Empresas “pantallas” que fueron creadas con la intención de ocultar a los verdaderos importadores de la de los productos que iban a entrar en la Argentina de contrabando y accionistas que, en realidad, eran testaferros en situación de vulnerabilidad a quienes les habían prometido un trabajo. Así, según el expediente judicial, operaba la denominada Mafia de los Contenedores, una organización criminal que intentó ingresar en el país de forma ilegal mercadería valuada en 284 millones de dólares.

En las últimas horas, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó sin prisión preventiva a la escribana que certificó la creación de una serie de empresas que estuvieron detrás de la operatoria y al “reclutador” de las personas que hicieron las veces de testaferros.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La investigación comenzó en marzo de 2016, tras una presentación de la Aduana ante la Procuraduría de Criminalidad Económicas y Lavado de Activos (Procelac). El Ministerio Público está representado en este caso por la fiscal en lo penal económico María Gabriela Ruiz Morales.

El expediente tiene varios legajos y diferentes partes del expediente ya fueron elevados a juicio oral y público. En uno de ellos fue investigado Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado del exministro de Planificación Federal Julio De Vido. En noviembre de 2019, Minnicelli fue condenado a cinco años de cárcel.

Hace dos meses, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena impuesta a Claudio Minnicelli. En un fallo de 259 páginas, los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone rechazaron el recurso de casación y el planteo de inconstitucionalidad presentado por los abogados Esteban Lascano y Ángel José Gatti, defensores de Minnicelli.

“El objeto procesal del presente legajo de investigación se circunscribe a la actividad desarrollada por una presunta organización criminal que habría realizado diversas operaciones de comercio exterior ocultando a los verdaderos importadores, mediante la interposición de sociedades de existencia meramente formal, y declarando ante la Aduana productos distintos de los realmente importados (en especie, calidad y peso), de modo de evadir los tributos aduaneros a cuyo pago se encontraban obligados con motivo de la importación de las mercaderías verificadas en los contenedores”, sostuvo el juez Aguinsky en la introducción de la resolución donde procesó sin prisión preventiva a la escribana Andrea Viviana Gouget, de 51 años, y a José Luis Molina, de 59.

En septiembre pasado, con la adjudicación de 45 toneladas, terminó la entrega de la mercadería secuestrada en la causa. Se trató de una donación histórica que incluyó carteras, gorras, bufandas, camisetas, calzoncillos, botines, termos, cuchillos, elementos de bazar, cintas métricas, juguetes y mochilas que habían sido decomisados por orden de la Justicia.

“A los fines de concretar las conductas pesquisadas, la asociación ilícita habría contado con una cartera de sociedades ‘pantalla’ con el objetivo consignar las mercaderías a nombre de esas compañías y procurando así ocultar a los verdaderos importadores, canalizando –a través de ellas– el ingreso clandestino de mercadería en la Argentina”, explicó el magistrado en la citada resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.

En su declaración indagatoria, la escribana afirmó: “Yo constituí todas las sociedades sin saber de toda esta situación. Era un estudio contable que traía gente para hacer sociedades. De la gente que me nombraron yo no escuché a nadie. La persona que me traía clientes era el señor Molina”. La notaria sostuvo que, según su criterio, no había cometido ningún delito y tampoco había integrado ninguna organización criminal.

Para el juez Aguinsky, en cambio, se acreditó, prima facie, que la escribana Gouget intervino en la constitución de nueve “personas jurídicas” que solo “tendrían apariencia formal, dado que estarían integradas por testaferros, lo que permitió a la asociación ilícita la utilización de las empresas ‘pantalla’ a los fines de ocultar a los verdaderos dueños de la mercadería importada”.

“De las declaraciones indagatorias prestadas por los testaferros se desprende a todas luces el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad social y económica de personas de bajos recursos, residentes de las provincias de Salta y Tucumán, para ser colocadas sin su conocimiento ni consentimiento como accionistas, presidentes y directores de personas jurídicas que luego la asociación ilícita utilizaría para realizar las maniobras ilícitas de contrabando presunto”, sostuvo Aguinsky.

El magistrado trabó un embargo sobre los bienes de la notaria hasta cubrir la suma de 10 millones de pesos.

Los testaferros, según el expediente judicial, eran reclutados en distintas provincias y trasladados a la ciudad de Buenos Aires con falsas promesas de trabajo. Una vez en la Capital Federal, debían dejar sus documentos de identidad sin mayores explicaciones. Después, les hacían firmar una serie de papeles.

“Para lograr la finalidad del ingreso ilegal de mercaderías en el país se habría recurrido a la confección y posterior presentación de conocimientos de embarque apócrifos, al ingreso de informaciones falsas en el sistema de registro informático del organismo de control y, según el caso, a la presentación y oficialización de despachos de importación que contendrían información y documentación complementaria falaces. Se supone, también, que se habrían creado y utilizado sociedades ‘pantalla’, es decir, sin capacidad económica y operativa consistente con sus volúmenes de actividad, las cuales habrían actuado como personas interpuestas, con el objetivo de ocultar al verdadero importador en cada caso. Por lo demás, se presume que en función de la reiteración de la operatoria irregular detectada, que contaban con la connivencia de funcionarios aduaneros”, dijo Aguinsky sobre la operatoria de la organización criminal.