CÓRDOBA.- El campo es, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el tercer sector económico más perjudicado por la política comercial a la vez que está entre los menos asistidos por el Estado. Los datos, elaborados a pedido de la comisión de Presupuesto de Diputados, corresponden al 2022 por lo que pueden haber registrado cambios por las últimas medidas instrumentadas y también por las previstas en el proyecto de presupuesto 2024.

El informe toma dos dimensiones, la Tasa de Protección Efectiva (TPE) que se vincula con la política comercial, y la Tasa de Asistencia Fiscal (TAF). Si se excluyen los servicios, el año pasado el 85% de los sectores económicos contaron con TPE.

“Suena electoralista”: reparos en el campo a una promesa de Massa por las retenciones

En ese segmento los que menos protección tuvieron -medida en porcentaje de valor agregado- son alimentos y bebidas (-20%); petróleo, gas y carbón (-6%), agro y ganadería (-3%) y minerales no metalíferos (-1%). La contracara son textiles (113%), cuero y calzado (80%) e industria automotriz (67%).

El diputado nacional Juan Manuel López, titular del bloque de la Coalición Cívica, en sus redes sociales se hizo eco del trabajo. Señaló que el reporte “confirma la inequidad de la política fiscal y comercial para con el campo” y subraya la “preocupación” por el “aumento de la carga tributaria para el sector agropecuario” incluida en el presupuesto 2024 enviado por el ministro y candidato Sergio Massa al Congreso.

La referencia es a Massa, quien se refirió a la exención de los inmuebles rurales del impuesto de Bienes Personales, dejando entrever que después de las elecciones el Congreso debería revisar la eximición del tributo para quienes tienen tierras en el exterior. Dijo que esto sería para avanzar para una matriz tributaria “más justa”.

“La discusión del Congreso en relación a los gastos tributarios y de la política fiscal, no puede escindirse de la discusión de la política comercial que, en el caso del sector agropecuario, adopta la forma de desprotección como consecuencia de los derechos de exportación”, plantea el legislador.

López enuncia que, mientras las empresas en el Régimen de Tierra del Fuego reciben una asistencia pública “del 142% respecto del valor que agregan a la economía, y los textiles del 114%, el sector agropecuario apenas estaría recibiendo un 5%”.

El diputado sostiene que ese porcentaje atribuido al campo está “sobredimensionado” ya que la OPC “innovó” en la comparación con el informe de 2019 “al considerar como asistencia fiscal la supuesta pérdida de recaudación por la exención de los inmuebles rurales de Bienes Personales”.

López entiende que es “cuestionable” tratar esta exención como un “gasto tributario” ya que, tal como surge de la separata del presupuesto presentada por Massa, “no constituye gasto tributario propiamente dicho, al no encuadrar en la definición jurídica del decreto reglamentario del Régimen de Responsabilidad Fiscal”.