Dice el dicho popular que si el animal tiene cuatro patas, cola y ladra, pues que se terminen las sospechas y se asegure que se trata de un perro. Para lo que sucedió esta mañana en el Boletín Oficial se podría utilizar el mismo procedimiento: si en medio de una campaña para elegir presidente y legisladores se crea un programa social nuevo mediante el que se pueden dar asistencias directas, bien vale sospechar que se crea una herramienta electoral.

La Argentina amaneció con un nuevo programa social, con presupuesto propio y hasta con la regulación de cómo será el formulario para pedir y rendir el dinero. Esta vez se trata de IntegrAr, un sistema “para las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, con el objeto de promover y acompañar el desarrollo de acciones para el abordaje, mejoramiento de la calidad de vida y cumplimiento de los derechos humanos”.

La creación, que se da en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, se despachó con la firma de la ministra Victoria Tolosa Paz y se publicó hoy en el Boletín Oficial, no deja de llamar la atención. Sucede que, más allá de la enumeración de propósitos, parece toda una paradoja que esa cartera no tenga herramientas como para llegar a los sectores más vulnerables, al punto de que haya tenido que dar a luz un pliegue administrativo nuevo.

Otro dato no menor. Tolosa Paz, además de haber tenido de inquilino al Presidente en uno de los departamentos que el matrimonio con Enrique (Pepe) Albistur tiene, ubicado en Puerto Madero, es una de las pocas aliadas que le queda a Alberto Fernández.

La funcionaria dejó este nuevo programa en manos de un hombre de su máxima confianza, Leonardo Moyano, actualmente secretario de Articulación de la Política Social. Sucede que en la estructura ministerial hay una interna a cielo abierto entre La Cámpora y los miembros del espacio de Tolosa Paz. De hecho, esta decisión de poner bajo esa jurisdicción un nuevo programa se suma a otra que tomó a principios de mayo.

Entonces, la ministra le quitó a La Cámpora el manejo de un proyecto que financia el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mediante el que se canalizan discrecionalmente alrededor de US$217 millones y se destinan al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre. Esta enorme caja la manejaba el alfil que el diputado Máximo Kirchner tiene en esa cartera, la camporista Laura Alonso.

El programa será financiado con los fondos de la “jurisdicción 20″, que corresponde a “Abordaje Territorial”, una caja que tiene presupuestados $51.872 millones, de los cuales se han ejecutado hasta hoy el 43,41%, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Economía. Las excepciones son las “soluciones habitacionales” que, siempre de conformidad con la norma, usarán fondos de la jurisdicción 53 (Integración Socio Urbana), que tiene un cheque anual de $11.817 millones (41% ejecutado).

De acuerdo con lo que se conoció, el nuevo programa IntegrAr tendrá como objeto “coordinar las acciones necesarias para implementar el relevamiento nacional de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle” y “articular acciones con organizaciones no gubernamentales y con los distintos organismos y niveles jurisdiccionales del Estado a fin de promover la integración social de las personas en situación de calle y familias sin techo”. Toda una declaración.

Además, dice la norma, se intentará “fortalecer a los actores mencionados para el desarrollo de dispositivos que contribuyan a la inclusión social”, además de “instrumentar el desarrollo de formaciones y capacitaciones interdisciplinarias dirigidas a los equipos técnicos y organismos gubernamentales y no gubernamentales que participen del abordaje de la problemática”.

Después de la enumeración de verdaderos verbos infaltables a la hora de crear una nueva burocracia, como “articular, coordinar o fortalecer”, llega el desenlace: “Promover el acompañamiento integral de la población mediante la ayuda directa, para coadyuvar a la búsqueda de soluciones habitacionales permanentes”. En política, y más en un año electoral, ayuda directa quiere decir dinero en efectivo.

Desde ahora en más, el programa IntegrAr podrá entregar fondos directos. “Para abordar situaciones de emergencia relevadas, el componente consiste en un subsidio de carácter no reintegrable otorgado por única vez y podrá ascender a la suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por titular, a efectos que pueda atender sus necesidades básicas, hasta tanto se pueda desarrollar una estrategia local de acompañamiento y seguimiento de cada situación. A efectos de la implementación podrá coordinarse con las diferentes áreas del ministerio en el marco de la simplificación de acciones y establecimiento de acciones conjuntas”, dice la resolución.

Pero más allá de la entrega directa de dinero, el nuevo organigrama creará “mesas de articulación territorial”, habrá “articulación con diferentes organismos y organizaciones de distinto nivel” y se promoverán, nuevamente, “Mesas de Trabajo Territorial se propiciará el desarrollo de acciones que promuevan el acceso a instituciones educativas y formativas de terminalidad educativa y el acceso a espacios formativos que permitan el fortalecimiento de sus capacidades laborales para la inclusión laboral”. Todas funciones que ya tienen otras oficinas en el Estado para atender esas necesidades.

La entrega de dinero a provincias, municipios u organizaciones sociales, con el que se podrían construir, por caso, “hogares de día” se hará mediante convenios que luego serán rendidos con declaraciones juradas.

La problemática de la gente en situación de calle no es una problemática nueva. Pero parece que el Estado la descubrió en estas horas. Y como si se tratase una problemática en sí misma y no la consecuencia de la pobreza, que ya supera el 40%, el Gobierno creó un nuevo programa. Que, para variar, repartirá dinero fresco. Y como si se tratase de un animal que ladra y tiene cuatro patas, una herramienta así en un año electoral se parece mucho a un apéndice más del “plan platita”.