Quizás durante los próximos cuatro años María Alejandra L.Q. no tenga que mirar todo el tiempo hacia atrás por sobre su hombro, aterrada, ante la posibilidad de que aparezca el hombre que, según ella asegura, los quiere matar a ella y a su familia desde hace más de una década. Ese es el tiempo que Carlos Marcelo Di Stefano, su exesposo, tendrá prohibido salir de la Argentina, en caso de que el juez correccional de San Martín Claudio César Frega homologue hoy el acuerdo de juicio abreviado en el cual se propuso, además, que él reciba una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo por insolvencia familiar fraudulenta, amenazas agravadas reiteradas e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Esta mañana se realizará una audiencia híbrida, en la que la damnificada declarará desde Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, a través de Zoom. Su declaración se realizará en el contexto de la ley de víctimas, que les da voz en el proceso cada vez que la Justicia debe tomar una decisión en los casos que tienen impacto sobre ellas.

Luego de eso, la Justicia estará en condiciones de dictar sentencia y, eventualmente, homologar el acuerdo al que llegaron la querella y la defensa, con la anuencia del imputado: dos años de prisión efectiva y cuatro de prohibición para salir de la Argentina. Eso es lo que espera María Alejandra para tener un tiempo de tranquilidad en su vida.

Todo quedará sujeto, por supuesto, a la voluntad del acusado. Su detención, el domingo pasado, en el aeropuerto de Ezeiza, fue el epílogo de un último capítulo infame. Acababa de llegar de Madrid, desde donde había regresado sin avisar a la Justicia y a la policía de la capital ibérica, que le habían impuesto una restricción monitoreada por una tobillera electrónica.

A pesar de que tenía prohibido salir de la Argentina, por la causa que tenía pendiente y se resolverá hoy, Di Stefano voló a España a fines de abril y, tras pasar tres días en un hostel, alquiló un auto en el que se presume que, durante tres semanas, durmió junto a la ruta durante semanas mientras, según se sospecha, controlaba todos los movimientos de su ex y de la familia a través de un celular que había pegado con cinta adhesiva debajo del chasis del coche de la mujer.

Como reveló LA NACION, ella lo descubrió providencialmente el 26 de mayo pasado, porque el teléfono se despegó y cayó en su garaje. En ese mismo instante, María Alejandro supo que estaba en peligro real, que su ex estaba cerca y podía matarla, como había amenazado con hacerlo. Acudió de inmediato a la Comisaría de la Mujer de Madrid.

Seguramente Di Stefano supo enseguida lo que había ocurrido, porque en ese momento intentó irse rápidamente de España, pero lo atraparon en el aeropuerto de Barajas.

Él, al declarar en calidad de “investigado”, según consta en el expediente judicial que tramita en Madrid, “negó haber colocado teléfono alguno en los bajos del vehículo de María Alejandra y negó haber amenazado a la misma, sosteniendo que la finalidad de María Alejandra siempre ha sido apartarle de sus hijos”, y que la finalidad de su viaje a España había sido, precisamente, retomar el contacto con ellos.

La abogada que lo representó en la audiencia se opuso a que se dicten medidas restrictivas en su contra. Sostuvo que no existían “indicios racionales de criminalidad ni riesgo alguno” para Alejandra y sus hijos. Di Stefano solo pidió que les preguntaran a sus hijos si deseaban verlo.

Sin embargo, la jueza española que tomó el caso dio por hecho que la situación que se cernía sobre Alejandra era de “riesgo extremo”, como la calificó la policía madrileña en su investigación. Por eso, le impuso una restricción de 1000 metros para acercarse a su hija, a su exesposa, a los hijos de ella y a su nueva pareja. Tampoco podía comunicarse con ellos bajo ningún concepto y por ningún tipo de medio. Es más: debía abandonar, directamente, el territorio de Pozuelo de Alarcón.

Le colocaron una pulsera electrónica para monitorear que no se acercaría. Pero a las 1.51 del domingo, Alejandra advirtió que la señal se había perdido y la policía lo comprobó. Claro: Di Stefano no le avisó a nadie, fue a Barajas y tomó el vuelo UX041 hacia Buenos Aires. Cuando pasó por Migraciones, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvieron. Curiosamente, llevaba puesta la tobillera electrónica; tenerla colocada y activada no le impidió pasar los escáneres de la aeroestación ibérica y tomar un vuelo.

