La jueza Loretta Preska, de Corte del Distrito Sur de Nueva York, accedió hoy a un pedido que había realizado la defensa del Estado argentino para extender hasta el 10 de enero el plazo en el cual el país debía depositar una garantía para evitar embargos por parte de los fondos Burford Capital e Eton Park. Se trata del juicio por la expropiación de YPF, en el marco del cual cual Preska sentenció que el país debe pagar una indemnización de US$16.100 por haber incumplido las pautas del estatuto de la empresa en el marco de la iniciativa por “estatizar” las acciones de la petrolera que impulsaron la entonces presidenta Cristina Kirchner y su ministro de Economía, Axel Kicillof, en 2012.

El abogado estadounidense Robert Giuffra, socio del estudio Sullivan & Cromwell que representa al Estado argentino, había solicitado a la jueza extender del 5 de diciembre al 10 de enero la fecha límite por la cual la Argentina debía depositar la garantía. La Argentina no aceptó pagar la indemnización y notificó que apelará el fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

Por disposición de los demandantes y de la jueza Preska, la Argentina debía dejar como garantía el 26% de las acciones de YPF que están en manos del Estado (un 25% corresponden a las provincias y el 49% restante de inversores privados), y una supuesta deuda que Paraguay mantiene con la Argentina por la construcción de la represa Yacyretá, equivalente a unos US$2000 millones al valor actual.

En realidad, al apelar un fallo, correspondía al país dejar como garantía la emisión de un bono por el total de la indemnización que se debe pagar para evitar futuros embargos. Es decir, debía ser un título público por US$16.100 millones.

La defensa argentina dijo que no podía realizar ese tipo de endeudamiento en las actuales condiciones macroeconómicas, y los demandantes respondieron que el país ofreciera a cambio otros activos. Entre ellos, propuso las acciones de YPF; la deuda que el Gobierno actual dijo que Paraguay tiene con el país por la construcción de Yacyretá, y el capital del del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. La jueza Preska accedió a los primeros dos pedidos, pero dijo que el FGS estaba comprometido con los haberes jubilatorios.

El próximo gobierno deberá ahora diseñar la nueva estrategia a seguir respecto al juicio. Por un lado, la Argentina tiene la opción de negociar un pago con los fondos Burford e Eton y cerrar el caso, o puede continuar con la apelación. Para ello, a mediados de enero deberá presentar el escrito con los argumentos correspondientes para que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito decida si acepta el proceso.

En caso de continuar con el caso, también se deberá negociar el fondo de garantía pedido por Preska para evitar embargos de activos, ya que para poder dejar acciones de YPF como prenda el Ejecutivo debe tener el aval del Congreso, siguiendo con las disposiciones que determinó la ley de expropiación de la petrolera. Por otro lado, tampoco es claro que efectivamente Paraguay tenga una deuda por US$4000 millones con la Argentina por la construcción de Yacyretá, como dicen los demandantes (señalan que si se cotiza esa deuda actualmente, podría valer US$2000 millones, que piden en la garantía).

“Se concede la solicitud de la República Argentina demandada para ampliar el plazo del 5 de diciembre y la suspensión provisional de la ejecución”, determinó la jueza Preska, y dejó una advertencia. “Aunque el Tribunal concede esta solicitud, recuerda a la República que, como condición para suspender la ejecución con una seguridad mínima, el Tribunal exigió a la República que solicitara una revisión acelerada del Tribunal de Apelaciones; no es una cuestión de acuerdo entre las partes”, indicó

“Para adaptarse a la nueva administración en la Argentina, el Tribunal permitirá hasta el 10 de enero de 2024 para que la República prometa activos a los Demandantes, como se indica en la Orden del Tribunal del 21 de noviembre. Además, el Tribunal permitirá una extensión de una semana del plazo de la República, hasta el 30 de enero de 2024, para presentar su escrito de apertura y solicitar una revisión acelerada del Tribunal de Apelaciones. La suspensión temporal de la ejecución permanecerá en vigor hasta lo que ocurra primero”, dijo la jueza.