El gobierno de la ciudad de Houston presentó una demanda contra el estado de Texas por la aprobación del acta HB 2127, mejor conocida como la “Ley Estrella de la Muerte”, que busca limitar el poder de las autoridades locales en diferentes ámbitos y anula las políticas progresistas de algunas ordenanzas, como los descansos obligatorios para que los trabajadores de la construcción en Dallas y Austin se rehidraten durante las jornadas en las olas de calor extremo.

Las políticas con las que DeSantis pretende ganar simpatizantes en la frontera sur de EE.UU.

La ley, firmada por el gobernador republicano el 14 de junio de 2023, causó desde entonces críticas de activistas de derechos humanos y representantes de gobiernos locales de todo el estado, quienes la ven como un intento de arrebatarles su autoridad para gobernarse.

“La HB 2127 revierte más de 100 años de derecho constitucional de Texas sin modificar la Constitución (…). La ley es innecesaria y desmantela la capacidad de gobernar en el nivel más cercano al pueblo y, por tanto, castiga a todos los residentes”, declaró el alcalde de Houston Sylvester Turner, en una conferencia de prensa la semana pasada.

La demanda contra el estado se encuentra actualmente en trámite en el Condado de Travis y busca que la ley sea declarada inconstitucional. Si los esfuerzos de los opositores por frenar las medidas no rinden frutos, la entrada en vigor del documento aprobado por la legislatura local será el próximo 1º de septiembre.

Al eliminar la posibilidad de que los representantes de las ciudades y condados tomen decisiones sobre las condiciones laborales en la industria de la construcción, la llamada “Ley Estrella de la Muerte” podría generar condiciones de trabajo peligrosas y socavar los derechos constitucionales de algunas personas.

¿Cómo afecta la nueva ley en Texas a los inmigrantes?

“La construcción es una industria mortal. Por mínima que sea la protección a las personas, se puede salvar una vida. Estamos hablando de un derecho humano”, opinó Ana González, subdirectora de política y política de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) en declaraciones para medios locales. “Veremos más muertes, sobre todo con las altas temperaturas de Texas”, sentenció.

Según un informe publicado por el American Immigration Council, con datos de la Oficina del Censo, los trabajadores inmigrantes representan casi el 40% de la fuerza laboral en la industria de la construcción en Texas. Equivale a más de 500 mil personas que contribuyen al desarrollo de los proyectos de infraestructura en el estado. Por lo anterior, la eliminación de los descansos para los trabajadores en las obras de construcción que habían ordenado las autoridades de Austin, en 2010, y Dallas, en 2015, se considera un duro golpe en la creación de mejores condiciones laborales para los inmigrantes.

Durante las dos últimas semanas de junio, Texas y gran parte del sur de Estados Unidos atravesaron una severa ola de calor, con temperaturas cerca de los 40 ºC y sensaciones térmicas alrededor de los a 45 ºC. Según cifras oficiales, al menos 13 personas murieron en esta zona del país a causa del calor extremo.

Comienza instalación del “muro acuático” en Río Bravo

Esta no es la única medida polémica en Texas. Este fin de semana, las autoridades de Texas comenzaron a instalar una cadena de boyas gigantes en el Río Bravo para construir un “muro acuático”, en el intento de impedir los cruces ilegales de inmigrantes en la frontera con México. La implementación forma parte de la controvertida Operation Lone Star (Operación estrella solitaria) del gobernador Abbott, emprendida desde marzo de 2021.

Medios locales reportaron presencia de trabajadores del gobierno el viernes pasado en la frontera entre la población de Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila, México, con las enormes esferas naranjas que sirven para delimitar un “muro flotante”.

La presidenta de la organización Proyecto Derechos Civiles de Texas, Rochelle Garza, advirtió que el funcionario excede sus competencias e “incumple la Constitución al interferir en inmigración y fronteras. El gobierno federal debe garantizar que quienes buscan la seguridad de nuestro país sean bienvenidos con dignidad”.