Un día antes de que el Título 42 saliera de vigencia, el 11 de mayo, Ron DeSantis firmó una ley para regular la inmigración que encendió el temor de muchas personas indocumentadas que hacen vida dentro de Florida. Como parte de una batería de normas dictadas previo a su lanzamiento como precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en 2024, el gobernador dictó la CS/SB 1718.

La preocupación de los inmigrantes aumenta conforme se acerca el 1° de julio, fecha en que la norma entrará en vigencia y que acarrea, entre otras cosas, penas de prisión para aquellos que trasladen inmigrantes dentro del estado y multas para aquellos que contraten en sus empresas personas sin documentos.

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Tal es la conmoción que esta norma ha despertado, tanto en Florida como en el resto del país, que la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, por sus siglas en inglés), la más antigua del país, alertó acerca de los peligros de visitar el estado sureño tras la aprobación de la ley.

Además de las sanciones que se establecen para los empleadores y sus empleados, la CS/SB 1718 le otorga a DeSantis un presupuesto de 12 millones de dólares para activar iniciativas de reubicación de migrantes en otros estados, muy similar al polémico traslado de personas el año pasado a Martha’s Vineyard.

En diálogo con LA NACION, Andrés Echevarría, socio del estudio jurídico internacional Vivanco & Vivanco, analizó los principales supuestos de esta norma y sus consecuencias.

-¿Qué se espera a partir de la entrada en vigencia de la ley?

Es probable que esta ley sea desafiada en las cortes y seguramente se presenten demandas contra esta por inconstitucionalidad. Desde ya, genera mucho revuelo. La CS/SB 1718 afecta a empleadores, inmigrantes irregulares y también regulares. De acuerdo con el Instituto de Política Migratoria, en Estados Unidos hay cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados y en Florida viven muchos de ellos.

Un problema que se evidencia en Florida es que los empresarios no consiguen mano de obra, esto es, personal no calificado. Debido a esto, muchas veces contratan inmigrantes sin documentos y eso, bajo esta ley que propuso DeSantis, y que ya fue aprobada por el Senado del estado, impone sanciones muy graves, multas e incluso responsabilidad criminal, es decir, penal.

-¿Es esta la ley relacionada con inmigración más severa de Estados Unidos actualmente?

Se trata de una ley estatal, no federal, por lo que impacta solamente en Florida, pero sí es muy relevante porque en ese estado hay muchos inmigrantes, sobre todo de Latinoamérica. Como medida restrictiva no es tan severa en términos de lo que plantea, que es que no se contraten inmigrantes que no estén en regla, que en realidad es una norma lógica.

No obstante, se enfrenta a una realidad, que es que hay 11 millones de indocumentados y el gobierno federal no los deporta porque es un proceso que cuesta más o menos unos 8000 dólares. Muchas de las personas sin documentos trabajan e incluso pagan impuestos.

También existe una franja de prioridad de deportación, que abarca a las personas que no están documentadas, que ingresaron ilegalmente al país y además cometieron algún delito. Esas sí son susceptibles de ser expulsadas, pero luego, a la mayoría de los inmigrantes les aplican el prosecutorial discretion, es decir, el Estado tiene la discrecionalidad para hacerles una persecución fiscal. No son deportados por decisión del Estado, porque cuesta dinero y de alguna manera les beneficia que estén ahí.

Entonces, como ley no es tan severa, porque no se plantea nada muy descabellado, sino regularidad en las personas que se contratan en Estados Unidos y que los empleadores, cuando contratan a alguien, tienen que registrarlo en un sistema que se llama E-Verify, que ya existía, pero ahora los requisitos son un poco más estrictos.

Luego, si se detecta que el dueño de algún negocio tiene empleados indocumentados, se aplican multas muy altas y responsabilidad criminal. De esto, quizás lo más severo es la responsabilidad penal, y esto es algo que antes no estaba establecido para el empleador. Sin embargo, puede ser que esto último no prospere, ya que en una disputa judicial, puede que esta ley no avance.

Por otra parte, ya hubo leyes muy estrictas en Texas y Arizona, que son estados más tradicionales en cuanto a las políticas migratorias. En contraposición, están California o Nueva York, a los que se les conoce como “estados y ciudades santuario”, y que se refiere a jurisdicciones donde los inmigrantes que han ingresado de forma irregular tienen la vía un poco más fácil, ya que no están sujetos a muchas inspecciones o si los detectan, no pasa nada, pero en otros estados sí.

