El concepto de conurbanización refiere a la adopción de pautas de comportamiento o modelos de gestión política que prevalecen en el conurbano de Buenos Aires y se extienden a otros ámbitos. Es un fenómeno que va más allá de lo político, puesto que puede también reflejar cambios de comportamiento económico. En particular se puede asociar a cambios de actitud de las familias e individuos en relación con la búsqueda de ingresos y de la forma de inserción en el mercado de trabajo. En lo que sigue destacamos modificaciones que tienen lugar en los aglomerados del interior del país en participación laboral y empleo que los asemeja al comportamiento en el conurbano de Buenos Aires. Y exploramos reacciones de política pública que favorecen el crecimiento de la informalidad empresaria y laboral.

El funcionamiento del mercado laboral no responde tanto al ciclo político que se enfrenta en un momento dado, sino a la reacción al ciclo económico que resulta de un mercado mal regulado desde hace décadas y con discrecionalidad en el control y castigo de lo que se aparta de la norma, que conspira contra la creación de puestos formales e induce el empleo precario, ya sea de carácter asalariado informal o cuentapropista.

Las alternativas para conseguir un buen empleo no son sencillas en una economía casi estancada como la argentina, que oscila mucho y violentamente, pero crece poco. Y aun en los raros períodos que crece aparecen pocos puestos de calidad disponibles en el mercado: en los últimos 11 años el número de puestos formales asalariados privados creció a un ritmo de 24.500 por año, poco para un mercado que requiere cubrir unos 360.000 puestos anuales. En esas circunstancias de extrema escasez de buenos puestos, la vida se abre camino. Es decir, cuando la oferta de empleos de calidad se restringe por las razones que sean –en particular porque las normas laborales y jurídicas desalientan la contratación– la población “salta el cerco de la formalidad” y busca formas alternativas de empleo sin contrato formal. La población se abre camino en actividades por cuenta propia (donde cada uno trata de encontrar su propia demanda) o en la informalidad asalariada (trabajando en empresas al margen de la formalidad tributaria y regulatoria, que arriesgan poco capital para cada empleado). Son actividades de baja productividad, pero que proporcionan un ingreso sin demasiado esfuerzo y tiempo de búsqueda. Una salida que no garantiza un ascenso, pero que evita descender a la indigencia.

Nada nuevo, pero al menos una salida como ilustraba décadas atrás Hernando de Soto describiendo el impulso de la informalidad en Perú en El otro sendero. Debemos reconocer que esa caracterización de la informalidad se ha instalado en la Argentina. Hay mucho movimiento, mucho dinamismo, en un sendero que conduce a pérdidas crecientes de productividad e ingresos. El mercado laboral refleja con nitidez ese proceso de deterioro. Actualmente el país no enfrenta un “problema de empleo” como se ha dicho reiteradamente, sino más bien el mismo problema de muchos países centroamericanos y del viejo Perú descripto por De Soto: estamos próximos a un contexto de casi pleno empleo, pero con empleos cada vez de peor calidad que solo pueden ofrecer bajos ingresos, aun así, insostenibles en términos reales en el tiempo.

No es una situación nueva. La Argentina tuvo bajo desempleo en épocas de profundas crisis económicas: entre 1970 y 1989 la tasa de desempleo en el Gran Buenos Aires (GBA) fue de 4,4% (con picos de 7,4% y 7,6% en las ondas de abril de 1972 y de 1989), en un período que con alta inflación el problema de la contratación laboral se resolvía deprimiendo los salarios. La inflación esconde el desempleo al deprimir los salarios, porque baja los costos de contratación (con salarios que cuando se pagan y se cobran conservan solo una fracción de su poder de compra).

Por esas épocas, la participación laboral –la proporción de quienes estaban buscando empleo u ocupados– era baja en todo el país, pero las cosas empezaron a cambiar con el aumento de la participación de las mujeres en los 80 y 90, y más recientemente con el estancamiento económico que indujo a una parte de los que estaban fuera del mercado a incorporarse para obtener algún ingreso –más allá de los planes–.

