SANTA FE.- Los tres integrantes del grupo inmobiliario Spaggiari, de la ciudad de Rafaela, la madre de 71 años y dos hijos varones de 45 y 48 años, detenidos el lunes pasado acusados de estafar a ahorristas con una mesa de dinero que habría alcanzado cifras millonarias en dólares, continuarán con prisión preventiva. Así lo dispuso la justicia que, además, procedió a inhibir bienes de los tres acusados por más de 200 millones de pesos.

En tanto, los otros cinco imputados, trabajadores de la firma, recuperarán su libertad bajo diferentes medidas, entre ellas una caución de 50 millones de pesos cada uno.

Mirta Condotto, de 71 años, madre de Matías Spaggiari, de 45, y Fernando Spaggiari, de 48 años, eran los responsables de la firma que alcanzó prestigio con una inmobiliaria y luego con dos firmas de insumos para la construcción. En 2019 comenzaron a operar captando fondos, en moneda extranjera, para futuros emprendimientos, hasta desarrollar la base de lo que luego se transformó en una denominada “estafa piramidal” similar al conocido como Esquema Ponzi. Esto derivó en una investigación judicial en la que están involucrados en 173 hechos, con 85 denuncias ratificadas en sede judicial, por un monto que inicialmente podría alcanzar cerca de los 5 millones de dólares. Sin embargo, se cree que esa cifra sería mucho más elevada, teniendo en cuenta que muchos ahorristas no pudieron presentar todavía su reclamo formal en la justicia.

La audiencia, realizada ayer sábado en la Sala 3 de los Tribunales de Rafaela, se extendió por 15 horas. Durante el transcurso de la misma, el fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Guillermo Loyola, ratificó el pedido de prisión preventiva de los acusados. Dijo que “si bien la asociación ilícita conlleva una pena de 5 a 10 años, es importante recordar que en este caso estamos tratando con acusados que han causado daños irreparables. Las víctimas han sufrido profundamente, algunas requieren asistencia psicológica, y otras han enfrentado problemas de salud graves, como ataques al corazón. Además, estas personas se han visto privadas de sus ahorros y de los sueños que habían depositado en sus inversiones”, indicó.

El fiscal también apuntó que “en ninguno de los allanamientos realizados se ha encontrado documentación relacionada con los ahorristas o la actividad de la empresa. Esto sugiere que los acusados han ocultado deliberadamente esta información en los últimos meses, lo que refuerza la sospecha de que han estado involucrados en actividades fraudulentas y engañosas. Además, se ha hecho mención a posibles amenazas dirigidas a quienes se atrevieron a denunciar estos hechos”, amplió.

Loyola destacó “la gravedad de la situación y a la necesidad de tomar medidas cautelares”, como la prisión preventiva, “para garantizar que los acusados no eludan la justicia y que se puedan llevar a cabo las investigaciones pertinentes” porque “las víctimas merecen justicia y reparación, y es esencial asegurar que los responsables rindan cuentas por sus acciones”, subrayó.

El abogado José María Silvela, defensor de los acusados, argumentó que en la acusación se planteó que “los acusados estaban involucrados en maniobras fraudulentas sin proporcionar detalles precisos sobre las acciones en cuestión y cuándo ocurrieron”. Sumó que, “según la normativa vigente, un contrato de mutuo implica que una parte entrega una cantidad de bienes que la otra parte está autorizada a consumir. En otras palabras, se trata de un acuerdo voluntario en el que el prestamista actúa con discernimiento y libre albedrío al entregar el dinero”, dijo el defensor, para luego añadir que “la cuestión de si se estaba ante un tipo de contrato o no, debería discutirse en otro ámbito y no en un proceso penal”.

Silvela argumentó también que “no se ha demostrado la existencia de una asociación ilícita entre los acusados, ya que, según la ley, esto requiere un acuerdo de sus miembros para cometer delitos”.

En una parte de la maratónica audiencia, el juez Gustavo Bumaguin permitió a las víctimas presentes dar su testimonio. Una mujer expresó: “En una reunión privada, Matías S. y Fernando S., me dijeron que no estaban dispuestos a desinvertir para devolverme mi capital, a pesar de que construyeron su fortuna con nuestros fondos, sacrificio y ahorros de toda una vida. Necesitábamos el dinero porque mi hijo iba a una operación. En abril, teníamos la fecha programada y pedimos que nos devolvieran el dinero. No solo carecieron de empatía, sino que nos enviaron a un estudio jurídico para intentar hacernos firmar otro contrato. Le pido, señor juez, que se imponga una pena ejemplar, porque nos han robado nuestros sueños”, aseguró.

También expusieron dos exempleados del grupo Spaggiari, de apellidos Gareto y Ullman, quienes comentaron el desenvolvimiento de la empresa, la expansión de la misma y los problemas financieros que derivaron en la modalidad de recibir y administrar el dinero de los ahorristas, hasta que a fines de 2022 se cortó la cadena de pagos de intereses, lo cual generó la ola posterior de denuncias.

En tanto, prestó declaración Matias Spaggiari, quien aseguró que “todo fue en blanco” y que los ahorristas, ahora damnificados, entregaron sus fondos en forma voluntaria. Agregó que “los empleados siempre estuvieron en blanco, por ende no hay una asociación ilícita”, e insistió en que el objetivo del grupo inmobiliario “nunca tuvo un fin criminal” sino que “simplemente se atrasaron con los pagos”.

Cerca de las 23, el juez Bumaguin resolvió ordenar la prisión preventiva para los hermanos Spaggiari y su madre, quien cumplirá dicha prisión bajo la modalidad de domiciliaria. Además, cada uno de ellos sufrirá la inhibición de sus bienes por unos 200 millones de pesos.

En el mismo dictamen, el juez resolvió que los 5 acusados restantes -Carolina Schaberger (22), sobrina de los sindicados jefes; Germán Garetto (49); Gabriel Lorenzo Ulman (56); Myriam Bravo (54) y Cristian Clemenz (39), enfrentarán una caución personal de 50 millones de pesos. Además, no podrán acercarse a las víctimas, no podrán ausentarse del país y semanalmente deberán presentarse ante la justicia.