El 20 de mayo del año pasado, un usuario de la red social Facebook pedía la atención durante dos minutos de sus potenciales lectores. “No te pierdas esta oportunidad”, aconsejaba el perfil a nombre de Werner Heisenberg. “Deja de gastar tanto en cable, te tengo la solución”, prometía. Por solo 550 pesos mensuales y para tres dispositivos por cliente, ofrecía un servicio de TV con 300 canales, secciones exclusivas de películas y hasta el Pack Fútbol, es decir, las transmisiones del torneo de Primera División argentino. Un mes después, la promoción se repetía, pero acompañada con una búsqueda de revendedores para “sumarse y emprender en uno de los servicios más buscados, #Digital TV”. Para contactarse, dejaba una línea de Whatsapp.

Un año, dos meses y seis días después, Heisenberg está preso. En realidad el que está detenido es Martín Coll, un programador de 22 años acusado de estar detrás de una estafa gigantesca: retransmisión de señales de televisión que le robaban a importantes empresas de TV satelital y de streaming. En Facebook, para promocionar Digital TV, no usaba su verdadera identidad, pero sí difundía un link que direccionaba a los interesados a su línea de Whatsapp.

Así surge de un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro, conducida por Alejandro Musso, al que tuvo acceso LA NACION.

Coll fue detenido hace dos semanas. Está imputado por defraudación a los derechos de autor, delito que prevé una pena de entre un mes y seis años de cárcel.

La investigación, a cargo de la Ufeic, comenzó tras una denuncia hecha por representantes de DirecTV, una de las empresas damnificadas por Digital TV, firma que para la Justicia ofrecía un servicio ilegal de Televisión por IP (IPTV) y que facturaba 100.000.000 de pesos por mes.

Según el expediente judicial, DirecTv, supuestamente, tuvo pérdidas económicas de $356.915.000. El por mes

La semana pasada, Tras la investigación del fiscal Musso y a pedido del juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) bloqueó el sitio web de Digital TV.

Según la imputación, Coll “creó, desarrolló y explotó con fines comerciales la aplicación Digital TV de servicio IPTV, la cual retransmite de forma ilegal y sin autorización canales propiedad de la empresa DirecTV. Con el propósito de monetizar su desarrollo, y en franca violación a los derechos de los titulares de las obras, ofrece a la venta y cobra por cada usuario entre $1000 y $1500, dependiendo la clase de suscripción, abono que permite obtener las credenciales de acceso al contenido obtenido en forma espuria”

Coll se negó a declarar cuando fue indagado por el fiscal Musso. Después, su defensa, encabezada por el abogado Pablo Condori, pidió una ampliación de la declaración, que podría ocurrir después de la feria judicial.

“A fin de dar luz ante semejante locura y obtener cuanto antes mi libertad, vengo a explicar cuanto antes y por escrito los motivos que demuestran mi inocencia, ratificando aún más que el cercenamiento sufrido a mi intimidad, la propiedad privada y fundamentalmente a mi libertad fue absolutamente innecesaria. En dicha inteligencia, se podrá advertir con una claridad meridiana que la denuncia del damnificado, de ninguna manera, puede ser considerada seriamente respecto a mi supuesta intervención, tratándose más de una cacería de brujas que la búsqueda de los verdaderos responsables al perjuicio que supuestamente están padeciendo. Por ello, se puede aseverar que en esta oportunidad se está utilizando inescrupulosamente a la justicia penal, ocasionándome un agravio inmenso e irremediable no solo a mi persona, sino a la de toda mi familia, para mediatizar una cuestión de la que nada tengo que ver. Mi presencia en esta causa es una ficción difícil de entender y por sobre todas las cosas de creer. Niego el hecho que se me atribuye como así también niego haber cometido delito alguno”, sostuvo en un escrito de descargo presentado por Coll ante los investigadores a la espera de la ampliación de su declaración indagatoria

El abogado Condori pidió la excarcelación del imputado. El juez Rossignoli se la otorgó, pero con una caución real de 10.000.000 de pesos y con la obligación de comparecer una vez por mes ante autoridades judiciales.

Al fundamentar su decisión, el magistrado explicó que “de arribarse a un pronunciamiento condenatorio, la pena que eventualmente se imponga, pueda ser de ejecución condicional, extremo que disminuye significativamente los posibles peligros procesales”.

“Entendemos que tienen que bajar el monto de la caución real porque de la resolución del Juzgado de Garantías surge no solo que no se encuentra acreditado el monto del presunto perjuicio que aduce el Ministerio Público Fiscal, sino que en el expediente obra prueba que da cuenta de que la situación financiera y económica de Coll es por demás austera y no aparecieron otros bienes con que hacer frente”, explicaron fuentes cercanas a la defensa del imputado.