-¿Cuáles son los aspectos más importantes de esta ley?

En primer lugar, las obligaciones de cumplimiento que tienen los empleadores, que deben registrar a todos sus empleados, nacionales y extranjeros en el E-Verify y cumplir con el formulario I-9. Además, están sujetos a inspecciones.

En el caso de detectar empleados indocumentados en el lugar de trabajo, habrá sanciones. Eso es lo más importante, porque afecta tanto a las empresas como a los empleados. En el caso de las primeras, pueden ser sancionadas, mientras que los segundos podrían ser detectados como inmigrantes indocumentados e iniciarles el proceso de deportación.

A veces, el mismo estado de Florida puede identificar a una persona como indocumentada y enviarla a un centro de detención.

-¿Qué tipo de sanciones establece la ley?

La ley en sí misma no establece penas para los inmigrantes porque eso es de jurisdicción federal. Lo que sí puede suceder es que, cuando a raíz de la operatividad de esta ley estatal se detectan inmigrantes que están en una situación irregular, se le puede dar intervención a agencias federales como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) o Uscis (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) y que ejercen el control de permanencia migratoria, por lo que están facultados para trasladar a una persona y ponerla en un centro de detención.

-¿Qué pasa si una persona traslada a un familiar indocumentado dentro de Florida?

Siempre que haya un inmigrante indocumentado, esa persona está en riesgo de que sea detenida, enviada a un centro de atención y deportada. Eso puede pasar en cualquier momento. No ocurre en muchos casos porque hay una decisión del estado de no actuar, pero puede suceder.

Lo que sí contempla la ley es el traslado de indocumentados, y quien lo hace puede estar sujeto a responsabilidad civil o penal. Con ello se trata de combatir el contrabando de personas y la trata. Hay una problemática importante en torno a esto, ya que hay personas que trasladan a su familia que quizá esté indocumentada y algunos son ciudadanos americanos que nacieron en Estados Unidos y sus padres vinieron de forma ilegal hace dos décadas.

El tema es que esa persona está sujeta a la misma ley que un contrabandista.

-Tras el fin de la aplicación del Título 42, que restringía la migración por razones de salud pública en virtud del Covid-19, ¿son las políticas del presidente Joe Biden las más restrictivas hasta ahora?

Es muy interesante ver cómo se va manejando la política económica, que va en forma pendular según el gobierno, sea republicano o demócrata. Por lo general, los primeros son más conservadores o restrictivos, mientras que los segundos son más abiertos.

Pero cuando empezó el gobierno de Barack Obama se empezaron a implementar medidas restrictivas para la inmigración, porque había mucha gente que estaba entrando al país. Aun cuando se trató de una administración demócrata, estuvo orientado hacia las prohibiciones en esa materia.

Desde Obama (2009-2013 y 2013-2017) hasta ahora, las medidas siempre han sido restrictivas. También con Donald Trump y Biden, que hasta ahora no hizo nada para flexibilizarlas, más allá de que eso fue parte de su plataforma de campaña.

-En una eventual victoria de Ron DeSantis como presidente de Estados Unidos en 2024, ¿podría promover normas de inmigración como la que promulgó en su segundo mandato como gobernador de Florida?

DeSantis tiene una visión muy restrictiva de la inmigración. Como gobernador impulsa leyes que solo afectan a Florida, pero como presidente podría tener influencia sobre las políticas migratorias.

El Poder Ejecutivo lo que puede hacer es limitarlo mediante la restricción de políticas, pero no puede cambiar la ley porque eso es facultad del Poder Legislativo, pero sí puede hacer los procesos más difíciles, más lentos y esa es una forma de reducir la inmigración.

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-Si la nueva ley de inmigración de Florida no es tan severa, si se compara con otras, ¿por qué se planteó inicialmente de esa manera?

La ley tiene un objetivo que es crear un shock mediático. Además, es una norma que viene en respuesta a la eliminación del Título 42. Entonces, hay un gobierno demócrata que tomó unas medidas que, en principio y técnicamente eran de flexibilidad migratoria. Ahora que se extinguió, las personas pueden presentarse en la frontera para pedir asilo en una forma un poco menos riesgosa de ser deportados rápidamente. No es casualidad que DeSantis firmara esta ley la misma semana en que el Título 42 llegó a su fin.