Una decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desde hace tres años, jaquea la seguridad de los vecinos porteños. La Policía de la Ciudad debe asignar 1500 efectivos para custodiar a los 1610 presos alojados en las distintas comisarías, aunque deberían estar cumpliendo prisiones preventivas y condenas en unidades del Servicio Penitenciario Federal, que solo los recibe a cuentagotas. Se trata del 5% de la dotación de 29.000 hombres y mujeres que, actualmente, revistan en la fuerza de seguridad metropolitana, y que deben cumplir tareas de guardiacárceles en lugar de estar en la calle, ocupados en la prevención activa del delito urbano.

En abril pasado, la jueza en lo penal, contravencional y de faltas Carla Cavalieri dictó una resolución que marca un hito en la larga y amarga disputa que sostienen la Ciudad y la Nación por el alojamiento de los detenidos por hechos de inseguridad cometidos en el tejido urbano porteño. Demandó que no quedara ningún procesado o condenado en los calabozos porteños, que el SPF comenzara a recibir de manera automática a los encausados con pronunciamientos firmes y mandatos de traslado dictados por juzgados competentes y ordenó que el Servicio Penitenciario Federal garantice un cupo de entre 130 y 140 ingresos semanales desde la Capital.

Los hechos indican que ese fallo no se está cumpliendo. En la actualidad, el SPF recibe cada semana no más de la mitad de aquel cupo, lo que profundiza el desfasaje. Desde aquella fecha se sumaron 330 presos “fijos” a los 1284 que ya estaban alojados en 26 alcaidías, el Centro de Contraventores y 22 Comisarías Vecinales de la Ciudad. A mediados de este año, según los datos recabados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en cárceles federales había 11.372 detenidos; casi la mitad de ellos, sin condena firme; casi la misma cantidad, derivados por juzgados nacionales, que en el caso de la Capital son los que intervienen ante los delitos más graves, como robos, abusos sexuales y homicidios. Excepto el penal de Villa Devoto -donde se conoció la fuga Mauricio Jesús Laferrara, jefe de sicarios de un clan narco rosarino- excedido en un 3%, las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz (destino habitual de los detenidos porteños), están dentro de su capacidad total de alojamiento, según ese informe.

A fines del 2020, el Comité de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a través de la Recomendación I/2020, había expresado que “las alcaidías de la Policía de la Ciudad son establecimientos creados para estadías transitorias y que no cumplen con los requisitos y las condiciones edilicias necesarias para detenciones prolongadas (prisión preventiva), tal como la existencia de espacios que funcionen como patios de recreos. De la misma forma, las celdas tampoco cuentan con la superficie mínima necesaria para que los detenidos afronten alojamientos de estas características”.

Además de la reducción de la dotación disponible para actuar a diario en la vía pública, la negativa del SPF a recibir a todas las personas privadas de la libertad –según fuentes al tanto de la situación, se abren cupos limitados cada semana, que no superan las 70 plazas–, hay otra consecuencia peligrosa: la superpoblación de detenidos en las comisarías porteñas también provocó una sucesión de fugas en las seccionales. En menos de una semana, seis presos se evadieron de dos comisarías. Una de las fugas se registró en la seccional situada en Catamarca, debajo de la autopista 25 de Mayo. La otra ocurrió en la comisaría situada en Las Heras al 1800, en Recoleta.

Aunque cuenta con una fuerza de seguridad propia, el gobierno porteño no tiene cárceles ni servicio penitenciario propios. Por este motivo, todos los procesados o condenados por delitos cometidos en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, luego de pasar unos días por las comisarías porteñas, eran trasladados a los penales del SPF.

Hasta 2019, los acusados por robos, homicidios o estafas apresados en territorio porteño pasaban por las comisarías de la Policía de la Ciudad y desde allí eran trasladados a la alcaldía del SPF, en el subsuelo de los Tribunales de Lavalle y Talcahuano. A partir de ese momento, los acusados pasaban a ser responsabilidad de los agentes penitenciarios federales.

Desde la alcaldía, los guardias del SPF llevaban a los presos hasta los despachos de los jueces o fiscales que debían indagarlos por los delitos que cometieron. Finalizada la indagatoria o cualquier acto procesal, los agentes penitenciarios regresaban al subsuelo del Palacio de Justicia y desde allí se abrían dos caminos para los acusados: la libertad, si así lo decretaba el juez, o la cárcel. Los presos ya no regresaban a las comisarías.

Hasta el comienzo de la pandemia del coronavirus, las cárceles del SPF recibieron más de 17.000 presos. Pero, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quedó a cargo de la administración del Frente de Todos, que designó a la exjueza María Laura Garrigós de Rébori como interventora, la situación cambió.

Debido a las restricciones por los riesgos de contagios por el Covid-19 dentro de las unidades penales, primero, y por una decisión de estrategia política que se endureció a partir de que Martín Soria fue designado como ministro de Justicia, el SPF cerró sus puertas al ingreso de los detenidos por delitos cometidos en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, de los 17.000 presos que recibían las cárceles federales se pasó a 3700 detenidos. Los presos que el SPF se negó a alojar comenzaron a quedar en los calabozos de las comisarías porteñas, cuyas instalaciones estaban preparadas para alojar presos por no más de 72 horas. Además de que no había lugar, los policías afectados a cada seccional tampoco estaban preparados para realizar una función específica como la que les correspondía a los guardiacárceles que realizan la carrera penitenciaria.

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Actualmente, las comisarías de la Policía de la Ciudad alojan más de 1610 presos por toda clase de delitos, como asesinatos, robos, hurtos y abusos. El problema se agudizó porque en los calabozos –con capacidad máxima de alojamiento de 729 internos que solo deberían pasar unas horas allí, antes de la derivación a cárceles del SPF–, comenzaron a quedarse presos con prisión preventiva e incluso, ya condenados.

La acumulación de detenidos en los calabozos de las comisarías porteñas hizo necesario aumentar la seguridad dentro de las seccionales para custodiar a los presos.

”En la medida en que el SPF cerró sus puertas unilateralmente a recibir a los detenidos por delitos cometidos en la ciudad, se hicieron adaptaciones de emergencia en las comisarías y alcaidías para garantizar las condiciones básicas de alojamiento. Se trató de soluciones parciales que no lograron resolver el problema de fondo: la negación del SPF a cumplir con sus obligaciones tal cual las demanda la ley vigente”, expresó una calificada fuente del Ministerio de Seguridad y Justicia porteño.

Al menos una parte de las autoridades porteñas está convencida de la necesidad de empezar a dejar atrás la dependencia que hoy se tiene a los vaivenes políticos del SPF. Hoy la situación no puede resolverse de otra manera que no sea la asignación de plazas en las unidades carcelarias, pero en para el mediano y el largo plazo está en carpeta la posibilidad de cambiar esa situación a partir de un acuerdo que permita la construcción de un módulo porteño en terrenos del complejo carcelario de Marcos Paz o bien la edificación de una prisión en la ciudad, que tendría su propio personal penitenciario. Por ahora, la expectativa en el corto plazo es conseguir que el SPF cumpla con la decisión judicial de asimilar los detenidos por delitos en la ciudad.