Se levanta con el sonido de los pájaros y le encanta hacer pulseras que teje con la minuciosa técnica ancestral del chaguar que aprendió cuando era pequeña. Le gusta leer y jugar con otros chicos. En poco más de un año, la vida cambió completamente para esta joven de 14 años que había sido institucionalizada cuando era muy chica.

La adolescente pertenecía a la comunidad wichi de El quebracho, ubicada en el kilómetro 5 de la ruta 86, en Tartagal, Salta. Tras el fallecimiento de su abuelo, luego de una situación de desalojo de los wichis en noviembre de 2014, y sin ningún adulto responsable a su cargo, fue declarada en estado de adoptabilidad en 2019. En principio se hizo una convocatoria en la zona para encontrar una familia, luego en la región y, más tarde, sin la aparición de postulantes, el llamado alcanzó nivel público nacional. Pero tampoco en esa instancia hubo interesados.

“Fue un proceso largo. Cuando una niña está durante muchos años en una institución puede adquirir características como de no hablar mucho, de retraerse. Sin embargo, cuando fue creciendo nos dimos cuenta que tenía que ver con algunas pautas culturales porque su familia era de la comunidad wichi y había sufrido un desarraigo”, explica Carmen Elena Juliá, jueza en lo Civil de Persona y Familia, segunda nominación en la ciudad de Tartagal, Distrito Norte, del Poder Judicial de la Provincia de Salta.

La jueza sostiene que la tristeza de la joven se acrecentaba y era necesario buscar una solución, encontrar una familia, porque en pocos años cumpliría 18 y entraría a un programa de egreso asistido del hogar. “Seguíamos buscando, pero no aparecían postulantes y la veíamos triste. Entonces junto al equipo que trabaja en la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia pensamos en la posibilidad de vincularla con un colectivo de mujeres de distintos pueblos que pertenece a la radio La voz indígena. Ella empezó a hacer actividades y talleres en la radio, queríamos ver cómo se sentía al ponerse en contacto con su cultura”, aclara la jueza.

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En poco tiempo, notaron un cambio favorable, estaba más animada, volvía de la radio contenta y con ganas de regresar. “Empezamos, entonces, a pensar en la posibilidad de encontrar un postulante de alguna comunidad indígena”, señala Juliá. Pero esto era muy difícil de implementar por los requisitos legales que se necesitan para una adopción. “Mientras tanto, el niño sigue creciendo y no puede esperar a las instituciones”, sostiene la jueza.

En este contexto de revinculación con su cultura a partir del colectivo de mujeres indígenas, se presentaron miembros de la comunidad wichi que tenían algún parentesco con la adolescente. “Pueden tener un vínculo, pero muchas veces en las comunidades no pueden acreditarlo con documentación. Entonces comenzamos una vinculación con un matrimonio de la comunidad. Ella empezó a conocerlos y a participar activamente dando su opinión en cada paso”, aclara Juliá.

Este proceso tomó un año en el que la relación con esta familia y con su comunidad avanzó tanto que la adolescente no quería volver al hogar. “A partir de este nuevo panorama se trabajó con la comunidad que la incluyó y todo fue favorable. Pero como no podía salir en adopción porque no se cumplían los requisitos que manda ley, la única figura jurídica posible era la tutela con una adaptación en la medida que se determina el apoyo de la comunidad para la inclusión de esta joven. A la vez, se designó como red de contención al colectivo de mujeres indígenas”, señala la magistrada.

Y explica que, para adoptar, las personas tienen que tener un legajo y tienen que estar inscriptas en un registro y pedirle a este matrimonio que fuese a presentar esos papeles iba a ser imposible. “Por eso muchas veces es necesario avanzar con ajustes razonables para dar una solución efectiva. Cuando se habla del acceso a la justicia de personas vulnerables se trata precisamente de hacer ajustes razonables para que puedan acceder a ella en condiciones de igualdad. Hay que buscar la institución jurídica más beneficiosa para este caso. Sino todo quedaba en la nada y ella seguía en el hogar”, advierte.

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Una gran familia

Para Paula Gabriela Tkaczek, directora de la Delegación Regional Tartagal de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, lo llamativo del caso es que se le entrega la tutela legal a una pareja wichi pero al mismo tiempo se establece como red de sistema de apoyo tanto a toda la comunidad y al colectivo de mujeres indígenas. “La comunidad quiso tenerla porque ella es parte y es una lucha de los pueblos originarios que no haya desarraigo de los niños del colectivo que se encuentren en estado de vulnerabilidad”, aclara.

Por su parte, Isaías Fernández, cacique de El quebracho, asegura que, en estos momentos, la comunidad está a cargo de la adolescente que salió del hogar y ahora vive con su hermano y su esposa. “Creo que la sangre nos atrae como familia. Para ella no ha sido muy difícil adaptarse porque tiene sangre originaria. Enseguida conectó porque, a pesar de que vivió en otro ámbito, en un lugar donde no le hablaban su idioma, ella nunca olvidó de dónde viene”, cuenta. Y subraya que en su cultura nunca han visto niños abandonados viviendo en las calles: “Cuando quedan huérfanos la comunidad se hace cargo y alguna familia toma la decisión de cuidarlos. Ella ahora vive bien, tranquila, siente paz”.

Julieta Lorenzo y Rocendo Fernández, padres de cinco hijos, tienen la tutela de la niña. “Ella dice que acá está libre por eso anda contenta, de aquí para allá. La comunidad acá la apoya mucho. Eso nos hace bien”, dice Julieta. Por su parte, Rocendo, que trabaja como enfermero en el hospital de Tartagal, sostiene: “Los primeros días no hablaba tanto, solo decía palabras cortas, respondía sí o no, pero ahora está hablando más, lee, tiene sus propios libros, teje, se está adaptando a la comunidad que la recibió muy bien. Nosotros sentimos una alegría inmensa como familia porque recuperamos a un ser querido”, dice.

Con una gran sonrisa y rodeada de toda la comunidad, la joven formó parte de la audiencia que tuvo lugar el 6 de octubre pasado en la comunidad wichi de El quebracho rodeada de su gente. Allí la jueza otorgó su tutela a Rocendo y Julieta y fue el final de una etapa de desarraigo que había comenzado hace nueve años. “El cambio que ella hizo fue muy grato. Era una niña que tenía una personalidad apagada y hoy se la ve sonriente”, cuenta Tkaczek. Durante los próximos seis meses, el equipo del Ministerio Publico Pupilar de Salta y el juzgado interviniente realizarán el seguimiento de la joven para garantizar la adaptación total al núcleo familiar. Además, se ordenaron módulos alimentarios para brindar ayuda económica a la familia.

La licenciada en Ciencias Antropológicas, técnica del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena y parte del equipo de acompañamiento de La voz indígena, Leda Kantor, sostiene que la medida fue un éxito en todo sentido porque la niña está al cuidado de gente que le abrió los brazos y vela por su bienestar. “Ella está recuperando la competencia lingüística, ya entiende perfectamente el wichi. Pudo volver a sus orígenes y este fallo sienta un precedente a nivel de jurisprudencia que significa empezar a tener en cuenta la cultura y la idoneidad de los niños para recuperarla”, finaliza.

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