George Orwell, en la alegoría que plasmó en Rebelión en la Granja, sintetizó en una breve regla el daño que provocan los regímenes donde la igualdad no es seriamente respetada y los gobernantes hacen abuso del poder que acumulan. En esa alegoría, la regla inicial que enunciaba que “todos los animales son iguales” fue luego completada, a instancias de la especie dominante, por otra que aclaraba que “algunos animales son más iguales que otros”.

Cuando los gobernantes se creen “más iguales que otros” se produce un efecto derrame en la sociedad que la lleva a descreer del valor y la importancia de la igualdad ante la ley. No solo se produce el desarreglo de que la ley deja de ser el instrumento que nos ordena y regula a todos por igual, sino que crea además en la ciudadanía la sensación de una gran injusticia, pues existen individuos con privilegios que resultan inmunes a su alcance.

¿Cómo puede ser siquiera debatible que el derecho a la protesta incluir los daños y destrozos que causan organizaciones que gozan de la protección de las autoridades, cuando estas las consideran aliadas en su proyecto de mantenimiento del poder?

No sorprende que, en el plano internacional, nuestros gobernantes se alíen con regímenes que enarbolan banderas de privilegios y leyendas

¿Qué otra razón, si no es el desprecio por la ley y la creencia de que esta no rige para ciertos individuos, puede invocarse cuando una presidenta en ejercicio usa el avión oficial, con los elevados costos que eso conlleva, para hacerse llevar a su vivienda particular en Santa Cruz diarios, muebles y otros objetos para su exclusivo uso y disfrute?

¿Cómo es posible que una universidad abra sus claustros para que un vicepresidente condenado en todas las instancias por graves hechos de corrupción dé conferencias, si no es exactamente por las mismas razones?

¿Cómo se justifica que no es por desprecio a la libertad de expresión que otra universidad haya repudiado públicamente a un periodista con el que no comulga, cuando había sido invitado por los propios alumnos a dar una charla sobre la importancia de determinados aspectos de su larga y destacada profesión? Es la misma universidad que, entre otras decisiones tan absurdas como politizadas, distinguió al expresidente venezolano Hugo Chávez con el Premio Rodolfo Walsh “por su compromiso incuestionable y auténtico en afianzar la libertad de los pueblos”. Hay muy pocos ejemplos más viles que distinguir con un premio a la libertad a quien ha cercenado los derechos de millones de venezolanos, haciendo caso omiso de las leyes, en un claro signo de autoritarismo y espíritu antirrepublicano.

El actual gobierno descree de la meritocracia y del valor de las enseñanzas

Con estos ejemplos a la vista, no sorprende que, en el plano internacional, nuestros gobernantes se alíen con regímenes que enarbolan iguales banderas de privilegios y prebendas.

El régimen político que ha estado en el poder en nuestro país durante gran parte del presente siglo ha tenido, al menos, la virtud de la franqueza. Es un régimen que descree de la meritocracia y del valor de las enseñanzas. Una persona condenada por graves delitos, como la dirigente jujeña Milagro Sala, recibe la visita del Presidente; un ministro de Salud hace vacunar prioritariamente a sus amigos mientras el jefe del Estado realiza fiestas en la quinta de Olivos en plena restricción por la cuarentena por coronavirus; gobernadores y vicegobernadores se suceden en el cargo e intentan seguir haciéndolo ininterrumpidamente, aun cuando las constituciones provinciales lo prohíben, y la propia vicepresidenta de la Nación, a falta de pruebas para defenderse de los numerosos y graves delitos de los que se la acusa, reacciona atacando a los jueces en general y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en particular, alentando su descabezamiento.

Urge repensar nuestro pacto de convivencia, que es el que la Constitución Nacional expresó de manera sabia, desde su misma sanción. Debería bastar con leer sus disposiciones y acatarlas

La receta para salir de esta situación no es difícil, pero sí lo es abandonar condenables prácticas que se encuentran enquistadas. Tanto el Estado nacional como los provinciales están sobredimensionados, con mucha mayor cantidad de personal contratado que el necesario para las tareas que se deben llevar a cabo, pues ello constituye una manera de asegurar apoyo a cualquier política oficial. El requisito constitucional de la idoneidad para desempeñar un cargo simplemente se ignora y los mismos políticos van mutando de un puesto a otro como si fueran expertos en todas las materias habidas y por haber.

Urge repensar nuestro pacto de convivencia, que es el que la Constitución Nacional expresó de manera sabia, desde su misma sanción. Debería alcanzar con leer sus disposiciones y acatarlas. El juramento de hacerlo que precede a la aceptación de un cargo público debería ser algo mucho más importante que la mera fórmula que antecede al aplauso. Dios y la Patria mediante.