La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, publicó la sentencia final del juicio por la expropiación de YPF. Hasta ahora, la magistrada había difundido dos fallos que en el derecho estadounidense se llaman de “opinión y orden”, pero faltaba la sentencia final con el monto definitivo con el que el Estado argentino deberá indemnizar a los fondos Burford e Eton Park. La jueza confirmó que la Argentina deberá pagar casi US$16.100 millones. A partir de ahora, el país puede apelar el fallo.

Preska publicó su primer fallo de “opinión y orden” a fines de marzo pasado, cuando determinó que el Estado argentino debía pagar una indemnización por la expropiación del 51% de las acciones de YPF y donde eximía de responsabilidades a la petrolera.

El segundo fallo lo publicó la semana pasada. Allí determinó que la fecha de expropiación fue el 16 de abril de 2012, cuando el Estado decretó la intervención en la empresa, y que la tasa de interés acumulada del pago de la indemnización iba a ser del 8% anual en dólares. A raíz de estos datos, se confirmó la fórmula para calcular el monto de la indemnización.

Para que la Argentina pueda apelar, la sentencia debía ser la final. “En el historial de fallos de Preska, la jueza da una opinión y una orden y pide que los demandados y los demandantes se junten a escribir la sentencia final. Durante esta semana vimos que los fondos y el Estado argentino no se pusieron de acuerdo y cada uno mandó su interpretación de lo que debería ser la sentencia. Por lo tanto, se esperaba que Preska tomara esas dos interpretaciones y publicara la sentencia, como hizo”, explicó Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior.

El Estado argentino pagará US$14.385 millones al fondo Burford Capital (US$7533 millones de daños y US$6852 millones de pago de intereses acumulados entre el 3 de mayo de 2012 y el 15 de septiembre de 2023) y US$1714 millones a Eton Capital (US$897,7 millones de daños y US$816,6 millones de intereses). Asimismo, a medida que la Argentina no pague la indemnización, tendrá que pagar una tasa variable del mercado estadounidense que ajusta de manera semanal. Actualmente, se encuentra en 5,42% anual.

El Estado argentino ya dijo que apelará el fallo, al igual que harán los fondos sobre el fallo que eximió de responsabilidades a YPF. Una vez hecha la apelación, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito se toma entre 9 y 12 meses para decidir si acepta el juicio. Es la anteúltima instancia antes de apelar a la Corte Suprema.

Al momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen –que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF– entraron en quiebra.

Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos, cuando salió a cotizar en bolsa. Según el artículo 7º del estatuto, cuando un inversor compra más del 15% de las acciones, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.

En su momento, la Argentina no hizo la OPA y el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, que era interventor en YPF, dijo en el Congreso, antes de votarse la ley de expropiación: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.

Tanto los demandantes como la jueza Preska citaron esa frase para justificar los alegatos y el fallo. “La República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’“, dijo la magistrada, en el fallo de la semana pasada.

La defensa argentina planteó en todo momento que la Constitución está por encima del estatuto de una empresa y que se rigieron por la ley de Expropiación. Durante el juicio, el Estado también detalló que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco de España y un 30% de la indemnización que resulte de la sentencia por el derecho a demandar, luego de que las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraran en ese país, donde fueron constituidas.

Las compañías Petersen eran propiedad de la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz, donde trabajó durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, encargado de liderar la defensa jurídica del Estado argentino. Pese a que el expediente de juicio en Nueva York figura que los demandantes son las empresas Petersen, la familia Eskenazi dice que el grupo, con operaciones en el país, “es totalmente ajeno a la demanda”.

Las empresas Petersen habían comprado el 25% de las acciones de YPF a Repsol, el 21 de febrero de 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Primero pagaron US$1100 millones por el 14,9% de las acciones y luego US$2200 millones por el 10,1% restante, según los valores de mercado de ese entonces. Para ello, habían obtenido créditos por parte de un grupo de bancos europeos, que se iban a devolver con las utilidades de las acciones. Cuando la Argentina tomó el control de la firma, se suspendieron el cobro de dividendos y las empresas quebraron.

El fondo Eton, por su parte, había comprado el 3,04% de las acciones de YPF en noviembre de 2010 por un total de US$458 millones.

En mayo de 2014, Kicillof arregló una indemnización de US$5000 millones a la petrolera española Repsol por el 51% de las acciones que tenía cuando fueron expropiadas.

La demanda contra YPF y la República Argentina comenzó en abril de 2015. Actualmente, el 100% de YPF vale US$5034 millones, según su cotización en Nueva York. Pero la Argentina deberá pagar el triple de ese valor por la expropiación de 2012.