Si bien tendrán la desventaja de un aumento de la inflación, mayores costos para importar y cierto descontento por la mayor presión fiscal en algunos sectores, el nuevo paquete de medidas anunciado por el Gobierno podría, según estimaciones de los especialistas, ayudar a acercarse al déficit fiscal pactado para este año con el FMI; es decir, 1,9%% del producto bruto interno (PBI). Eso sí, siempre y cuando también se contengan las erogaciones del Estado con un torniquete mayor al aplicado hasta ahora.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) sustenta este pronóstico. “Si el reciente paquete de medidas aportase 0,8% del PBI de recursos extras en lo que resta del año, el déficit primario de 2023 podría ser de 2% del PBI”, estimó el economista Nadin Argañaraz, director del Iaraf.

Según el trabajo mencionado, las recientes medidas anunciadas podrían, tomando en cuenta las cifras que habrían surgido de cálculos del Gobierno para impuesto PAIS y dólar agro (0,8% del PBI) más el anticipo extra de ganancias, aportar ingresos extras al tesoro por 0,9% del PBI.

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Esto, señaló Argañaraz, llevaría la caída de ingresos por la sequía a solo 0,2 puntos porcentuales (p.p.) del PBI. “Además, si el Gobierno mantiene durante todo el año la reducción real del gasto, el gasto primario terminaría en 19,8% del PBI, 0,5 p.p. menor al de 2022. De la conjunción de ingresos y gastos, surge que el déficit primario posible sería de 2,03% del PBI, registrándose una merma de 0,34 puntos porcentuales respecto al de 2022, que fue de 2,37%”, precisó el especialista.

En cuanto a lo que esto significa en materia de presión tributaria, Argañaraz explicó que la obtención por parte del sector público nacional de un excedente de ingresos de 0,9 p.p. del PBI, se relacionaría con un aumento de la presión tributaria nacional de 1,1 p.p. del PBI. “De esta forma, la presión tributaria nacional efectiva de 2023 podría terminar en igual nivel que la de 2022″, concluyó el economista.

El economista Matías de Luca, de la consultora LCG, opinó que las últimas medidas le van a dar al Gobierno ingresos adicionales un poco por debajo de medio punto del PBI. “Nuestra proyección original era que se iba a terminar el año con un déficit de 2,7% del PBI y con esta mejora se acerca bastante, creemos que quedará en 2,3%. Después, ya será decisión de Massa si quiere ajustar un poco más y llegar a la meta del 1,9%, en un segundo semestre que siempre es más exigido que el primero e materia fiscal”, opinó.

De todos modos, como deslizan los analistas consultados, las nuevas medidas por sí solas no alcanzarán a cumplir la meta con el FMI, si no se acompañan con un mayor ajuste del gasto público. Un informe de la consultora Ecolatina advierte que, más allá de los beneficios fiscales que traerán aparejadas estas medidas (mayor recaudación por importaciones), las autoridades deberán profundizar el ajuste real sobre el gasto público en la segunda mitad del año. Para ello, será clave la contención del gasto social frente a unos ingresos sumamente deteriorados, lo cual no será nada sencillo en el marco de las elecciones presidenciales”, se indicó.

En este sentido, Santiago Manoukian, economista de Ecolatina, dijo que la ratificación de la meta fiscal (en 1,9% del PBI) también sería relevante, ya que implicaría corregir el desvío acumulado en la segunda mitad del año. “Esta señal limitaría aún más el despliegue de una política fiscal expansiva en los próximos meses, lo cual es indicativo del esfuerzo relativo que el Gobierno estaría dispuesto a realizar para no conceder cambios en la política cambiaria, al tiempo que la mayor astringencia que la misma generaría también ayudaría a señalizar al mercado el compromiso con el sostenimiento del crawling peg en los próximos meses”, concluyó.

Claro que un mayor recorte del gasto no será fácil. El último informe de LCG aludió a esa dificultad. “Cualquier decisión de avanzar en correcciones a menos de un mes de las elecciones será criticado por la oposición y por el sector más alineado a Grabois, dejando a Massa en una situación incómoda. Eso hace más difícil de procesar la implementación de un ajuste debido a que no contará con el consenso político necesario”, se señaló.