Casi a las dos de la mañana del 15 de julio de 2020, los invitados a la fiesta se retiraban de la quinta presidencial de Olivos. Con igual descaro, tres años después la Justicia amenaza con retirarse, dejando un reguero de impunidad.

Aquel festejo para celebrar presencialmente el cumpleaños de la primera dama se convirtió en un escándalo nacional cuando se difundieron las imágenes que la mostraban junto al Presidente y una decena de sonrientes amigos en el comedor de la residencia. Eran tiempos de pandemia y el propio Alberto Fernández había prohibido todo tipo de reuniones por razones sanitarias.

A pesar de que en un primer momento negó las acusaciones, la prueba fotográfica era incontrastable. Sin prurito ni consideración alguna por la situación de millones de compatriotas que ni siquiera podían velar a sus muertos, quedó confirmado que el presidente Fernández se había autoexceptuado junto a su mujer –a quien incluso pretendió responsabilizar– del aislamiento social preventivo y obligatorio. El decreto que él mismo había impuesto a toda la sociedad prohibía la realización de eventos públicos y privados, de carácter social, cultural, recreativo, deportivo, religioso y de cualquier otra índole que implicara la concurrencia de personas.

La Justicia determinó que hubo una clara violación de la normativa vigente por el Covid-19, pero el Código Procesal Penal contempla que las causas penales pueden extinguirse si se realiza la reparación económica integral del perjuicio causado. El Presidente y la primera dama hicieron una oferta de unos 3 millones de pesos para zanjar la cuestión.

El magistrado no debió hacer lugar a la petición, pues la llamada reparación económica solo se aplica exclusivamente a delitos patrimoniales, al tiempo que no debería alcanzar a funcionarios públicos. Sin embargo, el juez Lino Mirabelli homologó el acuerdo tras el pago. Dado que se presentaron apelaciones, hubo que esperar a la definición de la Cámara de San Martín, que avaló el vergonzoso fallo.

En los últimos días, Sofía Pacchi –quien hasta último momento había sostenido que con su presencia en carácter de asesora no había cometido delito alguno–, Rocío y Florencia Fernández Peruilh, las tres imputadas que aún no habían ofertado pagar una reparación, accedieron a depositar cada una 250.000 pesos y evitaron así ser procesadas. Si el fiscal Fernando Domínguez y el juez Mirabelli consideran suficientes los ofrecimientos, todos los imputados terminarán recibiendo a cambio el sobreseimiento definitivo.

Entretanto, Pablo Musse, quien en 2020, tras viajar de Neuquén a Córdoba, no pudo despedirse de su hija Solange, quien estaba internada en grave estado, no baja los brazos. Como se recordará, pese a contar con los correspondientes permisos, debido a los controles sanitarios no pudo ver a su hija, en una dolorosa y lamentable situación que se repitió en distintas provincias. El juez en la causa penal que Musse inició contra los funcionarios dictó la “falta de mérito” y ahora se pide su apartamiento por su cercanía con uno de los imputados. Musse también denunció a Domínguez y a Mirabelli por prevaricato, acusándolos de haber aceptado una reparación económica, que calificó de “coima”, por provenir de funcionarios públicos. Aguarda que la Corte Suprema se expida sobre la cuestión, convertido en el único ciudadano que sostiene el justo reclamo de una ciudadanía asqueada de tanta impunidad.