La Cámara de Apelaciones en lo Penal platense rechazó el pedido de excarcelación del concejal Facundo Albini y de su padre, Claudio, en la investigación penal que los tiene como acusados de defraudar más de $800 millones al Estado bonaerense con una red de “ñoquis” y “prestanombres” que funciona en la Legislatura bonaerense desde hace años.

La Sala III de la Cámara consideró que existen “riesgos procesales” de que los Albini intenten escaparse, amedrenten testigos o destruyan evidencias si recuperan la libertad, por lo que continuarán detenidos en la Alcaldía Departamental “Roberto Pettinato”, en las afueras de esta ciudad, al igual que Julio “Chocolate” Rigau.

Los camaristas apoyaron así la posición de la fiscal Betina Lacki y del juez de Garantías, Guillermo Atencio, quienes habían rechazado excarcelar a los Albini. Sostuvieron que “la afirmación incontrovertida” en la investigación es que los Albini “eran a quienes se les debía rendir cuentas de la recaudación” delictiva que llevó adelante “Chocolate” Rigau en diversos cajeros automáticos de La Plata con 48 tarjetas de débito de personas.

La decisión de la Cámara de Apelaciones representó un nuevo traspié para los Albini, quienes habían planteado que la acusación penal debía encuadrarse como una presunta defraudación a las arcas públicas, en vez de investigarse la supuesta conformación de una asociación ilícita, replanteo que les permitiría continuar el proceso penal en libertad.

Las detenciones de 15 de los titulares de las tarjetas de débito y, en particular, de los Albini puso en alerta a dirigentes de Unión por la Patria –en particular, del Frente Renovador, con Rubén Eslaiman a la cabeza-, de Juntos por el Cambio –entre ellos, el vicepresidente de la Cámara, Adrián Urreli, y el jefe del bloque, Maximiliano Abad-, y de La Libertad Avanza, según reconstruyó LA NACION, interesados en evitar que la investigación avance hacia los eslabones superiores de responsabilidad.

En ese sentido, junto a los Albini indicaron a LA NACION, la semana pasada, que habían registrado intentos de enviarles mensajes de solidaridad y apoyo, además de pedirles que actuaran con “mesura”. “En la práctica, no les ofrecieron ni un vaso de agua”, indicó un allegado a Claudio Albini, subdirector de Personal de la Cámara de Diputados, y a su hijo, concejal en uso de licencia.

Los emisarios de la Legislatura concentraron sus esfuerzos en Facundo Albini, quien al ser indagado por la fiscal Lacki afirmó que quiere declarar en cuanto así lo dispongan sus abogados, una vez terminen de revisar toda la prueba acumulada en su contra, en línea con lo que dijo a LA NACION minutos antes de ser esposado por la Policía bonaerense, el 22 de noviembre pasado.

“La Justicia tiene que ir para arriba”, indicó entonces, antes de descartar que él o su padre o el actual director de Personal de la Cámara, Pablo Parente fueran los responsables de lo ocurrido. “Parente no es el que pide que se designe a un empleado –explicó-, ni el que decide a quién se contrata. Tienen que buscar quién dijo ‘quiero designar a este o a este otro’. No hay que buscar al que firma, sino al que pide”.

En ese sentido, la fiscal Lacki requirió a la Legislatura bonaerense que entregue toda la información que tengan sobre cada uno de los supuestos empleados cuyos salarios cobraba “Chocolate” Rigau, como también requirió al Banco Provincia datos adicionales sobre quiénes retiraron dinero de cajeros contiguos a los que usó Rigau.

La Fiscalía trabaja con la convicción de que “Chocolate” Rigau y los Albini son apenas dos eslabones de un entramado mucho más amplio que abarca a más “ñoquis” y “prestanombres”, más “chocolates” y más intermediarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerenses, ya sea para el enriquecimiento ilícito de legisladores como para el financiamiento de campañas electorales de uno o más espacios políticos.