Aunque la mirada es prematura y con muchas prevenciones, la Justicia comenzó a analizar la escena con Sergio Massa como eventual presidente electo en el ballottage de noviembre.

Uno de los escenarios donde se escudriña el impacto del triunfo de Massa es en torno a la Corte Suprema de Justicia: durante todo el año avanzó un proceso contra el máximo tribunal en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, motorizado por el kirchnerismo y que busca desgastar a la Corte.

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La comisión tiene mayoría peronista para votar un dictamen acusatorio, pero para que progrese el juicio político debe aprobarse en la Cámara de Diputados con al menos dos tercios de los presentes. Y Massa, a pesar de haberse impuesto en primera vuelta, perdió legisladores peronistas en su bancada. Le quedaron 108 diputados, unos diez menos de los que contaba, con lo que difícilmente pueda reunir los votos necesarios para avanzar. Distinto es el Senado, donde quedó fortalecido.

Otro elemento bajo análisis es si el peronismo, que aparece triunfante hasta ahora, está enfrentado con la Corte al punto de romper todos los puentes. En algunos despachos del tribunal afirman que hay enojo en los gobernadores del norte, sobre todo luego de los fallos que pusieron límites a las reelecciones provinciales, y que ello puede ahondar el enfrentamiento entre el peronismo y los jueces.

Pero esta opinión no es unánime, considerando que Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda provienen del peronismo. Ricardo Lorenzetti, en cambio tiene una mirada diferente y crítica sobre cómo se desarrolló el proceso de juicio político, pues entiende que, al haber proporcionado información a la Comisión, la Corte le facilitó evidencia para acusarlos. Una suerte de mala praxis.

Hay coincidencia mayoritaria en que, a pesar de que el peronismo pueda haberse fortalecido con el resultado electoral, esa revitalización no incide en el avance del juicio político en Diputados. Y, al contrario, en la Corte, la mirada sobre Massa es que no es un político rupturista sino por contrario, componedor y negociador.

Sobre todo, considera que es mucho lo que resta destrabar en la gestión judicial producto del bloqueo que Juntos por el Cambio y el kirchnerismo construyeron en el Consejo de la Magistratura y el Congreso. Por ejemplo, en el debate sobre la reforma de la Procuración General de la Nación.

Massa supo tener sus terminales judiciales en los tribunales. El juez Claudio Bonadio tenía trato frecuente con el ahora candidato. Guillermo Marijuan, como fiscal, siempre mantuvo diálogo con Massa, desde las épocas de la Anses. Su dictamen que propuso sobreseer a Cristina Kirchner en el caso de “La ruta del dinero K”, donde se investigaba la hipótesis de que Lázaro Báez fuera testaferro de los Kirchner, fue adjudicado a esta cercanía entre el fiscal y el ministro de Economía, especulación que Marijuan rechazó. Pero Massa dialoga con otros fiscales, con otros jueces en la Casación y siempre juega cerca de Diego Molea, académico de Lomas de Zamora y referente en el Consejo de la Magistratura por el massismo y otras expresiones peronistas.

El otro escenario sobre el que apenas empezaron a conversar los jueces tiene que ver con las causas en trámite. Los principales casos en Comodoro Py 2002 contra el kirchnerismo están en tribunales orales, fuera del influjo de la política (Hotesur-Los Sauces, Memorándum con Irán, los cuadernos de las coimas). El jueves se sortearán los jueces que intervendrán en los juicios de Hotesur-Los Sauces y el pacto con Irán. El triunfo de Massa no cambió la agenda de sorteos.

A la Cámara de Casación le resta decidir además si admite los recursos extraordinarios de Cristina Kirchner contra el fallo que reabrió esos dos casos. Los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques están próximos a dar a conocer su decisión. Lo usual sería que rechacen el recurso por tratarse de un asunto que no se dirige contra sentencia definitiva. Si eso es así, a la vicepresidenta le quedará ir en queja a la Corte con ambos casos.

Por otra parte, la condena a seis años de cárcel por el caso Vialidad contra Cristina Kirchner está siendo revisada por los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Se está próximo a fijar fecha para que se hagan las audiencias públicas previas a dictar un fallo. La primera de ellas sería antes de fin de año, pero luego de las elecciones presidenciales. Y el resto se pautarían para 2024. Una vez concluidas esas audiencias, los jueces de Casación tienen 20 días hábiles para decidir si confirman o no la condena contra la vicepresidenta. La llegada de Massa a la segunda vuelta no frena la agenda del proceso y el fallo se conocerá como estaba previsto.

En lo inmediato, el día después de las elecciones que le dieron el triunfo a Massa coincidió con dos decisiones judiciales de impacto político: el juez Ernesto Kreplak dio luz verde a allanamientos pedidos con insistencia por el fiscal Sergio Mola para investigar a Martín Insaurralde, un caso de supuesta corrupción que no movió el amperímetro en la elección bonaerense. Al mismo tiempo, los camaristas Barroetaveña y Petrone dieron el veredicto que confirma la absolución de Cristóbal López y manda a corregir la condena contra Ricardo Echegaray en el caso de Oil Combustibles.

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En la primera instancia, entre los jueces federales de Comodoro Py prima la sorpresa con el resultado del domingo, pero ninguno da por cerrado el cómico. Un juez federal de aguda mirada política creyó ver en los festejos de Massa el regreso del Frente Renovador, despojado de cristinismo, y la llegada de una época de diálogo, sin confrontación con la política.

Otro colega habló del perfil componedor de Massa, más estratégico y previsible que en caso de llegar a ser presidente le facilitaría la negociación política con la oposición para la cobertura de las vacantes en el Consejo de la Magistratura, la Corte y la Procuración General. Con Massa ven un modelo de diálogo institucional, aunque con Javier Milei tienen recaudos por quienes lo rodean.