Muchos argentinos trabajan de sol a sol. Viven en una vorágine de subsistencia cada vez más profunda, sumergidos en deudas y sin poder aspirar a un futuro digno. La delicada situación económico-social no es nueva, pero se ha agudizado a tal punto de afectar gravemente a uno de los sectores más vulnerables: la infancia y adolescencia. Seis de cada diez niños y adolescentes son pobres hoy en nuestro país.

Los datos surgen del último informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, del prestigioso Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA. El análisis arranca en 2010 y, entre otros indicadores, abarca la alimentación, la salud, el hábitat, la crianza, la socialización, la educación y el trabajo infantil hasta fines de 2022. Resume que el 61,6% de los niños y adolescentes se encontraban entonces por debajo de la línea de pobreza y que experimentaban al menos una carencia de esos derechos. Casi dos de cada diez las sufrían en niveles severos que comprometían directamente su desarrollo. La población adolescente, por su parte, fue la más afectada por privaciones.

Entre 2010 y 2022, la inseguridad alimentaria se incrementó en un 44%; el mayor deterioro tuvo lugar en los últimos cinco años. Las ayudas alimentarias directas, a través de comedores escolares y comunitarios, que en pandemia rondaban el 46,5%, subieron al 60% en 2022. La contribución alimentaria indirecta, mediante subsidios y otros tipos de ayudas estatales tampoco logró evitar la profundización de la pobreza en este sector.

Como sociedad, debemos exigir a nuestros dirigentes que se aboquen a crear y ejecutar políticas públicas sostenidas que prioricen nuestra mayor riqueza. No podemos alimentar el sueño de un país con inclusión y equidad si primero no alimentamos y educamos a nuestros niños

y jóvenes

Al cierre del estudio, en 2022, un tercio de la población de niños y adolescentes sufría hambre: 1.600.000 chicos atravesaban privaciones alimentarias severas y más de 4.000.000 experimentaban inseguridad alimentaria. Seis de cada diez recibían algún tipo de alimentación gratuita, con incremento también en infancias de clase media, jaqueadas por la pérdida de ingresos durante los últimos tres años. Y cada día seguimos sumando nuevos pobres.

Si en el segundo semestre de 2022 la condición de pobreza, esto es personas que no acceden a la llamada Canasta Básica Total, alcanzaba al 61,5% de la población, ¿podemos imaginar a cuánto asciende hoy?

Graves falencias, muchas de ellas estructurales, en las condiciones de alimentación, vivienda, saneamiento, educación, salud e información golpean a nuestros niños y jóvenes, con casi un 15% de quienes tienen entre 5 y 17 años involucrados en trabajo infantil o en actividades domésticas intensivas. Casi un 40% de niños y adolescentes de zonas urbanizadas no accede al agua de red o carece de suficientes cloacas. Ni hablar de techo. Con hambre y amenazada su salud ningún ejercicio de imaginación permite vislumbrar que completarán su educación.

Llevamos demasiados años en manos de políticos que apuestan a mantener y hasta engrosar el número de pobres para mantenerse en el poder. Espeluznantes índices vienen confirmando cuán exitoso ha sido su modelo multiplicador de escasez y los resultados de recientes elecciones provinciales abonan un tenebroso futuro para esos votantes, muchas veces cautivos de esa dádiva que los somete cultural y electoralmente.

Trabajar por el bienestar de las infancias es un compromiso asumido por la Argentina como signataria de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, además de la jurisprudencia local en materia de protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Como sociedad, debemos exigir a nuestros dirigentes políticas públicas sostenidas que prioricen nuestra mayor riqueza. No podemos alimentar el sueño de un país con inclusión y equidad si primero no alimentamos y educamos a nuestros niños y jóvenes. En democracia, el desafío consiste en votar a quienes garanticen trabajar en la dirección correcta y estar dispuestos a hacer los cambios en el presente que sirvan para construir un mejor futuro. Uno que no expulse a quienes pueden irse y que asegure las condiciones para el desarrollo de sus potencialidades a los que habiten nuestro suelo.