Los jueces de la Cámara Federal de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña revocaron los sobreseimientos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, de su hijo, Máximo Kirchner, y de otros 24 acusados en el caso Hotesur-Los Sauces con un argumento central: el tribunal oral que en lugar de juzgarlos cerró la causa no esgrimió ninguna “prueba nueva” que justificara una decisión semejante.

La regla es que una vez que el caso transitó toda la etapa de instrucción y llegó al tribunal oral, el juicio debe hacerse. Pero el Código Procesal Penal admite, como excepción, que los jueces sobresean a un acusado “cuando por nuevas pruebas resulte evidente que el imputado obró en estado de inimputabilidad o exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal y para comprobarla no sea necesario el debate”. La razón es evitar un juicio que es evidentemente innecesario.

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Petrone y su colega Barroetaveña -que adhirió al fallo de Petrone con algunas consideraciones propias- sostuvieron que los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner y a los demás acusados lo hicieron basados en dos elementos que no son “pruebas”: los requerimientos de elevación a juicio de dos casos vinculados, la causa Vialidad (en la que finalmente la vicepresidenta fue condenada el año pasado) y el caso Oil Combustibles (en el que fueron absueltos los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa; y fue condenado el exfuncionario Ricardo Echegaray). El caso Hotesur-Los Sauces investiga los supuestos “retornos” que los empresarios habrían pagado a los Kirchner por los beneficios ilegales que se investigan en esas otras causas.

Los camaristas afirmaron que el requerimiento de elevación a juicio es la acusación que hace la fiscalía, no una “prueba” y que el propio tribunal oral admitió que su argumento tenía una falla cuando escribió que estos nuevos elementos “aun cuando puedan, o no, ser tildados de estrictamente ‘probatorios’, sí han de resultar determinantes para la decisión que se habrá de tomar”.

Según Petrone, los jueces no explicaron por qué, incluso reconociendo esto, se apartaban de la regla, que era que el juicio se hiciera. Sostuvo que ni siquiera las defensas habían considerado que los requerimientos fiscales justificaran los sobreseimientos y que lo que ellas había alegado era que había un adelanto de un peritaje de la Corte que imponía poner fin al proceso.

Para Petrone, lo que hicieron los jueces del tribunal oral Daniel Obligado y Adrián Grünberg contradice “no solo las reglas de la sana crítica, sino del debido proceso y desnaturaliza la instancia en la que se encuentra la causa”.

En el mismo sentido, Barroetaveña afirmó: “Evitar la realización del juicio, sustituyéndolo por una solución anticipada, debe ser una decisión verdaderamente excepcional y en los casos que estrictamente se ajusten a la norma en trato, so riesgo de violar la garantía del debido proceso penal”, violación que, a su juicio, se cometió en este caso.

Para Barroetaveña, los jueces del tribunal oral cerraron el caso “otorgándole a los requerimientos de elevación a juicio, de manera caprichosa, la calidad de dirimentes cuando aquéllos no solo no poseen naturaleza probatoria sino que tampoco eran datos nuevos porque ya se encontraban agregados al momento de recibir las actuaciones en el tribunal”.

Otro argumento de Petrone y Barroetaveña fue que el fallo del tribunal citó como antecedentes otros fallos pero en todas esas sentencias anteriores, la fiscalía había pedido el sobreseimiento, cuando acá ocurrió lo contrario.

“Florencia Kirchner, nacida el 6 de julio de 1990, al momento de conformación de la organización en cuestión, tenía doce años y habría sido incorporada a la asociación con posterioridad al fallecimiento de su progenitor, ocurrido el 27 de octubre de 2010″, relató Petrone en su voto.

Este magistrado destacó además que “la asociación de la que Florencia Kirchner habría formado parte se habría conformado cuando aquella era una niña y al momento de su ingreso -tras el fallecimiento de su padre- las operaciones objetadas que se le atribuyen a esa organización ya se encontraban consolidadas, con su madre y hermano mayor con roles preponderantes, en un contexto donde el peso de la autoridad familiar no podía serle indiferente”.

Petrone afirmó además que estaba clara la “ajenidad” de la hija de la vicepresidenta “al desempeño en cargos públicos” -algo que la diferencia no solo de sus padres sino también de su hermano- y al mundo “empresarial”, circunstancias a las que se suman -afirmó el magistrado- “los lazos de afecto y confianza en juego, todos ellos datos objetivos evidentes de su historia vital, por lo que aparece en forma cierta, en definitiva, el condicionamiento que a su autonomía personal significaba el entorno donde transitaba su vida de relación”.

Por todos estos argumentos, Petrone dijo que es no se le podía “exigir” una conducta distinta. Y subrayó que el rol de Florencia Kirchner “habría sido definido, siempre a modo de hipótesis, por otras personas que, además, mantenían con ella una relación asimétrica, puesto que se trataba, en parte, de sus progenitores y de su hermano mayor, lo que de por sí los colocaba en una situación de autoridad”.

Barroetaveña coincidió, pero añadió un factor extra al que Petrone no aludió: la salud de Florencia Kirchner. “Entendemos que bajo las circunstancias apuntadas precedentemente, prolongar el proceso implicaría una afectación injustificada de la imputada que excedería la mera incertidumbre que todo proceso penal de por sí trae aparejada hasta el dictado de la sentencia, esto máxime si se repara en los padecimientos a la salud de Florencia Kirchner que han sido probados a lo largo del proceso”, dijo Barroetaveña.

Los dos jueces afirmaron que pese a que la menor de los Kirchner no será juzgada, no se levantarán los embargos sobre sus bienes porque “el origen de los fondos” sigue estando bajo sospecha. Son 4.664.000 dólares encontrados en una caja de seguridad, y 1.032.144,91 dólares y 53.280,24 pesos, en cajas de ahorros, embargados desde 2016.

La defensa de Florencia alegó que esos bienes estaban declarados, pero en el fallo de la Casación se recordó que “los fiscales destacaron que resultaba irrelevante para su pretensión que los fondos estuviesen debidamente declarados, ya que lo importante a tener en cuenta era su origen”.

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Petrone y Barroetaveña decidieron además “apartar a los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg”, que habían dictado los sobreseimientos. Afirmaron que se daba un caso de “prejuzgamiento que quebró la imparcialidad como garantía para las partes del proceso”.

Ninguna alusión hay en el fallo de la Casación a la situación de Ana María Figueroa, que hasta el mes pasado integró este tribunal con Barroetaveña y Petrone. La Corte Suprema declaró que ella dejó de ser magistrada el 9 de agosto, el día que cumplió 75 años sin haber obtenido un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en el cargo. Ella sostenía que correspondía esperar el nuevo aval del Congreso, que era impulsado por el Gobierno.