Como parte de sus intentos por atender la crisis de inmigración ilegal, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, habilitó un gran jurado estatal para establecer recomendaciones de nuevas restricciones y políticas, que quedaron plasmadas en un extenso informe publicado a principios de la semana. Ahora, este pasó a los legisladores, quienes deben determinar la manera de ejecutar los lineamientos.

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“Corresponderá a Florida y a otros estados ayudarse a sí mismos, al menos a corto plazo”, refiere el documento publicado en el sitio de la Suprema Corte estatal, en referencia a la inacción del gobierno federal ante estas problemáticas. “Aprendimos que muchos floridanos son (como lo éramos nosotros antes de emprender esta investigación) casi peligrosamente ingenuos e inconscientes de la verdadera magnitud y malevolencia de la industria de la inmigración ilegal”, señalaron los miembros del gran jurado en sus conclusiones.

Entre las medidas establecidas para contrarrestar la inmigración ilegal en Florida, se impone la obligación de que las empresas comprueben los nombres de los posibles empleados en una base de datos federal de inmigración, así como fijar un impuesto para las remesas, que son las transferencias de dinero enviadas al extranjero; además de poner bajo la lupa a grupos que realizan labores humanitarias con los migrantes.

“Lo que hemos descubierto ha sido en diversos momentos aleccionador, perturbador, deprimente y causa de una significativa indignación”, refiere en otra parte de las conclusiones del gran jurado, cuyas las líneas de acción que se proponen, ha generado sorpresa en algunos analistas.

El gran jurado se constituyó en el 10 Circuito Judicial, que está formado por los condados de Polk, Hardee y Highlands; aunque estaba previsto que sus labores terminarán el 1° de noviembre, la Corte aprobó ampliar su mandato hasta abril de 2024.

E-Verify para todas las empresas

Una de las propuestas fundamentales del jurado implica una ampliación de las medidas contra las empresas que contratan a inmigrantes indocumentados. “Sugerimos eliminar la exención para las empresas con menos de 25 empleados, ya que proporciona demasiados incentivos para que los inescrupulosos ‘burlen el sistema’”, refiere el documento.

Con esta recomendación, pretenden alinearse y llevar más lejos, la reciente aprobación de la ley SB 1718 que requiere que las empresas con 25 o más empleados utilicen el sistema federal E-Verify para revisar el estatus migratorio de los solicitantes de empleo antes de que sean contratados. “Recomendamos que nuestros legisladores evalúen la viabilidad de hacer que los contratistas generales sean plenamente responsables legalmente, de garantizar que sus subcontratistas contraten solo a trabajadores legales”, sugiere el informe.

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Investigación contra ONGs

El informe también lanza duras críticas hacia algunas organizaciones no gubernamentales (ONGs) que reciben fondos federales para ayudar a inmigrantes indocumentados porque, aseguran, “obstaculizaron activamente nuestra investigación, negándose a proporcionar información citada y rehusándose a responder algunas preguntas directas”.

Con este contexto, el jurado propuesto por el gobernador DeSantis recomendó la creación de otro gran jurado estatal para enfocarse específicamente en hacer una revisión exhaustiva y establecer los lineamientos que deberían imponerse a estas agrupaciones.

Más filtros a las remesas

El gran jurado mencionó los envíos de dinero que realizan los migrantes a sus familiares en el extranjero, mejor conocidos como remesas. De acuerdo con análisis, estas transferencias podrían estar vinculadas a actividades delictivas, como el lavado de dinero y el tráfico de personas.

Con base en una restricción previamente autorizada en Oklahoma, el jurado instó a que Florida imponga una tarifa sobre las transacciones de dinero que salen desde Florida hacia otros países: “Hay una cantidad asombrosa de dinero que abandona no solo la economía de nuestro estado, sino la de todo nuestro país”.

La propuesta al respecto es fijar una comisión de cinco dólares por cada envío de dinero al exterior que no exceda los US$500, además de una tasa de 1% por cada dólar después de ese límite. Con este modelo, esperan que el Departamento de Hacienda de Florida retenga unos US$40 millones al año.