Mucho leemos y escuchamos sobre la movilidad sostenible en las ciudades: se trata de una necesidad ambiental, está enmarcada dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, tiene implicancias en la salud de las poblaciones y una dimensión profundamente social. Ahí es donde entra en juego un actor como el Estado que, a través de la gestión pública y de marcos normativos, puede generar las condiciones para que la transformación en la movilidad se realice a gran escala.

Si hay algo que predomina en los grandes centros urbanos es la alta densidad poblacional, a la que se le suman las características de la heterogeneidad y acceso desigual a servicios y satisfacción de necesidades básicas como trabajo y salud. Por estos motivos, cuando nos referimos a un paradigma inteligente para pensar y desarrollar las ciudades, las soluciones propuestas no pueden estar únicamente al alcance de las personas que tienen la posibilidad de pagar un auto eléctrico -aún costoso en muchos países de América Latina-, de trabajar en forma remota o de vivir en barrios conectados con múltiples medios de transporte. La movilidad sostenible y urbana, para ser una realidad, tiene que ser accesible a todas las personas que habitan las ciudades.

Incentivar a la población a optar por transportes compartidos, traslados en bicicleta o a pie y otros medios amigables con el cuidado del ambiente suena fácil pero se convierte en un lema vacío si esas opciones no están a su alcance. Para que la propuesta se transforme en acción, el sistema de movilidad sostenible debe contemplar el traslado hacia los lugares de frecuencia diaria como el trabajo o la escuela.

En España, por ejemplo, se presentó una propuesta de Ley de Movilidad Sostenible -aún no sancionada- para alcanzar objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, mejora de calidad del aire y favorecimiento del desarrollo económico y la cohesión social. ¿Cómo es que una ley de movilidad puede abordar tantos ejes en el funcionamiento de una sociedad? Para que las respuestas comiencen a hacerse más evidentes, se debe tener en cuenta al sector privado como un gran aliado para generar las condiciones necesarias que permitan a las personas trabajadoras contar con opciones sostenibles para llegar a sus lugares de trabajo. Así lo entiende la propuesta de ley española que establece planes de transporte sostenible al trabajo para los centros con más de 500 personas trabajadoras o 250 por turno. A eso, suma la responsabilidad por parte de las empresas para que las personas no se deban trasladar en horarios pico y lo hagan en medios de transporte de nula o bajas emisiones.

Esta ley busca favorecer la movilidad eléctrica, colaborativa y compartida así como la reconversión de los espacios públicos urbanos en elementos claves para las relaciones sociales. Estos objetivos se alcanzan mediante la ampliación de espacios verdes y peatonales con itinerarios continuos y seguros.

La movilidad en auto privado, responsable de atascos en los traslados, accidentes y una gran contaminación del aire, también se verá reducida con el desarrollo de ciclovías y una cultura de respeto y cuidado de las personas ciclistas. La Ley de Movilidad Sostenible española hace mención a otro factor indispensable para alcanzar ciudades verdaderamente inclusivas de toda la población y es la necesidad de eliminar barreras arquitectónicas que obstaculicen la accesibilidad de poblaciones vulnerables, con discapacidades o necesidades diversas.

Ya en 2013, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas publicaba boletines sobre la importancia del enfoque de sostenibilidad como una herramienta necesaria para la movilidad en la región. Como política integral, este enfoque debe conjugar cuatro dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, social, económica e institucional.

De acuerdo con datos de Greenpeace España, el transporte es el mayor emisor de CO2 en el país, a la cabeza incluso de la industria, y el 80% del espacio público en las ciudades se dedica al automóvil. Al analizar estos datos, se vuelve más claro cómo una política que modifique la red de transporte urbano puede impactar en numerosas dimensiones socioeconómicas.

Las soluciones de movilidad sostenible están ligadas con el objetivo principal de las ciudades inteligentes que busca poner a las personas en el centro de la escena en una convivencia respetuosa con el medio ambiente. Darles más derechos a las personas para acceder a una mejora en su calidad de vida, del aire que respiran y del acceso a una vida más saludable también forma parte del impacto que la implementación de soluciones de movilidad sostenible genera en las ciudades alrededor del mundo.