“Voy a ser el mayor promotor de la Nación para que cada familia elija su escuela”, dijo Donald Trump durante su campaña electoral en los Estados Unidos en septiembre de 2016. No fue casual el lugar elegido para hacerlo, la Cleveland Arts and Social Sciences Academy, una escuela chárter con fines de lucro. Ese día, el entonces candidato republicano anunció que al llegar a la presidencia tomaría 20.000 millones de dólares de los programas federales para la educación pública y se los transferirá a los estados para que los conviertan en vales escolares para escuelas privadas, públicas y autónomas. Además, en una clara señal de lo que proponía en materia de educación escolar en EE.UU., cuando fue electo presidente, Trump designó a Betsy DeVos como secretaria de Educación. DeVos era líder de la American Federation of Children, agrupación que promueve la formación de escuelas chárter, un modelo de educación escolar que nació en la década de los noventa y que ha crecido vertiginosamente, hasta llegar a la mayoría de los estados de la nación norteamericana. De acuerdo con la National Alliance for Public Charter Schools, casi 3 millones de estudiantes se encuentran matriculados en alguna de las 7500 escuelas chárter de Estados Unidos, que reúnen el 7,5% de la matrícula total.

Trump también señaló durante su campaña que iba a terminar con el “monopolio estatal” de la educación y la intervención de los sindicatos docentes. “La idea es que las familias dispongan de estos vales o cheques educativos para elegir la escuela de sus hijos”, repetía durante la campaña, sin que sea obligatorio que esta se encuentre en el distrito donde reside, en cualquiera de sus ofertas (pública, privada, religiosa, autónoma chárter o en la creciente homeschooling -escuela hogareña-). Según Trump, en la modalidad homeschooling, los padres podrían utilizar esos cheques para contratar profesores particulares que enseñen en sus domicilios.

También calificó de “locura” que se dicte educación sexual y se hable sobre racismo en las escuelas de Estados Unidos, propuso capacitar en el uso de armas a docentes para que puedan defenderse de un ataque armado y prometió devolver “el sentido común al sistema educativo”.

¿Por qué vale recordar lo que prometió Trump en materia educativa durante su campaña antes de ser presidente? Bien, en las últimas horas se conoció la propuesta electoral presentada por el candidato libertario Javier Milei. En educación, el libertario impulsa un sistema de “voucher o cheque educativo”. En el punto principal, propone “descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres, en lugar de dárselo al Ministerio, financiando la demanda”. Además, pretende eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles, modificar el estatuto docente y cambiar el diseño curricular. Una gran similitud con la propuesta del expresidente republicano.

En la Argentina, como en casi todos los países del mundo, el estado financia la oferta educativa, construye escuelas, contrata docentes, diseña una currícula, conforma un sistema integrado y ofrece un servicio educativo. Hay otras modalidades que se diferencian a este modelo y que son adaptadas parcialmente en otros países, como las llamadas “escuelas chárter” o de “sistema de vouchers” donde el estado financia la demanda, entregando un cheque a las familias, que solo puede ser utilizado para pagar la escolarización de los alumnos, que las instituciones educativas luego cambian por dinero, es decir que recaudan de acuerdo a la cantidad de alumnos que educan, se ajustan a ese presupuesto, contratan docentes y, en muchos casos, participa la familia de la administración de esos fondos y de la escuela, salvo que sea una escuela privada donde el cheque sirve para pagar parte de la cuota o matrícula.

