A más de una semana de conocerse el lujoso viaje del ahora exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, a Marbella con la modelo Sofía Clerici en plena campaña electoral, el también intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora comienza a desplegar su estocada legal para defenderse en la Justicia. Como el escándalo se extendió a Uruguay por un supuesto pago que le habría hecho a su exesposa, Jésica Cirio, para arreglar el divorcio -algo que ella niega-, contrató allá al reconocido abogado Jorge Barrera, ya activo para su cliente.

“No podemos permitir que con la acusación de esos giros inexistentes se afecte la credibilidad del sistema financiero uruguayo”, aseguró a LA NACION desde el otro lado del Río de la Plata el letrado de Insaurralde, que se abocará solo a sus problemas legales allí.

Ayer por la tarde, Barrera hizo una presentación -adelantada por el diario El País- ante el fiscal de lavado de activos Enrique Rodríguez para que se aceleren las investigaciones y así determinar que, según su planteo, nunca existió ese manejo de dinero de parte del referente oficialista bonaerense, que renunció a su cargo Ejecutivo luego de la filtración que la propia Clerici hizo de las fotos juntos en un yate en medio del Mediterráneo.

“Solicitamos, lejos de querer dilatar o entorpecer la causa, que de forma urgente se solicite a la UIAF , al Banco Central y a la Senaclaft que revistan las actuaciones a efectos de determinar la inexistencia absoluta de la transacción por parte de Insaurralde”, marcó Barrera, quien dijo que se enteraron por los medios de comunicación que el Banco Central de Uruguay había iniciado una investigación de oficio para determinar si el exfuncionario de Axel Kicillof, quien iba a buscar una banca como concejal en las elecciones de octubre, realizó de manera directa o indirecta el pago de 20 millones de dólares a Cirio.

Esa pesquisa comenzó tras un escrito que la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña derivó al titular de la Senaclaft uruguaya, Jorge Chediack, para que establezca primero si están los fondos y, en caso de que así sea, si provienen de alguna actividad ilícita.

Descreído de que ese tipo de movimientos puedan realizarse en su país, Barrera alegó ante LA NACION que de detectarse esa suma tan abultada en el sistema local (una plaza más chica que la Argentina) -tanto como destino o como pasarela de pago- debería haber existido una reacción inmediata de las autoridades de control. “¿Alguien puede creer que un oficial de cumplimiento va a autorizarlo sin reportar?”, se preguntó.

Para sumar a esa versión el penalista aclaró que, dentro del marco legal uruguayo, Insaurralde debería haber sido considerado como una Persona Expuesta Políticamente (PEP), para quienes rige incluso un régimen más intenso de controles. “Se entiende por personas políticamente expuestas a aquellas que desempeñan o han desempeñado en los últimos cinco años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales, o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas”, dice el artículo 20 de la ley contra el lavado 19.574.

Además, y pese a que no ejerce la representación legal de Jésica Cirio, Barrera adelantó a LA NACION que en el escrito mencionó a la conductora de Telefe ya que allá se ve la televisión argentina. Entonces destacó que la exesposa de Insaurralde es un personaje conocido, lo que debería haber desencadenado otra alarma de los encargados de supervisar movimientos de sumas millonarias, siempre bajo el supuesto de que tanto Insaurralde como Cirio actuaron bajo su nombre en algún tramo de la sospechada operación.

“No se necesita ser oficial de complimiento para saber quiénes son”, señaló el abogado con respecto a la pareja, mientras espera “que se activen ya” las investigaciones que pidió.

En la Argentina, tanto Insaurralde como Cirio y Clerici acumulan otra serie de expedientes que avanzan en la Justicia. Para los tres, en una de las últimas novedades, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó levantar el secretario fiscal y bancario.

De momento, Clerici dijo que el barco en el que paseó por España con el pope bonaerense se lo prestaron a ella y que los regalos que ostentó en Instagram (una cartera y un reloj de lujo) los había recibido de otros amigos; por su parte Cirio negó en la televisión todas las acusaciones en su contra; e Insaurralde y su círculo más cercano de colaboradores se mantienen en un hermético silencio.