El transportista estaba detenido a la vera de la ruta 34 en Antilla, una pequeña localidad del sur salteño, cercana a la frontera con Tucumán, cuando advirtió que llegaba una patrulla de Gendarmería. Justo hablaba por teléfono con su pareja. “Prendé vela que llegaron las aceitunas”, le dijo, en clave, antes de cortar. Los uniformados no habían aparecido porque sí: tenía el dato de que en ese camión transportador de cemento podía haber droga. Pero era de noche y no tenían más medios que sus linternas y sus ojos para inspeccionar. No encontraron nada, y una vez que resolvió el desperfecto mecánico que lo había obligado a parar en el camino, el chofer siguió viaje hacia el sur.

Quizás pensó que se había salvado por poco, pero, en realidad, esa conversación había quedado grabada, como tantas otras que, luego, cimentaron un nuevo operativo en el que, esta vez sí, los efectivos de la fuerza de seguridad federal encontraron, hundidos en el fondo de la tolva llena de cemento fresco, cientos de ladrillos, más de 418 kilos de cocaína de máxima pureza.

La reconstrucción del derrotero del camionero fue reconstruido en la audiencia judicial encabezada por el juez federal de Salta Julio Bavio, en la que Santos Yufra, su pareja, Matilde Ayala, y el hijo de la mujer, Fernando Ramírez Ayala, fueron imputados por el delito de transporte de estupefacientes agravado. Según la investigación del fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, los tres son integrantes de una organización transnacional que adquiría droga en Bolivia y la transportaba en camiones de gran porte hacia grandes centros urbanos en Córdoba y Buenos Aires.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en su portal de noticias fiscales.gob.ar, el secuestro fue el corolario de una pesquisa que llevaba dos meses, y que había comenzado con una denuncia anónima en la que se aportaron datos sobre una ruta de tráfico internacional de estupefacientes.

El transportista, según la pesquisa, era Yufra, que vivía con su pareja y el hijo en el barrio San Pedrito, de la localidad jujeña de Palpalá. Tenía licencia especial para el transporte internacional de cargas, lo que lo volvía un candidato ideal para el papel.

El fiscal Toranzos, que coordinó el trabajo de campo y de inteligencia de los efectivos del Grupo Operativo Conjunto NOA de la Gendarmería, estableció que Yufra “hacía constantes viajes desde Jujuy tanto al norte de la provincia como al sur del país, siempre con la ayudar de un cuarto implicado que cumplía el rol de ‘coche puntero’”.

Los primeros días de noviembre, según se informó en el portal del MPF, Yufra viajó a La Quiaca, en la frontera con Villazón, Bolivia, “al volante de un camión Volvo con semirremolque tipo tolva, con una capacidad aproximada de 30 toneladas”. En la audiencia imputativa, el fiscal Toranzos sostuvo que “de las intervenciones telefónicas, en esas instancias bajo la modalidad diferida, surgieron evidencias de que el viaje a esa localidad fronteriza era parte de una operación de tráfico y con una carga de gran porte, por lo que se activó un gran operativo que posteriormente se conoció con el nombre de ‘Cemento Blanco’”.

El camión de Yufra fue monitoreado por los gendarmes entre el 8 y el 12 de noviembre. Ese domingo, cuando ya había superado el primer control nocturno a la vera de la ruta, Yufra le contó a su mujer que habían conseguido bajar otros 27 kilómetros al sur por la 34 hasta la localidad de Rapelli, en Santiago del Estero. Cada paso que daba en el camino de tráfico se lo contaba a Matilde. En una de esas llamadas le confió que no veía la hora de entregar la carga y sacársela de encima. El estrés lo estaba matando.

Pero los gendarmes no se habían dado por vencidos tras la ineficaz inspección en la localidad de Antilla. Las escuchas en vivo les revelaban que Yufra seguía con la carga en su poder. Entonces, el fiscal Toranzos solicitó a la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, autorización para una nueva requisa del camión Volvo.

Esta vez, se metieron en el fondo del semirremolque y lograron descubrir bajo la espesura de la carga de cemento, varios ladrillos. Se montó, entonces, un procedimiento especial, que requirió tomar recaudos de bioseguridad, por el peligro que entrañaba bucear en el material de construcción fresco. Así, lograron retirar de la tolva 396 ladrillos; el posterior pesaje arrojó un total de 418,296 kilos de cocaína.

Ni vela ni aceitunas: ante la evidencia, y en flagrancia, Yufre y el hijo de su pareja terminaron detenidos. El operativo disparó nuevos allanamientos: en uno de ellos fue detenida Matilde Ramírez; en otros fueron secuestrados seis autos de alta gama, tres camiones y tres camionetas, además de un revólver calibre 38, una pistola 9 milímetros y dos chalecos antibalas con el logo de la Policía de Córdoba, según se informó.

“La fiscalía destacó la importante inversión económica dispuesta para ejecutar el transporte, que consideró demostrada por la utilización del camión con semirremolque y por la cantidad de bolsas de cemento adquiridas. Sostuvo que esta característica también se vio reflejada en la flota de vehículos que la organización tenía en un galpón en la localidad jujeña de Palpalá, pues cada uno de los rodados estaba dispuesto para el transporte de la droga o bien alguna otra necesidad de la organización”, informó el MPF en fiscales.gob.ar.

En la audiencia imputativa, el juez federal Bavio denegó los argumentos defensistas que buscaban atenuar la eventual responsabilidad de Matilde Ramírez y de su hijo, además de los pedidos de prisión domiciliaria. En coincidencia con lo planteado por el fiscal Toranzos, el magistrado consideró que había abundante prueba como para dar por hecho que la mujer estaba al tanto de la operatoria y no podía desconocer qué era lo que estaban transportando. De hecho, se tomó en cuenta una escucha en la que Yufra le pedía a su pareja que no olvidara quemar las bolsas de cemento en las que habían llevado la cocaína.

“Nadie se mete en el fondo de un semirremolque repleto de cemento para ocultar droga, lo que evidencia que estamos ante una organización que actuó de una manera trasnacional”, concluyó el juez, que dictó la prisión preventiva de los tres acusados.