Dos miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos propusieron el pasado martes la Ley Dignidad 2023, una iniciativa con la que se busca brindar una vía de legalización a cientos de indocumentados en el país. El plan fue impulsado por la republicana María Elvira Salazar, por Florida, y la demócrata Verónica Escobar, por Texas, ambas de origen hispano. Se plantea que los inmigrantes irregulares puedan acceder a permisos migratorios y que los policías fronterizos tengan menos trabajo por hacer. No obstante, hay un largo camino por delante.

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Salazar y Escobar dijeron en su presentación en redes sociales que buscaban incentivar a los congresistas a retomar un debate que había quedado olvidado. Esta iniciativa se había sugerido en 2021 y a inicios de 2022, pero en ninguna ocasión avanzó hasta la votación.

Salazar argumentó que esta medida tiene el objetivo de ayudar a los indocumentados, pero también hacer que paguen tarifas justas por los beneficios que adquieren en EE.UU. “No quiero que nadie confunda amnistía con dignidad. Esto no es amnistía. Amnistía es lo que tienen los indocumentados en este momento y lo han tenido durante 30 años. Carreteras libres, escuelas libres y hospitales libres. En la Ley de la Dignidad todos pagan por su viaje”, declaró en su portal oficial.

¿Cómo obtendrían la ciudadanía estadounidense?

La medida contempla ayudar a aquellos que llevan más de cinco años viviendo ilegalmente en Estados Unidos sin antecedentes penales. Les daría residencia y permisos de trabajo, con un programa denominado “estatus de dignidad”, que costaría US$5000 de admisión. Tras siete años, los inmigrantes podrían optar por el “estatus de redención”, que llevaría a la ciudadanía por otros US$5000. “Esta legislación aborda la seguridad e infraestructura fronteriza, crea un estatus legal para los inmigrantes indocumentados que ya viven en EE.UU. con la posibilidad de obtener la ciudadanía, establece nuevas vías para los solicitantes de asilo y crea nuevas vías legales para los migrantes económicos y los menores no acompañados”, dijo Escobar durante la presentación.

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Las claves de la Ley Dignidad 2023

En caso de que se apruebe el plan migratorio, los indocumentados deberían pagar 5000 dólares y un impuesto sobre la nómina del 1,5% por siete años. Después de cumplir con ese período, podrían solicitar la ciudadanía. Sin embargo, no serían elegibles para recibir algún tipo de beneficio por parte del gobierno como el resto de los ciudadanos.

También se designarían US$25 millones para aumentar la seguridad fronteriza e implementar otras medidas con el objetivo de frenar la migración ilegal, en las que se incluiría a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Para los extranjeros que llegan a la frontera y que sus casos son diferidos a la Corte de Inmigración habría varios “campus humanitarios”, donde podrían permanecer hasta por 60 días.

Además, Salazar y Escobar propusieron que se instalaran centros de migración regionales en algunas zonas de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. El objetivo es que personal especializado les brinde información sobre cómo solicitar el asilo y otros procesos migratorios, con la finalidad de que no vayan hasta la frontera.

¿Es posible cambiar la política migratoria de Estados Unidos?

En un artículo de opinión del Consejo Editorial del Miami Herald analizaron los puntos de esta medida migratoria. Al presentar el martes su ambicioso proyecto, Salazar consideró que abordaba “cuestiones fundamentales que durante décadas han mantenido separados a los dos principales partidos políticos en materia de inmigración”.

Su propuesta tiene dos aristas, 12 millones de indocumentados podrían acceder a la ciudadanía. El “truco” es que, mientras ayuda a los inmigrantes, incluidos aquellos que entran en la categoría de Dreamers, el proyecto destina miles de millones de dólares para aumentar las patrullas fronterizas. Salazar resumió para el medio citado: “Estamos arreglando la inmigración legal (y) no costará ni un céntimo al contribuyente. Se pagará en su totalidad por las personas que están aquí y que entrarán en la vía establecida para legalizar su estatus”.

“Es una idea original —algunos dirán que improbable— para revisar un sistema frustrante e injusto. Como de costumbre, el diablo está en los detalles. Pero Salazar está ahí, mezclándolo todo y proponiendo el primer proyecto de ley de inmigración bipartidista presentado en el Congreso en 10 años. Aunque solo sea por eso, la conversación no debe ser sofocada”, señaló el Herald sobre el optimismo de la republicana.

“Es una propuesta intrigante”, describe el Herald, “la crítica de que los contribuyentes estadounidenses pagan la factura de los inmigrantes indocumentados posiblemente se disiparía, y tal vez también lo haría el odio de los inmigrantes indocumentados - especialmente en Florida del gobernador DeSantis - que, en teoría, estarían pagando su propio camino (...) No será fácil. Nunca lo es cuando se trata de inmigración”.