SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Justicia de Neuquén investiga un entramado similar al de la causa Julio “Chocolate” Rigau, el puntero peronista que fue capturado con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense en su poder. En el caso de la provincia patagónica, pusieron el foco en una organización delictiva que realizaba estafas con planes sociales y la causa ya tiene 31 imputados.

La Justicia provincial confirmó la prisión preventiva para dos de los acusados. Se trata de Ricardo Soiza, que ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo, durante la administración del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Así como Soiza y Osuna, también el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el excoordinador de Administración de esa cartera Tomás Siengentharler son investigados como líderes de la asociación ilícita. Ese delito también se le atribuye, en carácter de jefe, a Néstor Pablo Sanz, que era director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social.

A principios de este mes, Sanz realizó una declaración ante la fiscalía en la que reconoció su participación en el delito que se le atribuye. Tal como publicó el Diario Río Negro, que accedió a la declaración, el imputado advirtió que la maniobra delictiva se originó en 2015. Entre otros detalles, aportó los nombres de los funcionarios que presuntamente ejecutaron la estafa y de quienes se beneficiaron de ella.

En concreto, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén investiga supuestas maniobras desplegadas por un grupo de personas que, con distintas funciones y responsabilidades, realizó estafas a través de la gestión de un plan social destinado a cubrir necesidades surgidas por el desempleo. Según la teoría fiscal, la operatoria para concretar las estafas comenzó con el reclutamiento de posibles beneficiarios para un plan asistencial creado en febrero de 2018. Sin embargo, los beneficiarios no recibían el total del monto asignado.

La causa comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2022, cuando se realizó la primera formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena, y fraude a la administración pública.

Tal como indicaron desde el Ministerio Público, mediante una estructura piramidal, los jefes impartían órdenes que los colaboradores llevaban a cabo, con roles y funciones concretas. El dinero de los planes sociales era retirado mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero utilizando tarjetas de débito que le pertenecían a los beneficiarios, quienes sólo recibían una fracción del plan.

Al parecer, la maniobra se hizo inicialmente con cheques y, a partir de la pandemia, continuó a través de las tarjetas de débito. Según contó Sanz, a partir de listados de personas vulnerables (aptas para recibir un subsidio por desocupación), se creaba una caja de ahorros en el Banco Provincia de Neuquén.

Esa información era enviada a los punteros políticos, quienes debían avisar a los beneficiarios que fueran a buscar su tarjeta de débito. Esas personas debían activar la cuenta y luego entregar la tarjeta y el PIN. Cuando el dinero de los subsidios se depositaba en las cuentas, los extractores retiraban 20.000 pesos por día.

Tal como indicó Sanz en su declaración, el efectivo iba al despacho de Soiza. “El segundo o tercer día de pago, cuando terminaba la extracción, se citaba a cada referente político, se le entregaba un sobre que contenía lo que se le entregaba a cada beneficiario de cada tarjeta, entonces el referente iba y le pagaba”, reveló.

Las pruebas que hasta el momento recolectó la fiscalía permiten atribuir conductas a las personas imputadas entre septiembre de 2020 y julio 2022, con un perjuicio total a la administración pública estimado en $153.377.900. Claro que el monto sería mucho mayor, si se tiene en cuenta la declaración de Sanz: el imputado afirmó que la maniobra que él conoce se remonta a 2015 –durante el primer gobierno de Omar Gutiérrez– y atravesó diversas gestiones ministeriales.

A Soiza, Sanz, Osuna, Di Luca y Siengentharler, la fiscalía les atribuye el delito de asociación ilícita, en carácter de jefes, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, con 9.303 hechos en concurso real, en carácter de coautores.

Asimismo, hay otras 26 personas imputadas por integrar la asociación ilícita. Entre ellas, particulares y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda, con distintos niveles de participación en la maniobra delictiva.

Las defensas de Soiza y Osuna habían solicitado prisión domiciliaria. Sin embargo, a pedido del fiscal del caso de Delitos Económicos Juan Narvaez, la Justicia confirmó el martes la prisión preventiva de ambos. Si bien ratificaron la decisión de otra jueza de Garantías, esta vez los magistrados modificaron el plazo de la medida cautelar: la detención fue fijada en 2 meses en lugar de 6.

Con la prisión preventiva se busca neutralizar el riesgo de que, en libertad, los imputados entorpezcan la investigación, destruyan u oculten evidencias o incluso influencien a otras personas. Sanz también tiene prisión preventiva y sus defensores solicitaron la domiciliaria: consideran que, por su “colaboración” en la investigación, no hay riesgo de entorpecimiento.

Sin embargo, Narvaez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli explicaron que la declaración de Sanz no fue suficiente para considerar que no podría realizar maniobras en contra de la investigación, por lo que ratificaron la necesidad de que continúe en una unidad de detención.

Los fiscales agregaron que, al contrastar su testimonio con el de otros coimputados, pudieron constatar que “en la declaración ocultó o alteró información respecto del beneficio que obtuvo a nivel personal por su participación en las estafas”. Los jueces abordarán este viernes el pedido de prisión domiciliaria.