“No tenemos derecho a rendirnos, no es imposible trabajar la cultura de la integridad en nuestro país”. Con esta afirmación, Juan Vaquer, integrante del Consejo Asesor del AmCham Business Ethics & Transparency Institute, dio fin a una jornada en la que tomó protagonismo una agenda de integridad. Para esto, desafió a cada una de las organizaciones a que “refleje el país que queremos tener”.

El cuarto encuentro organizado por AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, llamado AmCham Ethics & Transparency Forum, tuvo una consigna: “Construyendo una cultura de transparencia”. En el hotel Sheraton se reunieron más de 200 participantes durante una mañana en la que la conversación giró en torno a la ética y los negocios.

A 40 años de democracia ininterrumpida en el país “y en un contexto político complejo donde se espera la segunda vuelta para elegir presidente”, difundió la entidad, la Cámara realizó una serie de encuestas en sus redes sociales durante el mes de octubre.

El 72% de los consultados afirmó que las elecciones periódicas no son suficientes para garantizar sociedades democráticas, mientras que el 19% cree que sí lo son. En materia de ética y transparencia, el 92% de los participantes asegura que existe una relación entre estos valores y el desarrollo económico de un país.

Cuando se les indagó sobre el acceso a la información pública, el 37% sostuvo haberla solicitado en algún momento, el 53% afirmó estar al tanto de ese derecho, pero no haberlo utilizado, mientras que el 10% restante lo desconoce.

Abrió la jornada Néstor García, CEO de KPMG, miembro del board de la Cámara y presidente del AmCham Business Ethics & Transparency Institute, y dijo que “la transparencia no es solo hablar de anticorrupción sino también de diversidad, de derechos humanos, de integridad, entre otras cuestiones”. Recomendó que el sector público, privado y sociedad civil trabaje conjuntamente en una agenda de integridad.

Claudio Tomasi, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina, mencionó uno de los objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030: “El involucramiento de las empresas en crear y promover una cultura empresarial basada en la ética y la transparencia, allana el camino y produce beneficios para la sostenibilidad económica ambiental y social, tanto para la empresa como sus grupos de interés”.

Para la OCDE, la corrupción obstaculiza la productividad del sector público y privado. Perpetúa la desigualdad y la pobreza, afectando el bienestar y la distribución de los ingresos y socavando las oportunidades de participar por igual en la vida social, económica y política

En el marco de la charla “La justicia desde una perspectiva federal”, Inés Weinberg de Roca, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dijo que “la Justicia esta bastante vapuleada como todas las instituciones de la Argentina. Están muy débiles, con una vicepresidenta que, si no obtiene lo que quiere, pide juicio político a la Corte. Esto no ayuda a que haya una confianza en la Justicia, cuando la misma política propuso en los últimos años a los jueces”. Junto a Domingo Juan Sesín, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, coincidieron en el “valor de la independencia del Poder Judicial” y en la importancia de que “los jueces no dependan de un partido político de turno”.

Cinthia Martínez, Latin America South Cluster Sanctions Head, Citi, dio detalles sobre la implicancia de la compleja geopolítca en el trabajo que llevan adelante los bancos. “Las sanciones a Rusia fueron muy novedosas, porque se emitieron con un volumen no visto antes y de una manera muy veloz”, explicó. “Se hicieron de manera coordinada por distintos reguladores, entre ellos de Estados Unidos, UE y UK, y fueron de implementación inmediata”. Así, se pasó de 2600 sancionados a 180.00 en el listado entre entidades bancos, personas, barcos...” Contó que por primera vez en la lista de corrupción la cantidad de sancionados supero a los de narcotráfico.

Por otro lado, la cadena de valor es tan importante como el negocio in company. Mariana Idrogo, socia fundadora deG5 Integritas International, recordó que ya hace cinco años que la Argentina cuenta con la ley 27401, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en temas de corrupción. En ella se establece que las empresas también deben rendir cuentas por las acciones de sus proveedores.

Federico Vielmi, Latin America Compliance Director de Ford, explicó cómo la compañía gestiona el trato con terceros. “Se trata de tener partners, socios y proveedores con valores similares. Una de las herramientas que tenemos es un código de conducta. También les pedimos que realicen una autoevaluación que luego pasa por un proceso de auditoría”, dijo. “Se hace due diligence de cada uno para saber si la autoevaluación es objetiva y el proceso se renueva cada tres años”, afirmó. La compañía también tiene un algoritmo basado en riesgo.

Como responsable de compliance en la región, aseguró que “se pueden tener un montón de elementos en un programa de compliance, pero hay que hacer un assessment permanente, estar cerca de los riesgos y anticiparse a ellos. Entendemos que no solo tenemos proveedores grandes internacionales, sino también y pymes que les resulta costoso cumplir con todo lo que les pedimos. Pero es importante ser transparentes con los proveedores, y también que tengan la posibilidad de hacer denuncias”, aseguró.

María Barón, directora ejecutiva global de la Fundación Directorio Legislativo, hizo referencia a las recomendaciones de la OCDE para afirmar la integridad pública-privada. En este sentido, la entidad difunde que “la corrupción obstaculiza la productividad del sector público y privado. Perpetúa la desigualdad y la pobreza, afectando el bienestar y la distribución de los ingresos y socavando las oportunidades de participar por igual en la vida social, económica y política”.

Barón dijo que “hay una necesidad de generar una batería de normativas que rodee la integridad. La normativa que tenemos está desperdigada, y necesita más profundidad y claridad. A la normativa sobre la transparencia, integridad y corrupción le falta evaluación e implementación”.

La especialista aseguró que se necesita regular, entre otras cosas, el conflicto de intereses, porque “tenemos normativa pero es muy simple”. Otro elemento es regular la difusión de declaraciones juradas patrimoniales “no tenemos la revisión de esos documentos por parte del Estado”, aseguró. También habló sobre viajes, obsequios, “tenemos normativas en el ejecutivo más que en el legislativo. Se necesita saber quién paga esos viajes”, agregó.

Recomendó el refuerzo de las agendas abiertas, el motivo de las reuniones de los funcionarios. “Esa relación, que queremos ver, entre los externos con los funcionarios, no puede esclarecerse. Por último, se necesita el registro de lobbistas y cabilderos”, sentenció.

Karina Banfi, diputada nacional, dijo que “la motivación para que haya una agenda de integridad es la participación ciudadana. La Ley de acceso a la información pública se usa bastante desde su implementación hace 5 años, pero falta el proceso de fortalecimiento en el cumplimiento de la ley. Si se da la información a medias, el ciudadano tiene la posibilidad de recusar al funcionario sobre la falta de cumplimiento de la ley. La participación ciudadana y de la sociedad civil es fundamental”. ¿Cuáles son los incentivos del funcionario público para llevar adelante políticas de integridad? “Ser mas transparente te da mas seguridad en relación a que te vuelvan a votar aunque en la Argentina esto no está funcionando”, dijo la diputada. “Si se fortalecen las instituciones que hagan probos a los funcionarios públicos vamos a mejorar la calidad política”, finalizó.