En seis países, además de los Estados Unidos, rige este modelo de modo total o parcial: Holanda, Bélgica, Colombia, Suecia, Inglaterra y Canadá. El lucro sólo está permitido en los EE.UU., pero también en Suecia, que desde que implementó esta modalidad mostró una baja en el rendimiento de sus alumnos, que supo estar entre los mejores, de acuerdo con los resultados obtenidos en pruebas internacionales de evaluación educativa. En Chile existe un modelo muy parecido, donde el Estado asume un rol subsidiario y promueve la participación de los privados en un entorno regulado. Así, más de 2 millones de alumnos chilenos reciben la llamada subvención estatal, desde que Pinochet formalizó esta modalidad en los 80. Ya en período democrático, el gobierno de la Concertación incorporó la subvención diferencial para aquellas escuelas que incorporaran alumnos repetidores o de bajos recursos, se creó así la figura del alumno prioritario para protegerlo de las desigualdades. Ese es un punto para tener en cuenta, porque si una escuela recibe un vale por determinado valor por alumno inscripto podría elegir su propia comunidad con alumnos sin problemas sociales o de conducta, podrían ser selectivas en detrimento de sectores que necesitan una atención especial. Dejaría de ser inclusiva, un ADN que caracterizó históricamente a nuestra escuela pública. Claro que, con el hartazgo que existe en gran parte de la sociedad, seguramente para un sector sería interesante escolarizar a su hijo en una unidad escolar independiente, sin que sean rehenes de los conflictos gremiales o puedan reclamar sobre los problemas de infraestructura o académicos a la autoridad inmediata evitando la burocracia. Por lo tanto, esta propuesta le puede resultar tentadora. Pero no es tan fácil, lo que no se lee en la oferta libertaria es cómo se haría esa transferencia de fondos a las familias, ya que en nuestro país la educación básica (Inicial, primaria, secundaria y hasta terciaria no universitaria) está descentralizada, la administran las provincias y no el Estado Nacional, y el rol presupuestario del Ministerio de Educación de la Nación es el de corregir desigualdades y garantizar los mismos aprendizajes, temas que se tratan en el Consejo Federal de Educación, entre otras facultades como apuntalar la capacitación docente y diseñar contenidos.

Anunciar que se va a utilizar el presupuesto nacional para emitir vouchers educativos sin aclarar cuántos y para qué, deja muchas dudas y la certeza del desconocimiento de cómo funciona el sistema, que incluye a más de 10 millones de alumnos. Para hacerlo en su totalidad, se debería cambiar la Ley de Educación y centralizar todo el sistema a nivel nacional, lo que pondría muy feliz a varios gobernadores que se sacarían de encima el gasto en salarios docentes y mantenimiento de escuelas, pero sería un mayor gasto para la Nación. Es el mismo problema que tuvo Donald Trump para llevar adelante su propuesta, porque el Estado Federal no administraba el sistema educativo, que estaba en manos de los Estados de la Unión, alcaldías y el tercer sector. De hecho, poco y nada de su propuesta original prosperó. La tradición liberal estadounidense también convive con una tradición familiar, especialmente en los condados y ciudades pequeñas, de defensa de la escuela estatal.

La propuesta libertaria sí podría intentar financiar así al sistema universitario público, que es costeado en su totalidad por el estado nacional. Sin embargo, la universidad argentina posee características que la hacen distinta a casi todas las universidades del mundo. La gratuidad, el ingreso irrestricto, el cogobierno y la extensión universitaria son rasgos distintivos de nuestro sistema de educación superior desde sus inicios. Pero si quisiera enviar presupuesto a cada una de las universidades públicas por cantidad de alumnos para corresponder a la demanda, se debería definir antes qué es un alumno regular: ¿es quién solo está inscripto en una cursada o lo es el que aprueba al menos una materia por año?

Muchas serían las dudas, más allá de intentar un cambio con un modelo universitario que fue exitoso, y donde claramente los problemas de calidad educativa vienen del arrastre, por el notorio retroceso de la educación básica, en especial, de la escuela media.

En un año electoral sería muy bueno que, con la excusa de debatir una propuesta tan disruptiva como cambiar hacia un modelo de financiamiento por demanda, los candidatos hablen de educación, que ofrezcan alternativas. Una de ellas es imprescindible: como incorporar a las familias a la toma de decisiones. La aparición de Padres Organizados durante el cierre de escuelas en la pandemia fue una de las mejores noticias en ese sentido. Por eso vale preguntarse: ¿por qué los gremios docentes tienen un lugar en el Consejo Federal de Educación con voz y sin voto y no lo tienen las familias? ¿Por qué no auspiciar más evaluaciones para detectar problemas de enseñanza y aprendizaje? ¿Por qué no avanzar a otorgarle una mayor autonomía a las escuelas, sin dejar de pertenecer a un sistema integral? También es imprescindible debatir una nueva ley de educación superior. La actual, la 24.521, fue sancionada en 1995, cuando no existía internet masivamente, una herramienta que cambio la era del conocimiento.

Muchas son las dificultades que afectan a nuestra escuela y no está mal debatir propuestas por más que, a priori, básicamente por tradición y normativa vigente, parezcan inaplicables. Pero si esa es la razón para dar el debate, para que la política se meta de lleno en la cuestión educativa durante la campaña, bienvenido sea. Nada va a cambiar en educación si la sociedad no construye una demanda permanente alrededor de ella, y en ese sentido, generar los instrumentos para canalizar esa demanda es también responsabilidad de los gobiernos. Llegó el momento de escucharlos.