La Argentina necesita reconstruir una economía competitiva, en dónde el sector privado lidere la inversión y la creación de empleo de calidad.

Más allá de ciclos de corto plazo, la tendencia de crecimiento del país ha sido negativa en la última década, y mucho peor cuando se calcula el producto per cápita y se hace cualquier comparación regional y/o global.

Hay que modificar las reglas que rigen la toma de decisiones y darles estabilidad de largo plazo, reconociendo, como ya resaltáramos en notas anteriores, que sin una buena macroeconomía los beneficios sectoriales se vuelven letra muerta o crece la demanda de “blindajes” específicos que favorecen a algunos en detrimento del bienestar general.

Pasando a lo básico: el crecimiento es el resultado de más capital físico (inversión), más y mejor capital humano (trabajo) y un uso más eficiente de ambos (productividad). Los tres componentes necesitan una nueva organización.

Para alentar la inversión hay que eliminar la actual distorsión de precios relativos, en dónde se destaca, en primer lugar, el grave problema de los subsidios a los precios de la energía. Sin normalizar los precios de este sector clave, el resto de los precios seguirá distorsionado.

Por lo tanto, hay que ir rápidamente a precios de mercado y libertad de comercio en las áreas dónde hay competencia, mientras que en los servicios regulados los precios tienen que reflejar los costos eficientes de producción, incluyendo la rentabilidad. Los subsidios focalizados a los sectores más vulnerables tienen que separarse de los precios y formar parte explícita del gasto público.

Siguiendo con el desglose de problemas relacionados con las señales a la inversión, la Argentina necesita reinsertarse en el mundo. Hay que eliminar las restricciones cuantitativas que afectan las exportaciones en todas las actividades y, compatibilizado con el régimen cambiario y bimonetario, facilitar el ingreso de capitales para la inversión real, tanto de extranjeros como de argentinos, el acceso privado al financiamiento internacional y la remesa de utilidades.

Urge reemplazar el kafkiano sistema de importaciones que se hereda, por mecanismos simples y transparentes de licencias automáticas y limitar aquellas no automáticas.

En este contexto, resulta crucial el papel de la Argentina para revitalizar la agenda interna del Mercosur, y el avance de las negociaciones internacionales del Mercosur con el resto del mundo.

El Estado tiene que ayudar al sector privado emprendedor, con negociaciones internacionales que abran mercados, considerando los crecientes requisitos ambientales y la transición energética, dónde nuestro país tiene ventajas para aprovechar.

En síntesis, la inversión depende de una buena macroeconomía, precios no intervenidos, mercados competitivos, con un sistema ágil y profesional de defensa de la competencia y del consumidor y una agresiva inserción internacional.

Respecto del trabajo, hay que modernizar los marcos que regulan las relaciones laborales. Nuestra propuesta incluye descentralizar la negociación colectiva, permitiendo, con acuerdo de sus trabajadores, arreglos diferentes para empresas de menor tamaño o de distinta localización. Legislación para las nuevas modalidades laborales. Crear contratos especiales para jóvenes, con días y horarios a trabajar, flexibles y acordados entre las partes. Reducción de los impuestos al trabajo para pymes y pagos a cuenta de otros impuestos para las empresas más grandes. Mejorar la figura de los contratos temporarios, para bajar los costos de salida, aunque limitando el porcentaje de estos contratos que puedan tener las empresas. Se incluye, además, un esquema para reducir los costos y la incertidumbre en torno a la litigiosidad laboral que ha convertido los pasivos contingentes de las empresas en indeterminados. Y la adopción voluntaria de seguros privados de despido.

Respecto de la reconversión de planes sociales en trabajo genuino, hay que transformar los programas actuales, en esquemas temporales, con capacitación. Eliminar superposiciones entre diferentes jurisdicciones, y descentralizar a bolsas de trabajo privadas con incentivos para empresas y trabajadores. Igual, no será una tarea fácil ni rápida, dadas las graves falencias de nuestro sistema educativo.

Por último, hay que retomar un concepto que la Argentina tiene olvidado desde hace años, la productividad. No sólo es necesario crear el marco de incentivos para la adopción y promoción de nuevas tecnologías, si no que hay que poner a todo el sector público, nacional, provincial y municipal, al servicio de mejoras en la competitividad de las empresas.

Un tema no menor tanto a nivel regional como sectorial es el de arbitrar intereses dentro de las cadenas de valor sectoriales.

En efecto, tanto en diferentes estudios como en los talleres sectoriales que hemos realizado, quedó claro que surgen conflictos hacia adentro de las diferentes cadenas, no sólo por el tamaño de las empresas, sino también por su vocación, condiciones y limitaciones para integrarse al mundo. Aquí hay un trabajo específico de gestión del desarrollo que requiere una fuerte coordinación federal, Nación y Provincias, con transferencias condicionadas a cumplir una serie de requisitos que otorguen a un sello de “municipio y/o provincia competitiva”, apta para recibir fondos de multilaterales.

Resumiendo, se requiere buena macro, otro sector público generando los incentivos para incrementar la inversión, el empleo genuino y la productividad y un sector privado que responda a estos incentivos.

Hay que lograr un círculo virtuoso entre resultados e instituciones que torne sostenible e irreversible el camino del progreso. De este tema nos ocuparemos en la última nota de esta serie.