La jueza Ana María Figueroa se declara a sí misma “la primera víctima del lawfare”, en sintonía con las denuncias del kirchnerismo sobre la Justicia, cuando dicta fallos en su contra. Estará en su cargo al menos hasta el 9 de agosto, cuando cumplirá 75 años, como todos los jueces. Pero podría ir más allá en sus funciones si es que el Senado le prorroga su acuerdo por cinco años más.

La jueza es doctora en Derecho, especialista en género, casos de trata de personas y Derechos Humanos. Preside la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema y desde allí votó con frecuencia en favor de Cristina Kirchner y de funcionarios kirchneristas en problemas con la Justicia.

Senado: el kirchnerismo planea volver a la carga por el pliego de la camarista Ana María Figueroa

A pesar de estos antecedentes, Figueroa dijo en el Senado en junio pasado, cuando defendió su continuidad en la Casación: “Si hay algo que nadie me puede objetar de mi persona es mi imparcialidad. No conozco ni dónde funciona el Instituto Patria, ni he tenido conversaciones con el Poder Ejecutivo de ninguna índole”.

En el pasado, Figueroa se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido para anular el caso de los cuadernos de las coimas donde Cristina Kirchner es la principal acusada de liderar una asociación ilícita dedicada a recibir sobornos; votó en otra causa por apartar al juez Claudio Bonadio de ese caso; y se pronunció además en contra de la absolución de militares que rechazaron en 1974 el copamiento que realizó el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de un cuartel en pleno gobierno democrático.

Ahora, Figueroa debe votar en dos causas en las que Cristina Kirchner fue sobreseída sin siquiera ir a juicio oral: el caso Hotesur-Los Sauces, donde la vicepresidenta está acusada de lavado de dinero con sus hijos Máximo y Florencia Kirchner; y el expediente por la firma del memorándum con Irán.

El 29 de diciembre de 2016, junto con los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, Figueroa votó por reabrir la causa denuncia del fiscal Alberto Nisman que motivó el caso del memorándum con Irán y se pronunció por apartar a los jueces Daniel Rafecas y a los excamaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros. Es el mismo caso en el que ahora impulsaría su cierre.

En Hotesur y Los Sauces, los tres jueces de la Cámara de Casación que deben decidir si confirman el cierre del caso o lo reabren, ya emitieron su voto y la sentencia se conocería en la primera semana de agosto, luego de la feria judicial de invierno. Los jueces son Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la propia Figueroa, que votó última y el 28 de junio pasado trasladó la causa a sus colegas.

Si bien el contenido de los votos de los tres jueces es secreto, a fin del año pasado trascendió que Barroetaveña y Petrone votarían por reabrir el caso y ordenar la realización del juicio oral, y que Figueroa votaría en disidencia, apoyando el cierre de la causa. Es decir, en favor de Cristina Kirchner.

En el caso del memorándum con Irán, es probable que la jueza vote también en favor de la vicepresidenta por el cierre del caso. No se sabe lo que harán sus colegas, aunque se dijo hace seis meses que estaban en la misma posición que la magistrada. Pero todo pudo haber cambiado.

La jueza Figueroa ya tuvo ocasión de pronunciarse en una causa relacionada con la firma del acuerdo, cuando se debatió la constitucionalidad de este pacto firmado con Irán para permitir que declaren los iraníes prófugos por atentar contra la AMIA en 1994.

Figueroa es una de las juezas que denunció la “mesa judicial” del macrismo como un grupo dedicado a ejercer de manera sistemática presiones sobre jueces y funcionarios para obtener fallos favorables. La jueza declaró como testigo que fue una de las primeras víctimas del lawfare. Relató que cuando estaba por asumir Mauricio Macri recibió al exsubsecretario de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien le pidió que sacara el fallo en el sentido de declarar inválido el acuerdo.

Mahiques negó esa reunión y dijo que la jueza faltaba a la verdad. Figueroa declaró bajo juramento, por escrito. Y a pesar de que su obligación como funcionaria es denunciar los delitos que advierte, no lo hizo porque sostuvo que en ese momento no tomó “dimensión de lo ocurrido”, aunque luego concluyó que había sido la “primera víctima del lawfare”. Habló de “la iniciación de un proceso con pretensiones de condicionar las decisiones de los miembros el Poder Judicial y en mi caso en particular”.

Esta idea de la persecución judicial macrista sobre la Justicia y los funcionarios del kirchnerismo es una de las bases de la defensa de Cristina Kirchner en las causas que enfrenta. Sin embargo, fue condenada a seis años de cárcel en el caso Vialidad, pero este argumento convenció a los jueces que la sobreseyeron en el caso de la firma del Pacto con Irán. Figueroa dijo que con ella el macrismo realizó “una persecución ideológica en mi contra por parte de terceras personas que se aprovecharon de un uso indebido del poder y de instituciones fundamentales, pilares de una sociedad democrática”. Y agregó: “Las presiones descriptas no constituyen producto de mi imaginación o susceptibilidad alguna durante el período de gobierno 10/12/2015 a 09/12/2019 con un accionar coordinado con cierta prensa con el uso de instituciones”.