Esta evolución reciente es algo diferente a un movimiento de largo plazo como el de la incorporación de mujeres, porque se trata de una respuesta a la evolución cíclica de la actividad y de los ingresos, pero puede llegar a superponerse con esa tendencia de más personas a ingresar al mercado. Después de todo, cabe recordar que hasta no hace mucho tiempo las tasas de actividad en el interior del país eran en algunos casos extremadamente bajas: hacia 2007/8 mientras la tasa en el Gran Buenos Aires promediaba 47,8%, la misma tasa era 43,3% en el interior urbano argentino, con mínimos de 37% en el Noreste del país y 34% en lugares como el Chaco y Formosa. Como quizás diría McLuhan, el feudo es el mensaje.

Las cosas van cambiando: hoy (datos del primer trimestre de 2023) la tasa en el GBA subió 1,1 puntos a 48,9% respecto de 2008, mientras que en el interior urbano saltó 4,3 puntos a 47,6%. La mayor parte del aumento ocurrió entre fines de 2017 y hoy, e independientemente del signo político del gobierno.

¿Cómo reaccionan los individuos y las familias frente a una crisis de actividad económica, que reduce salarios reales y las posibilidades de empleo? La respuesta que ha prevalecido en las últimas tres décadas es sumar algún miembro del hogar al mercado de trabajo en busca de un empleo. Ese aumento de la tasa de actividad (porcentaje de individuos que están en el mercado laboral) fue la reacción típica durante el Tequila (1995), la crisis brasileña de inicios de 1999, la ruptura de la convertibilidad (2002), la crisis macroeconómica de 2019 y en la actual (2022/23). Con el aumento de gente en el mercado que busca un empleo puede haber un salto violento de la tasa de desempleo (1995, 1999, 2002) o un aumento de formas “alternativas” de empleo (changas como cuentapropista o informal).

Esta reacción del mercado se conoce desde hace mucho tiempo como el “efecto del trabajador adicional” que en términos microeconómicos responde al peso que tiene un efecto ingreso negativo sobre las familias. El efecto ingreso se puede dar tanto por una caída del empleo (alguien se queda desocupado en el hogar) como por una caída de los ingresos de transferencia o una caída de los ingresos reales. Aun cuando las causas puedan ser diferentes la reacción es la misma: aumenta la oferta de trabajo (más gente ingresa al mercado) en un escenario en que podemos ver un salto en el desempleo (1995, 2002) o un salto en el empleo en formas precarias (situación que prevalece en los últimos años): la población se “autogenera” trabajo en forma de asalariado informal o de cuentapropista.

Esto es una copia de lo que ya acontecía en el pasado en el GBA pero ahora se ha trasladado a todo el país, en una creciente informalización de empresas y de empleados sin contrato. En 2022 –según datos del Indec, cuentas de generación del ingreso– el 72% de los nuevos puestos de trabajo generados fueron de asalariados informales y cuentapropistas. Para el primer trimestre de 2023 –según se infiere de la última encuesta de hogares– el porcentaje es igual o mayor, con un aumento abrumador de asalariados informales. Este proceso de conurbanización profundiza su magnitud –cada vez más empleos sin contrato y de bajos ingresos– y su extensión geográfica. El salto del empleo es notable y en la mayoría de las regiones se da con una caída del desempleo, pero con una escalada de la informalidad.

Se puede argumentar que los factores que llevaron a esta situación son múltiples, pero sugiero poner el foco en la creciente discrecionalidad en el control de las muy estrictas normas laborales. El tratamiento discriminatorio permite que las empresas públicas y organismos del Estado puedan violar normas laborales y que en el sector privado el control sea de carácter discrecional. Eso favorece las conductas de “mantenerse debajo del radar”, buscar socios en el Estado y no crecer demasiado a menos que se tenga protección. Las empresas se vuelven cada vez más informales, como el país y los empleos. Es un camino de ida.