El proceso electoral español sigue indefinido y con pronóstico reservado. Cabe recordar que en los comicios de julio pasado el Partido Popular (PP) obtuvo 136 diputados con el 32,77% de los votos y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) conquistó 122 escaños, con el 31,86%. Al no obtener ninguno de los dos partidos la mayoría absoluta en el Parlamento de 350 escaños se impuso una política de alianzas.

Desde entonces, el candidato a presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el actual presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, maniobran para sumar adhesiones de otras fuerzas políticas. En ese contexto, los siete diputados que obtuvo Junts Per Catalunya (JxC) el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la justicia en Bruselas, se han vuelto determinantes.

El líder independentista dio a conocer cuáles serían sus condiciones para que su partido apoye la conformación del gobierno español. Puigdemont ha requerido, entre otras cuestiones, una ley de amnistía para él y para las personas sobre las que pesa algún cargo por haber participado o colaborado en el referéndum de autodeterminación del 1° de octubre de 2017, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos.

La propuesta fue rechazada de plano por el líder de PP quien, por encargo del rey Felipe VI, debe cumplir la formalidad de reunirse con los representantes de las demás fuerzas, aun las regionales, para buscar apoyo a su investidura, que será debatida mañana y pasado mañana en el Congreso. Nuñez Feijoó descartó reunirse con JxC por considerar que nunca se debió llegar al extremo de que las condiciones al gobierno de España las fijara un político que está prófugo y que quiere fragmentar el país.

Numerosas han sido voces que se pronunciaron con críticas fuertes a la posible amnistía, no solo desde la oposición sino también de dirigentes históricos del PSOE, como Felipe González, quien opinó: “La Constitución no es un chicle, no cabe la amnistía ni la autodeterminación”. También en ámbitos académicos señalaron que la amnistía ocasionaría serios problemas legales.

Pedro Sánchez está cada vez más condicionado por las exigencias que otros partidos políticos le imponen a cambio de facilitar su reelección que, lejos de favorecer una pronta investidura, acercan cada vez más la posibilidad de una repetición electoral.

Al polémico pedido de amnistía que exige el expresidente Puigdemont se suma la exigencia de Podemos, el partido con el que el PSOE gobierna desde 2020. A cambio de volver a dar el visto bueno a la investidura de Sánchez, Podemos exige lugares en el futuro gobierno, particularmente en el Ministerio de Igualdad, donde quieren que permanezca la polémica ministra Irene Montero.

Si bien Sánchez no hizo menciones sobre la posibilidad de avanzar en una ley de amnistía a los imputados en el proceso soberanista de Cataluña, manifestó estar dispuesto a buscar apoyo parlamentario “incluso bajo las piedras” y anticipó que el próximo gobierno será “progresista”.

Si Nuñez Feijoó no lograra en el debate formar gobierno, Sánchez tendrá dos meses para conseguir los apoyos para ser investido y, si tampoco lograra apoyo a su investidura, el Parlamento se disolvería y serían convocadas nuevas elecciones, probablemente a mediados de enero de 2024.

Mientras los máximos representantes del PP y del PSOE no se sienten a negociar, España estará condenada a la inestabilidad que podría derivar en una repetición electoral o en una mayoría con apoyos poco duraderos. El escenario político en el país ibérico ha estado marcado por una constante búsqueda de estabilidad y consenso en los últimos años. La fragmentación del Congreso ha hecho que la formación de mayorías para investir un presidente del gobierno sea un constante desafío.