “movilizador” el troquel que compruebe que ya sufragó. En algunos casos se le requiere al votante tomarse una foto en el cuarto oscuro con el voto dentro del sobre.

Ante las versiones sobre este mecanismo, dos dirigentes de la oposición presentaron el jueves pasado una denuncia ante la Junta Electoral y pidieron que el Ministerio Público Fiscal investigue la presunta “manipulación electoral”. Luis Enrique Pedicone y Cristian Petersen reforzaron su acusación basándose en una aplicación que habría diseñado un sector del Frente de Todos para “controlar dentro del cuarto oscuro a los votantes”, según precisa el escrito, al que accedió LA NACION. “Ante nuestra denuncia bajaron la aplicación, pero nosotros la logramos bajar antes de que la borren”, dijo a LA NACION Pedicone, un excamarista penal que se postula ahora para legislador provincial. Más que una aplicación se habría tratado de un sistema de control interno de los “movilizadores” del oficialismo.

“El clientelismo del oficialismo y Juntos por el Cambio les costará a los tucumanos $4000 millones que saldrán de las arcas públicas”, dijo Federico Masso al diario La Gaceta. Masso, un expiquetero que es legislador y candidato a gobernador por Libres del Sur, dio detalles de las cifras: “Del lado del oficialismo hacen listados prometiendo $ 5000 por voto sobre una estructura de capital e interior de 400.000 votantes, lo que nos da la suma de $2000 millones. Si a esto le sumamos ‘movilidad’ y ‘movilizadores’ llegamos a una cifra de cercana a los $ 2900 millones”.

“Yo me voy a hacer $45.000 en un día: $40.000 por trasladar a gente y $5000 por el voto”, reconoció Marcelo, un chofer de taxis que durante la semana trabaja en esta ciudad con un auto con licencia municipal y que vive en Las Talitas, otra comuna en los suburbios del gran San Miguel.

El folclore electoral tucumano convierte en normal lo que en otros lados sería un escándalo.