“En la Argentina festejamos los créditos y lloramos las deudas”. Esta lúcida frase del economista Orlando Ferreres –inspirada por la gravísima crisis de fin de 2001– no sólo mantiene plena vigencia, sino que aplica a casi todos los gobiernos de distinto signo político desde hace décadas. Otra constante es que la etapa de lamentar y hacerse cargo de lidiar con el constante endeudamiento estatal recae invariablemente sobre las administraciones que los suceden y eleva los costos de la hipoteca endosada al conjunto de la población.

El ministro Sergio Massa no es la excepción a esta regla. Sin ir más lejos, acaba de celebrar como un éxito la renovación por tres años del swap de monedas con China (equivalente a US$19.000 millones), cuya activación por tramos implica un préstamo con tasas y condicionalidades mantenidas como secreto de Estado, sin aprobación del Congreso a diferencia del acuerdo con el Fondo Monetario, según la ley promovida por Alberto Fernandez hace más de un año.

La “bola de Leliq” ya superó los $15 billones y marca un récord absoluto

La misma calificación asignó esta semana al “canje de deuda pública más grande de la historia argentina en el mercado doméstico” (sic), que consistió en extender los vencimientos de bonos por 7,4 billones de pesos indexados por inflación o dólar oficial (sobre un total de $11,6 billones hasta fin de año), que debían afrontarse en los cuatro meses previos a las elecciones de octubre, hasta fechas que van de agosto de 2024 a enero de 2025. A esto se agrega un dato insoslayable: algo más de dos tercios de los títulos canjeados(equivalentes a US$15.700 millones a la cotización de los dólares financieros), están en poder de entes públicos convertidos en acreedores del propio Estado. En otras palabras, la pelota se pateó tan lejos que salió del estadio y será recogida por el próximo gobierno, cualquiera sea su signo político.

En la cronología del presente al pasado reciente, Mauricio Macri llegó a sostener que los argentinos se iban “a enamorar” de Christine Lagarde, entonces directora gerente del FMI, cuando en 2018 se otorgó el préstamo stand by por US$57.000 millones de los cuales se desembolsaron US$44.500 millones, renegociados en abril de 2022 hasta fin de 2024. Previamente, había heredado el default con “fondos buitre” dispuesto por Cristina Kirchner al incumplir sentencias judiciales que obligaban al pago de bonos de deuda emitidos bajo legislación extranjera en el canje de 2004/2005. Y hasta ahora están pendientes fallos de tribunales de Nueva York contra la Argentina por miles de millones de dólares por la reestatización de YPF sin respetar los estatutos y la alteración de datos oficiales para eludir el pago de cupones atados al PBI.

Néstor Kirchner se jactó de cancelar en efectivo la deuda con el FMI (US$10.000 millones) con precios internacionales récord de las exportaciones argentinas, tras el “trabajo sucio” de ajuste fiscal y cambiario heredado del tándem Eduardo Duhalde-Jorge Remes Lenicov. Pero, por cuestiones ideológicas, más tarde otorgó a Venezuela créditos comerciales para exportaciones argentinas que Hugo Chávez dejó sin pagar. Un calco de lo que había ocurrido en 1973 con las ventas de autos fabricados en la Argentina al gobierno de Cuba, que las convirtió en un “pagadiós”. Hay quienes calculan que esa deuda cubana, actualizada, equivaldría hoy a US$15.000 millones.

Fernando de la Rúa anunció como “buena noticia” el megacanje de deuda externa de 2001 a tasas de interés imposibles de pagar, cuando la convertibilidad estaba herida de muerte tras la devaluación del real brasileño en 1999 y el creciente endeudamiento de las provincias, si bien en los años anteriores el Estado nacional se había hecho de cuantiosos dólares con las privatizaciones de la era menemista.

La contracara fue el ruidoso default total de la deuda anunciado por el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá ante el Congreso, entre papelitos, ovaciones y descrédito internacional.

Ese acto de irresponsabilidad institucional fue uno de los motivos para que el FMI le diera la espalda al gobierno provisional de Eduardo Duhalde. Ahora la situación es diametralmente opuesta, con el gobierno de Washington empeñado en evitar un estallido cambiario antes de las elecciones de octubre, pese a que la sequía impedirá cumplir la meta de reservas netas del Banco Central –mientras las líquidas se mantienen en terreno negativo– y también la fiscal debido al aumento del déficit primario.

Sin embargo, no habría que descartar que el desembolso anticipado de fondos gestionado por Massa, a costa de eventuales condicionalidades cambiarias, se demore hasta después del 24 de junio, cuando vence el plazo para presentar las listas de candidatos a las PASO y comiencen a despejarse las incógnitas que en estos días ensanchan las grietas políticas y recalientan las internas dentro del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

Incluso, en una jugada tan incierta como temeraria, el propio ministro puso en duda su permanencia en el cargo si el oficialismo no accede a su exigencia de ser candidato único, a pesar de que la inflación de tres dígitos anuales, la brecha cambiaria y la paulatina desaceleración de la actividad económica acentuada por el endurecimiento del cepo importador imponen un serio escollo a sus chances electorales.

Aun así, Massa actúa en “modo candidato”. De hecho, sus anuncios, como los bonos de suma fija para jubilados, asignación universal por hijo; refuerzo de la tarjeta Alimentar; exención de Ganancias del medio aguinaldo de junio para asalariados formales y suba de los topes anuales de facturación en el monotributo, implican poner pesos en los bolsillos para atenuar el deterioro del poder de compra de los ingresos en los dos meses que restan hasta las PASO de agosto. Pero también sacrificar recaudación y aumentar el gasto público, a costa de mayor emisión de pesos que realimentan la inflación.

El economista Miguel Ángel Broda sostiene que la estrategia del ministro consiste en evitar costos políticos y agravar la herencia del próximo gobierno, que en el primer trimestre de 2024 deberá enfrentar $11 billones de vencimientos de deuda del Tesoro; deudas en dólares por pagos postergados de importaciones con eventual ajuste del atraso cambiario y emitir más pesos por ventas de dólares a futuro como las realizadas en 2015.

No obstante, se muestra optimista ante el consenso entre los economistas de la oposición de JxC sobre la necesidad de estabilizar la economía y emprender las reformas demoradas hace 30 años, en la medida en que se preste mucha atención al impacto sobre los sectores más vulnerables, se enfatice la racionalidad de las medidas y se expliquen los futuros beneficios.

En otras palabras, que buena parte de la dirigencia política tome conciencia sobre la necesidad de un punto de inflexión para cambiar la “política de Estado” de gastar más de lo que recauda, dejar de emitir pesos o endeudarse y revertir la decadencia productiva y socioeconómica que padece la Argentina desde hace décadas.