LA PLATA.- La Junta electoral de la provincia de Buenos Aires será el árbitro de la furiosa disputa que se desató en el interior del frente oficialista Unión para la Patria para dirimir el reglamento con que competirán sus precandidatos en las PASO del distrito electoral con mayor peso electoral del país.

Cuerpo colegiado a cargo de dirimir las diferencias en el proceso electoral en todos las categorías provinciales, desde gobernador hasta legisladores, pasando por intendentes y concejales, el único ámbito que excede a su definición son las candidaturas a diputados y senadores nacionales que resolverá el juzgado federal con competencia electoral.

Cristina Kirchner y sus dilemas de poder

La Junta electoral es un cuerpo que rota en su conformación dado que varía el representante de la Suprema Corte de Justicia que lo preside. Este año esta presidido por Sergio Gabriel Torres, el exjuez federal de Comodoro Py que ingresó a la Corte provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal tras superar la resistencia del peronismo.

La vicepresidenta es Ana María Bourimborde, una camarista de amplia trayectoria no solo judicial, sino también política, que cultiva un perfil extremadamente bajo. La magistrada estuvo ligada en el inicio de su carrera judicial el exsenador Carlos Martínez -armador del peronismo por años en el Senado de la provincia- y forjó una amplia trayectoria con marcados gestos de independencia, no solo en en la Junta Electoral sino también en juicios políticos.

Este año fue denunciada por legisladores del Frente de Todos durante el juicio al destituido fiscal de San Isidro Carlos Scapolán. El diputado Carlos Puglielli y el senador Juan Alberto Martínez llegaron a pedir la destitución de la jueza, que preside la Cámara de Apelación Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires.

Entre los vocales se destaca la presencia de Federico Thea, presidente del Tribunal de Cuentas, cargo al que llegó durante el gobierno de Axel Kicillof, al que acompaña en política desde hace años. El gobernador designó a Thea en este cargo vitalicio que es estratégico para su gestión, dado que tiene la facultad de revisar y eventualmente objetar todos los gastos del billonario presupuesto del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Incondicional del gobernador, Thea tiene poder para multar económicamente al poder central y a los 135 municipios.

Compone también el cuerpo en calidad de vocal el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Eduardo Delbés, cargo al que llegó impulsado por el peronismo bonaerense. Lleva más de cuarenta años en esa función. Hace décadas denunció espionaje a magistrados en la capital de la provincia.

El cuerpo lo integra además Gustavo Juan de Santis, integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que fue subsecretario de función pública de la secretaría general de la gobernación durante la gestión de Felipe Solá.

Es decir, de los cinco los miembros que podrían definir la compulsa que mantiene en vilo a Unión por la Patria, uno sólo ingresó al Poder Judicial bonaerense sin el impulso del peronismo: Torres.

La pelea que por estas horas tensa la relación entre el kirchnerismo y el sciolismo tiene que ver con el reglamento de Unión por la Patria, fundamentalmente con la distribución de las minorías y los avales que se exigen para presentar las candidaturas en la provincia de Buenos Aires.

Desde las filas de Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz, precandidato a presidente y a gobernadora bonaerense, se habla, sin eufemismos, de “un reglamento que no regula la participación sino que la anula”. Ambos trabajan para hacer una presentación ante la Junta Electoral que casi en simultáneo se replicaría en el juzgado federal con competencia electoral de Alejo Ramos Padilla. Este magistrado fue designado en el Juzgado Federal N°1 de La Plata hace dos años, con el aval expreso de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. La oposición lo identifica con el kirchnerismo.

Los escritos para dirimir los términos de la compulsa en la interna oficial podrían concretarse este miércoles, cuando reanude la actividad judicial. El espacio de Scioli pretende impugnar el reglamento, dado que tal como está redactado será casi imposible ubicar nombres propios en las listas luego de las PASO. Pero ni siquiera podrían llegar a esa instancia, por la estricta exigencia de avales para poder presentar candidaturas.

Los tres puntos en disputaAvales: El reglamento dificulta la presentación de candidatos que no cuenten con el visto bueno de Cristina Kirchner y Sergio Massa. ¿Por qué? Porque además de exigir que Scioli y Tolosa Paz reúnan un 50% de avales de “afiliados del PJ”, también les exige que “los restantes deben ser de al menos un 20% de afiliados a los partidos Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Partido para la Victoria, Kolina y Frente Grande que representen al menos tres fuerzas políticas de las mencionadas”. En otras palabras, Scioli y Tolosa Paz deberán conseguir el respaldo de afiliados del partido de Massa (Frente Renovador) y de fuerzas identificadas con el kirchnerismo duro, que hoy están en la vereda de enfrente del embajador en Brasil.Las listas de para la Legislatura bonaerense: Scioli y Tolosa Paz advierten que el entendimiento inicial con el kirchnerismo y el massismo planteaba que, si en las PASO superaban el piso del 30% de los votos, su primer candidato a diputado provincial se agregaría a la lista final a partir del cuarto lugar. Ahora aseguran que sería entre el sexto y el séptimo puesto, dependiendo del género. Se trata de lugares que no ingresarían a la Legislatura ante una mala performance de Unión por la Patria.Los concejales por comuna: “Solamente se podría aspirar la minoría que accede a colocar un concejal en el sexto lugar de una lista en una excelente elección en los municipios de más de 200.000 habitantes”, explican desde las filas del sciolismo. Y agregan que eso implicaría que habría hoy unos 110 municipios (en los que se renuevan 10 bancas como máximo) de los 135 partidos bonaerenses en los que las minorías, aún alcanzando el piso de votos requeridos, no tendrían chances de acceder al Consejo Deliberante. Entre esos citan desde los municipios más pequeños del interior hasta algunos muy importantes del conurbano, como Zárate, San Fernando, Hurlingham e Ituzaingó.

Desde el sector disidente afirman que el reglamento se dio a conocer “de forma poco clara y trascendió una copia que se intentó dar por aprobada y firmada por las partes”. El espacio también alerta sobre “irregularidades” en los procedimientos y arriesgan: “Están jugando a que rompamos o desistamos”.

Los puntos de la nueva Constitución jujeña que generan resistencia

En caso de romper, Scioli necesita contar en los próximos cuatro días con 2737 candidatos para integrar las listas en los 135 municipios del Gran Buenos Aires. En los distritos más grandes debería anotar 30 nombres: 12 a concejales titulares, ocho suplentes, cinco consejeros escolares y cinco suplentes.