Un tribunal de San Petersburgo condenó a Alexandra Skochilenko, una activista de 33 años, a siete años de prisión por sustituir los precios de productos de supermercados por mensajes contra la invasión rusa a Ucrania. La mujer reconoció los cargos pero criticó una legislación rusa que es cada vez más exigente contra aquellos que no apoyan las acciones militares del gobierno de Vladimir Putin.

La policía la detuvo en abril de 2022, casi dos meses después del inicio de la invasión. La fiscalía le solicitó al tribunal que se la condene a ocho años de prisión, mientras que la defensa pidió su absolución, alegando que la estancia en prisión implicará un riesgo para su vida por las enfermedades crónicas que padece.

La activista y artista había sido condenada previamente a no poder realizar actividades en las redes sociales o en Internet por tres años. En los días posteriores a la invasión rusa, Alexandra, en nombre de un colectivo feminista, reemplazó las etiquetas de varios productos de un supermercado de San Petersburgo por frases como: “Las fuerzas rusas han destruido el 80% de Mariúpol, ¿para qué?”, “La gente que conozco se esconde de las bombas rusas en el metro. Ninguno de ellos es nazi”, “Detengan la guerra” o “Putin nos ha engañado por televisión durante 20 años, ahora se está preparando para justificar una guerra inútil”, según recoge la cadena británica BBC.

Skochilenko, si bien reconoció los cargos, criticó a la Justicia rusa por criminalizar cualquier tipo de activismo contra la guerra. Durante el proceso, que duró más de un año, declaró: “¿Cuán poca fe le tiene la fiscalía a nuestro Estado y a la sociedad si piensa que el orden público y la seguridad pueden arruinarse por cinco pequeños trozos de papel?”.

En este marco, fue su hermana quien denunció temer por la seguridad de Alexandra debido a sus enfermedades crónicas, como la celiaquía y un defecto cardíaco que hace que su corazón deje de latir por dos o tres segundos.

Amnistía Internacional reveló que el gobierno ruso tomó represalias contra más de 20.000 activistas que se manifestaron en contra de la guerra en 2022. “Se adoptan y aplican inmediatamente nuevas y absurdas leyes que criminalizan a quienes expresan libremente sus opiniones. Se ha desplegado el deficiente sistema de justicia penal, caracterizado por unos juicios injustos, para repartir penas de prisión y cuantiosas multas destinadas a silenciar a las personas críticas ante la más mínima disidencia”, declaró Oleg Kozlovsky, investigador de Amnistía.

Las penas por realizar acciones contra la guerra van desde siete a quince años de prisión. Entre las personas detenidas se encuentra el locutor Vladimir Rumyantsev, condenado a tres años de prisión por informar sobre la guerra desde su departamento utilizando medios de comunicación proscriptos por el gobierno.

Las intimidaciones rusas también incluyen despidos, cancelación de conciertos y etiquetar a ciudadanos como “agentes extranjeros”.