Figueroa le pidió al presidente Alberto Fernández que eleve su pliego al Senado para que le dé un nuevo acuerdo, de modo de seguir siendo magistrada después de los 75 años, pues llegará a esa edad el 9 de agosto próximo. Sin embargo, el oficialismo en el Senado viene fracasando hasta ahora en su iniciativa.

Figueroa tiene un historial de decisiones favorables la kirchnerismo, como cuando quedó en minoría para apartar al fallecido juez Bonadio de la causa de los cuadernos de la corrupción, donde Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita. Sus colegas de la Sala I Barroetaveña y Petrone rechazaron el recurso de casación interpuesto por la defensa de la vicepresidenta con costas y Figueroa votó por hacer lugar al recurso interpuesto por el abogado Alberto Beraldi y cuestionó que Bonadio no actuó como juez natural e imparcial.

La solución estándar ante estos planteos es rechazar el asunto porque no es sentencia definitiva, pero Figueroa sostuvo que aún así “puede equipararse a tal al cuestionarse la imparcialidad objetiva del juzgador en el proceso, toda vez que el planteo -por su naturaleza- exige una consideración inmediata en tanto constituye la única oportunidad para su adecuada tutela, ya que el cuestionamiento se dirige a que la investigación en curso no continúe ante el mismo juez respecto al que se formulan señalamientos que ponen en duda su imparcialidad”.

En otra disidencia de impacto política, la jueza votó en contra de la absolución de tres oficiales del Ejército del Regimiento A-17 de Catamarca (el capitán Carlos Del Valle Carrizo Salvadores, el subteniente Mario Nakagama y el teniente primero Jorge Exequiel Acosta) investigados por los combates que se produjeron cuando un grupo armado del ERP secuestró un ómnibus y viajó desde Tucumán con armas de guerra fusiles Fal, pistolas calibre 45 y granadas, con el apoyo de otros vehículo, e intentó copar la unidad militar, en pleno período democrático en agosto de 1974.

Los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci votaron por las absoluciones de los militares, porque los enfrentamientos se generaron “por la decisión voluntaria y consciente de un grupo particular insurgente que pretendió atacar una institución de la República en el marco de un Gobierno Constitucional elegido por más del 60 por ciento de los votos”. Para Figueroa, en cambio, eran culpables de crímenes de lesa humanidad.

En el caso de los cuadernos de las coimas, la jueza votó en favor de declarar la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, en consonancia con todos los acusados incluido Julio de Vido, Roberto Baratta y los intereses de Cristina Kirchner. Los “arrepentidos” del caso de los cuadernos son los empresarios que admitieron haber pagado los sobornos y también los funcionarios kirchneristas que reconocieron haberlos cobrado. Uno de ellos, Juan Carlos Campillo, declaró que los 75 millones de dólares que tenía Daniel Muñoz, ex secretario de los Kirchner, en propiedades en Estados Unidos, era dinero del matrimonio presidencial. Figueroa quedó en solitario y los jueces Petrone y Barroetaveña convalidaron las declaraciones de los arrepentidos y evitaron que la causa se derrumbara.

En otra decisión de febrero de 2022, la jueza Figueroa se pronunció por revocar el procesamiento de Cristina Kirchner en el caso de los cuadernos de las coimas. Sus colegas Petrone y Barroetaveña rechazaron el planteo de la vicepresidenta y dejaron firme su procesamiento. La titular del Senado había recurrido su procesamiento y también el embargo sobre sus bienes por 1500 millones de pesos. Figueroa firmó en disidencia.

Asimismo, en otro fallo de 2022 la jueza votó en disidencia en un caso donde sus colegas Barroetaveña y Daniel Petrone anularon el procesamiento de tres exmilitares imputados por torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas. Los camaristas ya habían declarado la prescripción de estos delitos. Figueroa en cambio, argumentó la obligación internacional del Estado argentino de continuar investigando los delitos que puedan ser considerados de lesa humanidad.

La postergación del tratamiento del pliego de Figueroa hace que corran peligro otros dos casos sensibles para el kirchnerismo, en los que la magistrada debe votar: la causa por la firma del memorándum con Irán, donde Cristina Kirchner está absuelta, y el caso de Oil Combustibles, donde Cristóbal López y Fabián de Sousa están absueltos y Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, condenado a 4 años y 8 meses de prisión por facilitarle planes de pago del impuesto a los combustibles, en condiciones desfavorables para el Estado.

La jueza Figueroa participó de audiencias previas en esas causas donde los fiscales y los acusados expusieron sus puntos de vista. Si no hay fallo en estas causas antes de que ella cumpla los 75 años, los jueces Petrone y Barroetaveña deberían convocar a un tercer juez para que vote, si es que no se ponen de acuerdo para resolver los planteos de los acusados.

La definición en el caso Hotesur-Los Sauces es de alta sensibilidad política. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por fraude al Estado con las obras públicas de Santa Cruz en el caso conocido como Vialidad. El tribunal oral estableció en su sentencia que ese delito lo cometió ella con el propósito de beneficiar a su socio comercial Lázaro Báez.

Figueroa gozó del aprecio del secretario de la Legal y Técnica, Carlos Zannini. Desde que arribó a la Casación, la camarista ha sido un dique de contención a los intereses kirchneristas. Zannini la impulsó además como candidata a cubrir una vacante en la Corte Suprema desde mucho antes de la renuncia del ministro Eugenio Zaffaroni. Pero no lo consiguió.