La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento (G) recibió a integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) filial Neuquén quienes se pronunciaron en contra del proyecto que autoriza a la policía provincial a utilizar armas no letales para la prevención del delito.

Según adelantó la titular del cuerpo, Yamila Hermosilla (DC-Comunidad) se convocará a participar a otras organizaciones sociales, a la fuerza policial y al Ministerio de Seguridad para continuar con el debate. El intercambio de opiniones de hoy derivó en consideraciones en torno a la edad de imputabilidad, al crimen del periodista Juan Caliani, al alcance de la ley 2302 y a los niveles de inseguridad de la provincia, entre otros puntos.

Al rechazar el proyecto, el titular de la APDH Neuquén, Walter Pérez pidió “más debate y menos armas”. Mencionó “antecedentes” que, según dijo, demuestran que “no existen garantías” respecto a su correcta utilización y recordó que al docente Carlos Fuentealba se lo asesinó con un arma no letal como una granada de gas lacrimógeno.

Pérez pidió repensar la “formación, capacitación y profesionalismo” de la fuerza policial en primera instancia para reflexionar sobre “qué cuerpo de seguridad queremos” como sociedad. Asimismo, solicitó analizar los proyectos en el marco del “contexto social” en el que se presentan y dijo que, si bien existe un problema real de inseguridad, “el debate es cuál es la mejor respuesta, y nosotros entendemos que no es más armas sino más debate y abordar la cuestión social”, en particular en una provincia con altos niveles de pobreza, indicó.

En otro tramo, Pérez retomó estadísticas que dan cuenta que, en países del primer mundo que usan dispositivos no letales como los dispositivos taser, en el 90% de los 344 casos mencionados, las víctimas estaban desarmadas. Dijo, además, que en tales países su utilización está regulada por protocolo pero, al no cumplirse, “se generan graves consecuencias”. Finalmente, remarcó que desde la APDH “no estamos en contra de la policía” pero aclaró que la organización se conformó para acompañar a las víctimas de la violación de derechos por parte del Estado y que el efectivo policial “es el Estado”.

A su turno Carmen Raña, también integrante de la APDH y del Foro en defensa de la ley 2302, se refirió a la vulneración de derechos de las infancias que, según indicó, están desprotegidas al incumplirse el alcance de dicha ley. Describió una “seria situación de riesgo y abandono por ausencia absoluta del Estado provincial” y, en ese marco, denunció “desmantelamiento” en áreas centrales de asistencia estatal. Mencionó por caso que sólo tres centros de desarrollo infantil se encuentran en funcionamiento en la capital neuquina en lugar de la veintena que debieran estar activos, o las largas lista de espera, de hasta 350 personas, en admisión de Desarrollo Social para adquirir ayuda con elementos básicos –alimentos, bonos para garrafas, abrigo, etc.-.