Amnistía Internacional (AI) se pronunció sobre las situaciones de violencia y las detenciones en Jujuy derivadas de las protestas en contra de la reforma de la Constitución provincial impulsada por el gobierno de Gerardo Morales y lanzó una Acción Urgente (AU) Global para pedir por la liberación del abogado Alberto Nallar, quien acompañó la movilización y fue acusado de sedición.

El pedido del organismo está dirigido a sus seguidores de más de 160 países con el objetivo de que le envíen una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación jujeño, Sergio Lello Sánchez, para manifestar “su profunda preocupación sobre la detención y persecución de Nallar”, ocurrida entre el 11 y 13 de julio luego de una serie de allanamientos en las ciudades de Humahuaca y San Salvador.

Nallar es un abogado que ha acompañado las protestas y también prestado asistencia jurídica a varios de los detenidos. Además, ha cuestionado la reforma constitucional con fuertes críticas al gobierno provincial.

La Acción Urgente (AU) consiste en una “estrategia de solidaridad” impulsada por Al por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Cuando la organización tiene noticia de que una o más personas se encuentran “en extrema situación de riesgo” activa una red integrada por miles de personas que responden al llamado y “unen su capacidad de acción enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate”.

En esa línea, junto con el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) -presidido por el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel- y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la organización presentó un habeas corpus preventivo ante la justicia federal de Jujuy debido a la existencia de una serie de denuncias sobre posibles detenciones a otros 14 defensores y abogados de derechos humanos que apoyan a los manifestantes en las protestas.

La intervención de Amnistía se desprende del conflicto iniciado el 15 de junio luego que la Convención Constituyente provincial realizara modificaciones en la carta magna local, que fueron rechazados por algunos sectores por su falta de consulta y el corto tiempo de debate. La situación desató protestas que fueron reprimidas por la policía a partir de un “uso excesivo de la fuerza.

En ese contexto, desde que comenzaron las manifestaciones, se registraron al menos 130 detenciones por causas entre las que se cuentan la “sedición, el entorpecimiento de la vía pública, la incitación a cometer delitos o resistencia a la autoridad.

Frente a este escenario , junto con más de 70 organizaciones, Amnistía Internacional realizó una comunicación urgente “por graves afectaciones al derecho a la protesta social en la Argentina” a la Relatoría sobre el derecho a la libertad de expresión, a la Relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas y a la Relatoría sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente saludable y sostenible, y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.