Según confió a LA NACION el abogado Jorge Cancio, conocedor al detalle del caso porque llevó durante años el expediente, hasta que asumió en 2021 como subsecretario de Transporte bonaerense, el miércoles pasado se llevó adelante una audiencia de partes por la causa 1036/2019, por insolvencia familiar fraudulenta, por la cual el juez correccional de San Martín Claudio César Frega había dictado la detención y captura de Di Stefano.

Esa audiencia tenía fecha inicial para el lunes. Pero el viaje intempestivo de Di Stefano, su tumultuoso regreso desde España y su detención en Ezeiza trastocaron los planes. El lunes no pudo ser conducido a los tribunales de San Martín y la comparecencia se postergó.

Las partes, finalmente, llegaron al acuerdo de juicio abreviado en el que el acusado aceptaba una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo y cuatro años de prohibición de salida del país. La última palabra, ahora, la tiene el juez correccional Frega.

“Pensábamos que se iba a quedar allá. Y que iba a tratar de matarla a Alejandra. Él vendió tres autos por 13 millones de pesos, tenía fondos suficientes como para contratar a cualquiera para cumplir ese designio. Esto es algo que lleva años, y él nunca se ajustó a cumplir con las medidas que le dictaban. Cada vez que se agregaba una causa, pedíamos su detención porque era obvio que había riesgo procesal. Y no pasaba nada. Ahora también le va a quedar en España una causa por acoso; se tomaron medidas de seguridad y está la causa por desobediencia, más lo que se investiga para ver si hubo una tentativa de homicidio”, precisó Cancio.

A eso se suma, claro, la última violación a la norma española, que fue la de haberse ido del país con la tobillera electrónica de monitoreo colocada. Eso ya es investigado por el Ministerio Público en Madrid, en orden al delito de desobediencia.

La percepción del riesgo tenía fuertes fundamentos: antes de ir a vivir a España con su nueva pareja, con la que tuvo dos hijos, y la hija menor de su matrimonio con Di Stefano, María Alejandra había realizado casi treinta denuncias por violencia de género, que le valieron el dictado de 12 medidas de restricción perimetral de acercamiento.

“Lo único que quiere la víctima es que se cumpla el acuerdo tal cual como se ha elaborado. Creo que es lo más razonable, y hasta creo que justo. Dos años de prisión efectiva, para la ley argentina y en virtud de los delitos que estamos hablando, considero que es correcto. Y, obviamente, la otra parte es que siga en España lo que tiene que seguir, porque tenemos serias dudas de lo que pasó allá”, afirmó el abogado que patrocinó durante años a María Alejandra.

Es que, en España, las autoridades no dieron por cerrado el proceso con la salida del país de Di Stefano. En principio, lo investigaron por hostigamiento en contexto de violencia de género, sin perjuicio de que se intentará determinar, además, si el objetivo era la simple intimidación o, eventualmente, un paso más grave: el atentado contra la vida de su exesposa, del nuevo marido o de los hijos de la pareja. O sea: podría sumar un cargo por tentativa de homicidio.

En la Argentina, Di Stefano enfrentaba un proceso por delitos de insolvencia fraudulenta alimentaria e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, por desprenderse de bienes de su propiedad y no pagar la cuota alimentaria a sus tres hijos.

En 2011, Di Stefano fue condenado por amenazas agravadas por el uso de armas de fuego, en perjuicio de la madre de su exesposa; frente a sus propios hijos, se cortó con un vidrio y, con su propia sangre, escribió varias veces “puta”.

Eso le valió una sentencia de un año y siete meses de prisión. Pero como no cesó en los hostigamientos, la pena se amplió dos meses.

Según el abogado de la víctima, “durante el divorcio, Di Stefano obligó a la señora L. Q. a ceder la mayoría de sus bienes a su favor, disolviendo la empresa que tenían en común de forma totalmente favorable a él. Intervino el Juzgado de Familia y no homologó el convenio , por no contemplar los derechos de los hijos menores.

En este punto, entonces, se denunció la eventual insolvencia fraudulenta de aquella empresa, hecho que motivó la investigación que ahora se está por cerrar con un acuerdo de juicio abreviado.

En el fuero civil, en tanto, prosigue otra causa por la falta de pago de las distintas sentencias del Juzgado de Familia en concepto de cuota alimentaria incumplida, de la que ocasionalmente pagó sumas exiguas. Al día de hoy, acumula una deuda de mas de 13 millones de pesos en concepto de alimentos.