Según la Organización Panamericana de Salud, en la región de las Américas, continúa persistiendo la discriminación contra personas con problemas de salud mental, muchas de las cuales carecen de acceso a servicios de calidad, son sometidas a prácticas coercitivas, tratos inhumanos y, en algunos casos, a abusos, incluso en entornos de atención de salud, donde deberían ser protegidas.

Resulta, en tal sentido, interesante, un informe de la consultora estratégica Voices! y de Win International, que consultaron a 28.702 individuos de 39 países alrededor del mundo sobre aspectos relacionados con su vitalidad; entre ellos, el estado físico, el peso, el estado de ánimo y los niveles de estrés percibidos. Un dato sorprendente fue que la Argentina resultó el país de América Latina con peor evaluación del estado anímico. Esto se manifiesta en que un 68% de los argentinos autopercibe su estado de ánimo como bastante bueno o bueno, contra el 28% que lo califica como bastante malo o malo. Si a estos indicios se los compara con años anteriores, se puede reparar en que hay una disminución muy notoria y preocupante en comparación con los resultados de 2018, donde más del 85% de los argentinos sostuvo que su estado de ánimo era calificable como positivo.

Jaqueados por los múltiples efectos de una pandemia y con una economía local desquiciada, la salud mental de los argentinos merecería mayor atención. El aumento de síntomas de ansiedad, depresión y riesgo suicida reportado por la Facultad de Psicología de la UBA no sorprende, pero preocupa, además de alimentar prejuicios y tabúes siempre vigentes en relación con la salud mental. Los grupos etarios más vulnerables identificados a partir de la pandemia son los niños, los adolescentes y las personas mayores.

Las compras de psicofármacos por parte del Estado podrían acercar un panorama, pero la falta de transparencia y trazabilidad del sistema vuelve imposible su rastreo. La mejora en la capacidad de respuesta para atender enfermedades crónicas no transmisibles no se dio con los padecimientos mentales.

El presupuesto de salud mental no parece suficiente cuando constituye la décima parte de lo que indica la ley y apenas el 1,3% del presupuesto nacional de salud. La norma nacional vigente, aprobada en 2010, para muchos sin evaluación seria sobre la afectación de la salud mental de los argentinos, proponía avanzar en una llamada “desmanicomiolización”, esto es en la sustitución del sistema de atención en hospitales psiquiátricos por uno de salud mental comunitario, con hospitales y centros de atención primaria, además de dispositivos intermedios como hospitales de día y viviendas asistidas, que brinden atención continua, con profesionales especializados y adecuadamente preparados. Pero la insuficiencia de recursos nos aleja del objetivo, además de que el pase de un paradigma a otro debe contemplar los grises. Numerosos profesionales denuncian la falta de decisión política para implementar una norma de hace más de diez años que pese a haber constituido un avance ha encontrado problemas en su aplicación al proponer pasar del ya comprobado ineficaz e ineficiente hospital psiquiátrico a los nuevos modelos vigentes en el mundo.

Los legisladores nacionales escucharon los atribulados reclamos de familiares sobre falta de seguimiento, asistencia con equipos móviles, casas de día, educación y grupos de autoayuda para personas con problemas de salud mental que requieren contención a tiempo. Marina Charpentier, madre del popular Chano, planteó la desesperante y desgarradora situación de quienes, como ella, llevan demasiados años buscando soluciones eficaces. Erigida en la voz de muchos, insistió en el generalizado reclamo de modificar una ley que ha mostrado serias deficiencias en cuanto a quién decide sobre la necesidad de una internación psiquiátrica. Claramente, un adicto al consumo de sustancias –tercera causa de consultas en salud mental– que disponga de los medios para hacerlo puede no acceder a internarse, ante la muchas veces desesperada mirada de sus seres queridos que nada pueden hacer para ayudarlo, como planteó la madre del músico. Lo mismo ocurre ante alguien con un brote psicótico, situaciones que pueden comprometer la seguridad de terceros también, como ocurrió con el policía asesinado frente al MALBA el año pasado. Estos problemas tristemente cotidianos de miles de personas alcanzan alguna visibilidad por el protagonismo de un famoso o por la espectacularidad de una trágica consecuencia. Pero allí están, aguardando atención y resolución.

El controvertido artículo 20 de la norma plantea que la internación “debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios”, y que solo podrá efectivizarse ante “una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, difícil de sopesar. Las demoras en la práctica pueden tener peligrosos efectos por lo que se ha sugerido también un cambio mínimo en la ley que demande la intervención del equipo multidisciplinario cuando el paciente ya haya sido internado y no como condición previa. Hay también profesionales que aducen que no pueden internar porque la ley se los prohíbe y otros que recogen que la norma plantea la internación involuntaria, más alejada de la judicialización del pasado y a sola firma de un psicólogo o psiquiatra que avale la internación. Para muchos, el problema no es la ley sino las dificultades o fallas en su implementación.

Años atrás, el entonces diputado Jorge Enríquez preparó un proyecto que rescata el rol del médico psiquiatra como el más idóneo para resolver una internación, contemplando también la actuación de juntas multidisciplinarias ante situaciones de mala praxis. Así como hay excelentes profesionales, lo delicado de las cuestiones involucradas también se presta para el abandono de pacientes, con todo lo que ello acarrea para su posterior seguimiento y estabilización. Además, no podemos desconocer las enormes fallas de un sistema en el que muchos no encuentran cabida para sus tratamientos, principalmente en el caso de adictos, sin coberturas ni medios, con peligro para sí y para la sociedad.

Cada quien necesita una intervención distinta y el abordaje integral debe indudablemente incluir la contención a las familias. En más de una década, las mejoras que la ley entonces dictada proponía se toparon con el desfile de siete directores nacionales a cargo del área específica y un presupuesto insuficiente. Mientras tanto, las demoras –cuando no la falta de asistencia– para personas con trastornos mentales se traducen en su mayor deterioro, desafiando también la constancia y capacidad de sostenerlas de su círculo cercano. La salud mental debe ser prioridad en la agenda de cualquier gobierno. No podemos demorar este debate.