Las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la ciudad están cerradas por un conflicto entre los trabajadores y las empresas concesionarias que realizan las inspecciones de todos los automóviles porteños. La situación se generó luego de implementarse los cambios en el sistema, propuestos por el Gobierno, que estiró los plazos anuales para los controles de los rodados y generó una caída en la cantidad de verificaciones.

El conflicto llegó a un punto de difícil retorno y solo se destrabaría cuando se dicte la conciliación obligatoria, algo que podría suceder en las próximas horas o días. Mientras tanto, los turnos están siendo reprogramados y se está contactando a los usuarios para evitar que se dirijan a las plantas y encuentren las persianas cerradas.

Desde el mes pasado comenzaron a aplicarse los cambios en el sistema de la VTV que había anunciado Horacio Rodríguez Larreta tiempo atrás. La modificación vuelve obligatorio el trámite para todos aquellos vehículos con cuatro años de antigüedad o con 80.000 kilómetros para repetirlo, hasta el octavo año, en forma bianual y luego de ese período, todos los años. Anteriormente los vehículos con hasta tres años de antigüedad o 60.000 kilómetros debían hacer la VTV y luego de ese período, repetirlo todos los años.

Desde el sector empresarial sostienen que los cambios provocaron una caída de hasta el 22% en la cantidad de verificaciones lo que les genera un impacto negativo y “la necesidad de analizar recortes o las suspensiones de los contratos temporales”, según explicó una fuente cercana a los concesionarios.

Para el Gobierno, la situación no es tan extrema y los números analizados por los empresarios “son muy primarios” ya que se están haciendo análisis oficiales para una medida que recién tiene un mes de aplicada. “Apostamos a un equilibrio del sistema y por eso ofrecemos medidas puntuales y temporales hasta tanto se defina si habrá un impacto en los trabajadores”, explican desde la ciudad.

Las medidas propuestas por la Ciudad fueron suspender el canon que las plantas verificadoras deben pagar al Gobierno en forma anual, mejorar la comunicación para que los conductores que tienen que realizar la VTV se presenten en las plantas y suspender el pago de las cargas sociales de los empleados en el marco de la Ley de Trabajo.

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) tiene participación en la negociación, pero ni el gremio ni las empresas dieron una respuesta a la Ciudad. Se espera, entonces, que el Ministerio de Trabajo de Nación dicte la conciliación obligatoria para destrabar el conflicto. SMATA no respondió las consultas de LA NACION.

Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas también recordaron que todos los vehículos que tienen una oblea correspondiente a 2022 deben pasar por una planta de VTV y, si cumplen con los requisitos de antigüedad o kilómetros, recién después de la verificación recibirán la autorización para volver en 2025. “Los únicos conductores que están exceptuados de hacerla son aquellos que tienen un vehículo con menos de cuatro años de antigüedad”, refuerzan.

La VTV se implementó en 2016 y esta es la primera vez que las plantas están cerradas por un conflicto gremial y empresarial. Ayer muchos conductores que aún no habían sido notificados del problema se acercaban a los predios y encontraban los predios cerrados con algunos carteles improvisados que explicaban la situación.

En siete años ya se realizaron más de 4.200.000 de verificaciones de las cuales 3.368.248 (80,2%) fueron aprobadas, es decir, vehículos en condiciones de circular, 457.218 (10,9%) se rechazaron y 374.623 (8,9%) recibieron una autorización condicional. Entre las causas más habituales de los rechazos se encuentran los problemas en las luces (30,15%), los frenos (17,04%), los neumáticos (15,40%) y la contaminación sonora o de gases (15,04%). El costo de la VTV es de $9.296 para los autos y $3495 las motos; circular sin la verificación puede costar una infracción de $41.168 (o el equivalente a 400 Unidades Fijas).

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