La expresión medio público refiere a una organización de comunicación que responde de manera directa a los intereses de los ciudadanos en su conjunto. El ejemplo paradigmático es la BBC de Londres, que cumplió 100 años en 2022, fue creada por un decreto de la Corona, y en la que el gobierno británico tiene prohibido hacer propaganda.

En Argentina nunca hubo medios públicos sino organizaciones de comunicación propagandísticas al servicio del poder de turno tanto en gobiernos democráticos como dictatoriales. Tampoco hubo intención real de tener medios verdaderamente públicos y la sociedad no parece haberlos reclamado. A juzgar por los niveles de audiencia, los ciudadanos argentinos parecen haberse distanciado hace tiempo de estas emisoras.

Durante los cuatro gobiernos kirchneristas, sobre todo luego de la sanción de la ley de medios en 2009, los “medios públicos” adquirieron características facciosas y se volvieron una herramienta de persecución ideológica. En la cosmovisión populista, público se equiparó a pueblo, y este último a los votantes del peronismo en sus diferentes marcas: Frente para la Victoria, Frente de Todos o Unión por la Patria.

Durante la campaña, el entonces candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, prometió privatizar Radio Nacional, Canal 7 y la agencia Télam. En sus primeras declaraciones como presidente electo, Milei confirmó que buscará vender esas empresas, que en términos mediáticos casi no tienen valor, pero cuyos inmuebles y propiedades podrían despertar interés de posibles inversores.

Ante esta confirmación, directivos políticos -ente ellos las presidentas de RTA, Rosario Lufrano, y la de Télam, Bernarda Llorente, y sindicalistas -entre ellos Jorge Batata Rodríguez, del Sipreba- enumeraron supuestas razones por las que el primer mandatario electo debería revisar su decisión. Sin embargo, esos argumentos son fáciles de rebatir por falaces, extemporáneos y directamente mentirosos.

Un comunicado formal de Lufrano, Llorente y otros funcionarios políticos designados por el gobierno saliente, sintetiza esas ideas en 10 puntos que podrían agruparse a su vez en cuatro ideas:

Carácter no comercial de los medios estatales y su producto, la información y los contenidos formativos.Pluralismo, diversidad e inclusión de agendas alternativas.Alcance a todo el territorio, “soberanía informativa y cultural” y la difusión de la Argentina al mundo.Transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía y órganos de control.

El supuesto carácter no comercial se contradice con la recurrente -y en general fallida- apuesta de la emisora a competir con el sector privado, en especial en la televisación de grandes eventos. Competencia que termina siendo desleal porque el Estado parece no asumir riesgos y porque dicta normas y leyes que sólo aplica a privados y no a sí mismo. También es contradictorio con los conflictos de interés que cruzan la producción de contenidos, frecuentemente tercerizados en productoras privadas de empresarios políticamente afines al gobierno. Este argumento es falaz.

La falta de pluralismo, diversidad y la afectación a la libertad de expresión -en muchos casos violatorios de leyes vigentes- fueron extensamente documentadas en la historia de Radio Nacional, Canal 7 y Télam. En el pasado inmediato, están los relevamientos hechos durante la campaña, cuando los llamados medios públicos fueron usados como propaladoras del candidato oficialista, finalmente derrotado en las urnas. En las últimas décadas, pueden citarse la censura a Pepe Eliaschev en Radio Nacional en 2006; la incorporación del ícono partidario del Nestornauta en la web de Télam en 2011; o el programa ultrapopulista 678 emitido entre 2009 y 2015. Este argumento es mentiroso.

Atrás quedaron los años 70 y 80 cuando los gobiernos se negaban a licitar frecuencias para el desarrollo privado de la televisión y Argentina Televisora Color (ATC), actual TV Pública, dominaba la escena con cientos de repetidoras. No existían Internet ni la telefonía móvil y la recepción satelital era costosa. En aquella época sí pudo haber sido real la cobertura nacional exclusiva de estos servicios, pero hace tiempo que no lo es. La comunicación privada tiene desde hace décadas la misma cobertura que la estatal. En tiempos de plataformas, tampoco es del todo cierta que la difusión de la cultura nacional sea un mérito de los llamados medios públicos. La internacionalización de esos contenidos es hoy obra de empresas trasnacionales como Netflix, Star Plus o Amazon Prime Video. Además, hay otros organismos y formas de financiamiento de la producción nacional, como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), con el que no debería superponerse. Este argumento es extemporáneo.

Las desesperadas referencias a la transparencia y rendición de cuentas se chocan con las denuncias y causas judiciales que se acumulan sin que se conozcan detalles sobre su evolución. Acoso laboral, manejo de grandes volúmenes de dinero en efectivo y otras irregularidades administrativas, indemnizaciones laborales ilegítimas y nepotismo, son algunas de las etiquetas, pero no las únicas. Este argumento es directamente una broma de mal gusto.

Mientras algunos países que han sido ejemplares en la creación y gestión de verdaderos medios públicos están hoy replanteándose su estructura y funcionamiento, incluido el Reino Unido, en Argentina quienes se aferran a privilegios plantean argumentos débiles para defender lo que podría haber sido defendible a mediados del siglo pasado. Pero los defensores de los medios públicos han sido los que más han atacado, desde adentro, la función social que podrían haber tenido.

Por eso, durante el siglo XX, Argentina no tuvo medios públicos. Y en el siglo XXI, caracterizado por nuevas formas de producción de información y cultura, y por la participación directa de los públicos, tal vez ya no los necesite.

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El autor es periodista especializado en comunicación y entretenimiento