El kirchnerismo avanza esta tarde su última estocada contra la Corte Suprema: por mayoría de sus miembros, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se apresta a aprobar sendos dictámenes acusatorios contra los jueces Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos. La oposición rechazó de plano los dictámenes.

Para garantizarse la mayoría de los votos -necesitaban 16 voluntades- el bloque oficialista apeló a una jugada reglamentaria aunque polémica: a última hora de anoche cambiaron seis de los integrantes oficialistas de la comisión que dudaban de firmar los dictámenes acusatorios contra el máximo tribunal. En su lugar fueron reemplazados por miembros que, en su mayoría, son fieles a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La primera en pedir la salida de la Comisión de Juicio Político -que preside Carolina Gaillard- fue la diputada massista Micaela Morán; a ella la siguió otro massista, Ramiro Gutiérrez, espada de Sergio Massa en los debates jurídicos. También abandonaron la comisión Mara Brawer, Susana Landriscini, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo. Fueron reemplazados por Itai Hagman, Mónica Macha, Magalí Mastaler, Carlos Selva, Paula Penacca y Juan Marino y Carolina Yutrovic, que se sumaron a quienes ya venían trabajando en la investigación: Rodolfo Tailhade, Ricardo Herrera, Leopoldo Moreau, Luis Pedrini, Eduardo Valdés, Vanesa Siley, Hugo Yasky y Germán Martínez -jefe del bloque oficialista-.

El diputado Leopoldo Moreau fue el primer en fundamentar la acusación contra los jueces. Aclaró que el instituto del juicio político, previsto en la Constitución Nacional, es privativo del Poder Legislativo y su naturaleza “no es de naturaleza judicial, sino político; no persigue el castigo, sino separar del cargo” a quien eventualmente incurre en mal desempeño.

“No hemos otra cosa que cumplir con una manda constitucional. Está claro que nos está vedado realizar un análisis jurídico (de las sentencias) pero sí nos está permitido analizar si las sentencias se han transformado en un objeto o instrumento de una grave desviación de poder. A nosotros no nos cabe duda de esa grave inconducta”, asestó.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Pablo Tonelli enfatizó que el oficialismo promovió el juicio político a la Corte a solo efectos de incumplir con la sentencia que la Corte dictó en diciembre de 2022 por la cual obligaba al Poder Ejecutivo a restituir fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires.

“Llegamos por fin a esta última función de este entretenimiento que nos propuso el oficialismo”, ironizó el diputado de Pro, quien tildó de “ridículos” algunos de los fundamentos de la acusación.

“Acá al que habría que hacerle juicio politico al presidente por no cumplir con una sentencia de la Corte Suprema. Esa es la verdad. Por eso se armó este juicio político, que luego se revistió con sentencias de la corte con más de cinco años de antigüedad”.

Por su parte, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez (interbloque Federal) responsabilizó de la embestida al presidente Alberto Fernández y rechazó todo lo actuado por la comisión.

Los cargos acusatorios

Tras once meses de investigación, que incluyó la citación de 63 testigos y la compliación de 34 cuerpos de investigación, los miembros oficialistas de la Comisión de Juicio Político sintetizaron las acusaciones en cuatro causas. Ellas son:

Causa “Consejo de la Magistratura”. Jueces acusados por mal desempeño: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda.

El oficialismo apuntó contra Rosatti por haberse ungido como presidente de la Corte por el “autovoto” y por haber intervenido en un caso cuya sentencia “lo beneficiaba personalmente al colocarlo “ipso iure” en la presidencia del Consejo de la Magistratura”.

Además le atribuyó, al igual que a los demás jueces de la Corte, la decisión de resucitar una ley derogada para modificar la integración del cuerpo “ejerciendo facultades legislativas que la Constitución ha asignado al Congreso de la Nación” y haberle otorgado a ambas cámaras legislativas un plazo “de imposible cumplimiento” para que sancione una reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. A juicio de los oficialistas, el propósito de la Corte fue cooptar el control de este cuerpo.

Causa “Coparticipación”. Fallo cautelar por recursos de transferencias no federales en materia de seguridad de la Nación a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Jueces acusados por mal desempaño: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.

Al juez Rosatti le imputó no haberse excusado causa cuando, a su juicio, era su obligación “a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de imparcialidad en atención a los vínculos de íntima confianza entre el Director General de la Vocalía, Silvio Robles con el Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA, (Marcelo D’Alessandro)”.

También le imputó, al igual que a los otros tres jueces del tribunal, el haber violado el orden jurídico vigente “desconociendo el sistema federal de gobierno”, como así también el hecho de incurrir en “la vulneración del sistema republicano federal, equiparando el rango de la CABA al de una provincia” y el haber desconocido el costo presupuestario que implicaba este fallo.

Causa “Beneficios a genocidas”: Jueces acusados: Rosatti y Rosenkrantz

Se les atribuye el haber incumplido el orden jurídico, los tratados internacionales vigentes y no convocar a la comisión Inter poderes, creada para seguir las causas sobre lesa humanidad. Les imputan, además, el haber apurado un fallo para garantizar la continuidad de la exjueza Elena Highton de Nolasco en la Corte y, así, alcanzar la mayoría.

Causa “Irregularidades de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Juez acusado: Juan Carlos Maqueda

Al magistrado se lo acusa de haber incurrido del deber de fiscalización de la obra social y de desvío de poder en el ejercicio de supervisión afectando el derecho a la salud de los afiliados. en clara violación de la normativa. También se lo responsabiliza por haber abdicado a su función de supervisión sobre los aspectos patrimoniales, contables y financieros con grave perfuiio en la norma y eficiente prestación del servicio de salud.