El envío de un proyecto al Congreso para lograr que se suspenda por ley la aplicación de la actual fórmula de movilidad previsional es la parte del plan del Gobierno que, en materia de jubilaciones y pensiones, se conoce hasta ahora. La intención de los funcionarios es otorgar reajustes a los ingresos por decretos, tras decidirlos de manera discrecional y en el marco del programa económico con el que se proponen llegar al equilibrio fiscal el año próximo. No hubo precisiones sobre cuánto tiempo se mantendría así la situación, ni sobre si, por ejemplo, se mantendrá una frecuencia trimestral en las recomposiciones.

Dada la herencia recibida, “se espera que la inflación siga su tendencia incremental, y los jubilados iban a seguir perdiendo mucho más de lo que venían perdiendo; el objetivo es cortar con este esquema perverso y mejorar”, dijo esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, sin dar más datos sobre cómo se guiarían las subas de las prestaciones.

La suspensión de la movilidad fue una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández. Apenas asumió, el expresidente envió una iniciativa al Congreso, que se convirtió en una ley que, entre otros varios puntos, declaró una “emergencia previsional” y estableció que no se aplicaría la fórmula de una ley aprobada a fines de 2017 por seis meses (luego la medida se prorrogó por otros seis meses, por lo que se mantuvo durante todo 2020).

Ese año dieron incrementos por decretos, que fueron diferentes según el nivel de ingresos y que en todos los casos se ubicaron por debajo de la inflación. Las subas fueron, en concreto, de entre 24,3% y 35,3%, en tanto que el índice de precios avanzó un 36,1%, y la fórmula que quedó suspendida hubiera determinado un reajuste de 42,1%.

El ajuste a la baja que aquella suspensión produjo se judicializó, sobre todo por parte de quienes se vieron mayormente afectados. Hubo varios jueces en diferentes parte del país que le dieron la razón a los jubilados demandantes y le ordenaron a la Anses hacer un recálculo de los haberes (con diferentes criterios). El tema está pendiente de resolver por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno que terminó recientemente su mandato generó otra causa de judicialidad, cuyas consecuencias se verán con el tiempo. Esa causa es la insuficiencia de la fórmula de movilidad, que ahora se busca eliminar, para mantener el valor de los ingresos previsionales, una insuficiencia reconocida por los entonces funcionarios cada vez que dispusieron el pago de refuerzos compensatorios.

Entre septiembre de 2022 y este mes esa política de asignación de bonos fue una constante, pero solo con alcance para un grupo de jubilados (un grupo que en septiembre de este año fue reducido). Por eso, hubo demandas iniciadas por jubilados que no recibieron refuerzos y que, por tanto, vieron agravada la pérdida de su poder adquisitivo.

El bono que se cobra en este mes de diciembre es de $55.000 para quienes tienen el haber mínimo, de $105.713, y de un importe inferior para los jubilados con un ingreso mensual de hasta $160.713. En este último caso, se recibe el monto necesario para completar los $160.713; por ejemplo, con un haber bruto de $150.000, hay un refuerzo de $10.713. Y si se percibe, dados los aportes hechos durante la vida laboral, más de $160.713, no hay compensación.

La política de refuerzos generó crecientes distorsiones en la pirámide de ingresos, con casos de jubilados que, con un haber bruto que supera, por ejemplo, en un 40% el mínimo, percibe en mano este mes un importe más bajo que quien tiene el básico.

Para los primeros meses de 2024 no hubo definiciones con respecto a si habrá o no algún bono para los jubilados, o algún aumento de emergencia, como el anunciado por el nuevo gobierno para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y para las prestaciones del Programa Alimentar. En caso de no haberlo, muchos cobrarán en mano mucho menos que lo percibido en los últimos meses.

Con el bono de $55.000 y la ayuda alimentaria del PAMI (dispuesto para sus afiliados que cobran hasta un haber mínimo y medio, que se pagará hasta este mes) hoy alguien con el haber mínimo cobra, en términos netos $172.541, más el aguinaldo. Sin refuerzos, el importe en mano es de $102.541.

Por la fórmula de movilidad que está vigente desde 2021, las jubilaciones de la Anses tuvieron este año una variación de 110,9%, mientras que la inflación podría llegar a un índice de entre 198% y 210%, según algunas estimaciones (algunas de ellas, en revisión al alza). Así, los haberes acumularán una pérdida de poder adquisitivo, solamente en un año, de alrededor de un tercio.

El cálculo está basado en la variación de la recaudación de impuestos cuya recaudación se destina, parcial o totalmente, a la Anses, y de los salarios. E incluye una particularidad, que este año perjudicó fuertemente a los jubilados: si bien no contempla un piso, sí tiene un tope, por el cual los haberes no pueden subir más, en un año, que el aumento nominal de los recursos del organismo de la seguridad social incrementado en un 3%. Para el actual mes de diciembre, de hecho, la fórmula dio un índice de entre 28% y 29%; sin embargo, por la vigencia de ese tope, solo se otorgó un alza de 20,87%, luego de un trimestre en el que la inflación fue, según el Indec, de 34,65%.