La Libertad Avanza pidió a la jueza federal María Servini que suspenda los efectos de un decreto anunciado y publicado ayer por el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, como parte del “plan platita”, por el cual se prorroga por dos años la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada a personas que cuenten con 30 años de aportes pero que estén desempleados desde mediados de año.

El abogado de Javier Milei, Francsico Oneto, patrocinó a la abogada salteña Alba Quintar, quien planteó que el DNU publicado en el Boletín Oficial ayer es una medida que está prohibida en la campaña electoral, porque se trata de un acto de gobierno.

Pidió que el tribunal ordene que no se aplique el decreto hasta el día siguiente de las elecciones debido a que “de manera manifiesta, lleva ínsito la finalidad de limitar, interferir, influenciar, captar indebidamente, condicionar y/o menoscabar el derecho político fundamental de sufragio en absoluta libertad”, lo que es una infracción al Código Electoral.

Señaló que no se trata de una prórroga de un beneficio, sino de un nuevo plan dispuesto en un período donde están vedados eso actos de Gobierno.

“El programa intenta asignar jubilaciones anticipadas a 17 días del acto electoral, importando un acto de proselitismo político inadmisible por las mismas normas del Código Electoral, ya que la libertad para emitir el voto debe ser el bien jurídico protegido”, dice el abogado, que señala que la medida podría haberse tomado luego de las elecciones o antes de la campaña.

El ministro Massa, anunció la prórroga por dos años del mecanismo que permite acceder al beneficio jubilatorio sin haber completado los años de aportes o la edad mínima. La norma prorroga por dos años la “prestación anticipada”, para la cual es necesario, como requisito, haber cumplido los 60 años en el caso de los hombres y 55 en el de las mujeres.

Además, deben acreditarse 30 años de aportes y encontrarse en situación de desempleo al 30 de junio último. La Jubilación Anticipada es incompatible con el trabajo en relación de dependencia o autónomo y con otros planes sociales o beneficios previsionales.

En los últimos años accedieron al beneficio “alrededor de 23.000 personas” que, habiendo reunido los años de aportes, no contaban con la edad suficiente para jubilarse y se encontraban desocupados, señalan los considerandos.